Dos gobernadores, un conflicto de interés

Los límites entre el regalo y el soborno.

Ilustración Chop Suey

Lo legal y lo legítimo no siempre van de la mano. ¿En dónde están los límites cuando un gobernador recibe un regalo de un empresario, y este actúa de manera favorable hacia alguna de sus empresas? Este hecho encuadra perfectamente en las definiciones clásicas de soborno* y sin embargo la experiencia nos muestra lo complicado que es perseguir ese delito. Para ejemplificar esto, veamos un caso que sucedió en Estados Unidos, y otro en Jalisco.

Cuando Robert McDonnell fue gobernador del estado de Virginia en Estados Unidos, tuvo una relación especial con el empresario de la industria de los suplementos alimenticios, Jonnie Williams. En total recibió alrededor de 175,000 dólares en regalos, entre los que se encuentra un reloj Rolex con valor de 6,500 dólares, y 15,000 dólares en gastos de catering en la boda de su hija. Por su parte, McDonnell “facilitó” reuniones entre políticos y servidores públicos de alto nivel con Williams, y permitió el uso de su residencia oficial como gobernador para eventos de la compañía de Williams.

En otras latitudes, a inicios de este año, el gobernador de Jalisco estuvo involucrado en un escándalo relacionado con uno de los programas estelares de su administración llamado “A Toda Máquina”. Usuarios en las redes sociales que veían el partido de basketball de los Lakers de Los Ángeles, el 28 de febrero de este año, notaron que en primera fila se encontraba el gobernador Enrique Alfaro acompañado, entre otros, por la diputada Mirza Flores (presidenta de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción), y el empresario Guillermo Romo. Al ser cuestionados, el gobernador Alfaro señaló que un amigo le consiguió los boletos y él después los pagó con su dinero, mientras que la diputada Flores mencionó que un empresario tequilero (la familia de Guillermo Romo se dedicó a la industria del tequila) les regaló las entradas.

Nunca hubiéramos sabido cómo fue que consiguieron esos lugares privilegiados para ver el partido, si no es porque la periodista Sonia Serrano publicó en el diario NTR Guadalajara, una investigación en la que se daba a conocer que apenas dos semanas antes de que se diera a conocer la historia de Enrique Alfaro y Guillermo Romo en el partido de los Lakers, el gobierno de Jalisco contrató un arrendamiento por más de 3,600 millones de pesos de una empresa propiedad de Romo (Operadora de Servicios MEGA) para un programa (“A Toda Máquina”) que busca dotar a los distintos municipios del estado de maquinaria para el impulso del campo. 

El resultado de ambos casos nos muestra lo complejo que es perseguir los evidentes conflictos de interés. En el caso de McDonnell, la justicia estadounidense buscó llevarlo a prisión por delitos de soborno, pero el caso escaló y llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. Al final, esta instancia judicial determinó que no era posible ligar el hecho de la entrega de estos regalos a una actuación preferente por parte de McDonnell. Esta resolución no fue exenta de críticas por parte de la prensa estadounidense; en The New Yorker la calificaron como que la Suprema Corte estaba legalizando la corrupción  y por su parte el Washington Post criticó los blandos estándares sobre corrupción de la Suprema Corte.

Sin embargo, algo en lo que sí ayudó este escándalo fue a tener estándares más altos en la declaración de conflictos de interés en Virginia. El poder legislativo de ese estado limitó los regalos que los políticos pueden recibir de cabilderos y empresarios a 100 dólares, entre otros cambios encaminados hacia una mejor rendición de cuentas.

Mientras tanto en Jalisco, la Contraloría del Estado encontró que cuatro servidores públicos cometieron faltas administrativas graves, y envió el expediente del caso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su análisis y determinación de las sanciones correspondientes. Sin embargo, se trata de servidores públicos de bajo o mediano nivel. Pareciera que las leyes que tenemos son insuficientes para sancionar a aquellos que están más arriba en la jerarquía gubernamental. Cabe mencionar que las sanciones se centran en irregularidades a la hora de armar la licitación, y no en el posible conflicto de interés que representa otorgar regalos a un gobernador y otros servidores públicos, en la víspera de una de las licitaciones más importantes del estado.

A pesar de este avance, el gobernador Alfaro sigue sin aceptar públicamente la irregularidad de su actuar, y los diputados siguen sin encontrar cómo limitar los conflictos de interés a raíz de un escándalo público. El nuevo Código de Ética para servidores públicos que presentó la Contraloría del Estado este año es muy laxo en cuanto a este tema y no tiene mecanismos claros de sanción.

Que nos sirva la experiencia de Virginia para transitar de tener escándalos que nos indignan por unas semanas a tener garantías para que no se vuelvan a repetir los conflictos de interés en el futuro.

*La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción lo define el soborno en su artículo 15 como “la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales”.


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Álvaro Quintero

Álvaro Quintero es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO. Es integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Actualmente estudia una maestría en Corrupción y Gobernanza en la Universidad de Sussex, en Reino Unido.