Sigan el dinero

Recuperar dinero es combatir la corrupción.


Ilustración de Chop Suey

La caza de funcionarios por delitos relacionados a la corrupción al inicio de un nuevo sexenio pareciera ser ya una tradición de la política mexicana. En su libro “Corrupción y política en el México contemporáneo”, Stephen D. Morris habla de ese curioso fenómeno en donde en el primer año del sexenio anuncian con bombo y platillo sus “campañas anticorrupción”,  meten a unos cuantos políticos que cayeron en desgracia del sexenio pasado a la cárcel, y todo sigue igual hasta llegar a la recta final del sexenio. No solo eso, los que gobiernan muchas veces aprovechan para hacerse de su parte. Morris habla del México de los años setenta, pero muchas cosas siguen vigentes casi 50 años después.

La constante, a pesar de los años de distancia, son ex servidores públicos cumpliendo su condena durante un tiempo tras las rejas, para luego regresar a su vida privada y disfrutar de los bienes que consiguieron a través del enriquecimiento ilícito. Enrique Peña Nieto fue por Elba Esther Gordillo, pero ¿qué pasó con el dinero desviado del sindicato? A Rosario Robles se le ha iniciado una investigación por el desvío de recursos públicos durante su gestión en la SEDATU y SEDESOL,  pero ¿se va a recuperar el dinero desviado? Además de la prevención, investigación y sanción, otro pilar que debiera tener una política de combate a la corrupción eficaz es el de la recuperación de activos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) juega un rol fundamental. Sin embargo, es fundamental que se privilegie la justicia frente a la tentación de convertirlo en un instrumento de presión política. Se especula que la renuncia del ministro Medina Mora a su cargo en la Suprema Corte se debió a ingresos irregulares que le detectó la UIF. No basta con su renuncia (y que ahora asuma su puesto una alta funcionaria del gobierno de López Obrador), si en verdad el ministro se enriqueció ilícitamente, se debe ejercer acción penal y trabajar en la recuperación de esos recursos.

A nivel local, sucede algo parecido con el caso del ex secretario de salud Antonio Cruces Mada. Aunque hay posibilidades de que llegue a prisión, es prioritario que, mediante un buen trabajo de inteligencia financiera, se recuperen los 605 millones de pesos que la Contraloría detectó como faltantes.

Está pendiente también la investigación y el efectivo procesamiento de aquellos funcionarios de la administración actual que hayan realizado actos de corrupción en esta u otras administraciones. Hoy sabemos, gracias a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que Manuel Bartlett tiene inmuebles que superan por mucho el sueldo que ha reportado percibir. Para poner un ejemplo, en 2015 se descubrió que el entonces vice primer ministro de Rusia, Igor Shuvalov, poseía un departamento en el centro de Londres valuado en 11.44 millones de libras (290 millones de pesos), que equivaldría a lo que tendría que ahorrar por 76 años de su sueldo como servidor público, sin considerar ningún gasto. Transparencia Internacional del Reino Unido ha solicitado que el gobierno de dicho país efectúe una “orden de riqueza inexplicable” para que se pueda procesar y asegurar el departamento que presumiblemente adquirió a través de prácticas corruptas. 

Con las reglas que existen actualmente en el Código Penal de Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción podría ejercer acción penal contra todos aquellos servidores públicos que se hayan enriquecido ilícitamente en los últimos 17 años y 6 meses. Un trabajo articulado del Comité Coordinador podría servir para buscar todas esas fugas de recursos públicos en Jalisco, desde 2002. 

Se tienen las herramientas para traer al terreno de las políticas de control de la corrupción modelos innovadores para detectar de mejor manera los enriquecimientos ilícitos. Podemos imaginar un sistema electrónico que sea utilizado por las contralorías para que los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Si se sincroniza con el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público del Comercio, se puede tener entonces un sistema que permita de manera prácticamente automática detectar focos rojos de servidores públicos que no declaren negocios o propiedades a su nombre, y de esta manera tener una lista de prioridades a investigar por posible enriquecimiento ilícito.

El viernes pasado quedó aprobado el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco para 2020. Todavía falta tener los documentos finales para hacer una evaluación más detallada, pero ya es posible observar que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción sufrió un recorte de alrededor de 10 millones de pesos. Son muchas las señales de que el gobernador Enrique Alfaro tiene dudas respecto a su funcionamiento, pero un plan de trabajo del Comité Coordinador con énfasis en la recuperación de activos, podrían convencer al gobierno del Estado que el sistema es altamente rentable, funcional y capaz.

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Álvaro Quintero

Álvaro Quintero es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO. Es integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Actualmente estudia una maestría en Corrupción y Gobernanza en la Universidad de Sussex, en Reino Unido.