Una lección de participación ciudadana desde Chihuahua

Las decisiones públicas a examen.

Ilustración de Chop Suey

El domingo 24 de noviembre se llevó a cabo un plebiscito en Chihuahua para consultarle a la ciudadanía algo muy sencillo: ¿se debía aceptar el proyecto de concesión y privatización del alumbrado público que planeaba realizar la alcaldesa Maru Campos? 

El proyecto Iluminemos Chihuahua, planteaba concesionar 15 años el alumbrado público del municipio por una cantidad de 6,200 millones de pesos. Debido a la gran cantidad de precedentes que hay de gobiernos que ceden lo público en beneficio de unos pocos, revisar una concesión con lupa en México, se vuelve ineludible. En este caso, la concesión era de “carro completo”. Es decir, una sola empresa responsable de sustituir luminarias, cambiar toda la infraestructura y proveer la energía eléctrica. La buena práctica internacional en las compras públicas recomienda no agrupar sino licitar cada componente de manera distinta para evitar tener licitaciones a la medida en beneficio de un solo proveedor. 

Es notable que se haya logrado poner a consulta esa decisión, en otras partes de México, administraciones municipales de todos los partidos han concesionado el alumbrado público, sin ofrecer las ventajas de lo que prometieron. Por ejemplo, en 2017 el entonces presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, entregó sin consultar el alumbrado en concesión a dos empresas*, a quienes se les pagará 213 millones de pesos cada año durante los 15 años que dura el contrato. Una decisión que no fue consultada a los ciudadanos. 

En cambio, en Chihuahua los ciudadanos pudieron dar su opinión y los resultados fueron contundentes: 26 mil personas votaron por avalar el proyecto de concesión de la alcaldesa, mientras que 35 mil personas, dijeron que no. En total, 62,058 chihuahuenses expresaron su opinión de acuerdo a las cifras preliminares del Instituto Electoral de esa entidad.

El número no es poca cosa, se trata del ejercicio de participación ciudadana más concurrido en nuestro país. Hace dos años en Guadalajara se le consultó a los ciudadanos si se construía una ciclovía sobre el boulevard Marcelino García Barragán y alrededor de 22 mil personas salieron a votar, de las cuales, 17 mil dijeron que sí al proyecto. Para ponerlo en contexto: Chihuahua, que tiene una población que es la quinta parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, tuvo una participación tres veces mayor. 

Pese a la elevada participación en Chihuahua, el 9 % del electorado acudió a ejercer su derecho a ser consultados, quedándose a un punto porcentual del umbral de participación necesario para que un plebiscito sea vinculante, de acuerdo a la ley de participación ciudadana de ese estado. Sin embargo, hay que reconocer que la alcaldesa Maru Campos entendió la voluntad democrática, y decidió cancelar el proyecto.

Esta experiencia nos debe servir para revisar la nueva ley de participación que entró en vigor en Jalisco este mismo año, que obliga a obtener una participación del 33% para que un plebiscito sea vinculante. Una cifra bastante elevada tomando los precedentes de participación en Jalisco y Chihuahua. Si se llegara a promover un plebiscito en el mediano plazo, es esperable que las autoridades sigan el ejemplo de la alcaldesa de Chihuahua y acaten los resultados, pensando que llevará tiempo aprender a lograr un nivel de participación que permita llegar a los altos umbrales de participación que marca la ley en estos momentos. La ventaja en Jalisco, es que hay autoridades encargadas de la participación ciudadana trabajando por mejorar, y abiertas a tener ejercicios como este. 

Lo que sucedió en Chihuahua no se puede entender sin el trabajo de WikiPolítica Chihuahua: insistieron para que su estado contara con una nueva ley de participación ciudadana, juntaron las firmas para que se llevara a cabo el plebiscito, sentaron a las autoridades municipales para que debatieran las implicaciones de la concesión, incentivaron la discusión pública y la participación, y se organizaron para verificar que durante el plebiscito no ocurrieran irregularidades electorales. Es una gran lección que nos han dado la sociedad civil organizada de que sí se puede incidir desde fuera de las instituciones para obligar a que los gobiernos respondan al escrutinio de la ciudadanía, y sobre todo que se fortalezcan las herramientas que les pueda poner un freno cuando quieran abusar del poder público. 

*CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. y LUX SYSTEMS S.A. DE C.V

Álvaro Quintero

Álvaro Quintero es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO. Es integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Actualmente estudia una maestría en Corrupción y Gobernanza en la Universidad de Sussex, en Reino Unido.