Acoso en los ayuntamientos

La denuncia pendiente al secretario general de Tototlán

El 16 de julio del 2020, Diana, una funcionaria pública del Ayuntamiento de Totolán en Jalisco, denunció por acoso ante la Contraloría a Efraín Martínez Íñiguez, director de padrón y licencias, pero no hubo sanción. De hecho, como dio cuenta Mural, el alcalde se involucró, justificó al funcionario y la violentó aún más. “Si él te hubiera violado y… hubiera habido cosas más delicadas ¡ay, no!, olvídate Dianita, mija con todo, pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues ¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?”, le dijo el edil a la víctima. 

La publicación del caso de Diana generó indignación al grado que el alcalde, Sergio Quezada Mendoza, renunció, aunque dijo fue por cuestiones de salud. Sin embargo, hasta la fecha no hay avances sobre el estatus del director de padrón y licencias y tampoco se ha hablado sobre la denuncia más reciente contra el secretario general del ayuntamiento. 

De acuerdo con información del municipio de Tototlán, cuatro meses después de la denuncia que puso Diana, otra funcionaria pública del área de seguridad pública denunció al secretario José Luis Álvarez Figueroa por acoso sexual. 

A diferencia de las dos denuncias que interpuso Diana y que fueron archivadas por falta de elementos, esta última que se registró el 26 de noviembre del 2020 aún sigue en proceso. Mientras, durante todo el año pasado, el funcionario cobró su salario de 10 mil 500 pesos, según información del ayuntamiento. Lo que no aclaró fue el estatus laboral de la víctima ya que para Laura Plascencia, abogada y especialista en temas de género, no sería novedad que la mujer viva represalias o miedo por alzar la voz.

“Por lo general quienes pagan los platos rotos con una doble criminalización son las mujeres que denuncian”. 

Esa puede ser una de las razones por las cuales las denuncias por acoso y hostigamiento sexual en los ayuntamientos son tan bajas y se cree que puede ser de al menos el doble por quienes no se atreven a denunciar. 

Al pedir información a los 125 municipios sobre las denuncias que tienen registradas, solo 31 respondieron; y de ellos solo cinco dijeron tener denuncias. 

En total, desde el 2019, los cinco municipios han acumulado 15 denuncias  de las cuales en solo cinco ocasiones hubo sanción. El resto fue archivada por falta de elementos, o la persona denunciada terminó su relación laboral antes de tiempo o sigue en proceso. Esto significa un 66.6% de impunidad, más de la mitad. 

Los municipios con más denuncias fueron Guadalajara y Tlajomulco con cuatro cada uno, pero hubo municipios de la Zona Metropolitana que fueron omisos a la transparencia de información como Tonalá y Tlaquepaque.

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“¿Estaré exagerando?”

El miedo a la denuncia se combina con la opacidad y la impunidad que parecieran un receta para el desastre al intentar señalar un delito en el espacio de trabajo.

O al menos esa pareciera ser la sensación de “Renata”, quien prefirió el anonimato y fue acosada por un compañero de trabajo en el ayuntamiento de Zapopan, pero a pesar de sus esfuerzos por denunciar, no ha habido avances. 

Durante la segunda mitad del 2020, Renata fue víctima de acoso sexual por parte de un funcionario de cultura Zapopan. De acuerdo con la mujer, el trabajador ya había tenido actitudes que la hacían sentir muy incómoda y después de ser acosada descubrió que otras compañeras de trabajo se sentían igual. 

“Cuando empezó la pandemia para mi fue un alivio porque ya no tenía que tener contacto directo con esta persona”. 

A Renata le tomó algunos días procesar lo que le pasó, no le contó a su pareja ni a su familia hasta unos días después y durante semanas sufrió los efectos del acoso que detonaron en ella traumas pasados de abuso sexual infantil. 

“No tiene por qué suceder esto en mi espacio laboral, no tengo porqué sentirme incómoda y eso abrió una herida en mi y fue muy doloroso, fueron semanas horribles”. 

Hablarlo con su familia y con sus compañeras de trabajo la motivó a denunciar, pero le duró poco. Acudió primero al Instituto Municipal de las Mujeres Zapopan y le recomendaron mejor no denunciar porque no tenía pruebas. “Es tu palabra contra la de él”, le dijeron. 

Pero otra vez, la familia y las amigas la motivaron hasta llegar a la Contraloría del ayuntamiento donde hasta la fecha, cuatro meses después, no ha habido represalias para el presunto acosador ni grandes cambios en su ambiente laboral. 

“Muchos hombres te tocan sin tu consentimiento, creen que está bien, y aparte de ser acoso, puede tener este efecto como lo tuvo en mi, que me recordó y reviví ese abuso sexual. ¡¿Por qué se sienten con el derecho de tocarme?!”. 

A pesar de la dificultad emocional y burocrática a la que se ha enfrentado Renata, no quita el dedo del renglón de su denuncia y no desestima la importancia que tiene el alzar la voz. 

Sin embargo, reconoce la responsabilidad de las autoridades y les exige que hagan su trabajo; que no pongan a trabajar a la víctima como le pasó a ella que le pidieron información y contactos cuando esa debería ser la labor de la contraloría. Y sobre todo, pide a las mujeres funcionarias con autoridad que abran filas con las víctimas, que no sean omisas y ayuden en el proceso de denuncia. 

A raíz de la mediatización del caso de Diana en Tototlán, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh) inició un proceso de sensibilización para los alcaldes, es decir, talleres de 3 horas sobre prevención de la violencia de género contra las mujeres, así como de hostigamiento sexual y acoso sexual dentro de sus administraciones municipales. 

También,  inició un acompañamiento para que todos los municipios implementen el “Protocolo CERO Municipal”, una serie de lineamientos para prevenir, atender y sancionar la violencia de género al interior. 

Sin embargo, pareciera no ser suficiente un taller para alcaldes cuando los empleados, los contralores y los mismos encargados de los institutos municipales de las mujeres desestiman y revictimizan a las mujeres. 

Además, el Protocolo Cero que creó el gobierno estatal en el 2019 tampoco ha sido suficiente ya que de las 50 denuncias por acoso u hostigamiento sexual que se presentaron de abril 2019 a noviembre del 2020, ninguna tuvo sanción. 

En el caso de Diana en Tototlán, la especialista Laura Plascencia lamentó que el tema se haya mediatizado de tal forma por ser un tema electoral y no por un caso de violencia contra una trabajadora del ayuntamiento. 

“La violencia que se comete en contra de las mujeres y en contra de las niñas en este país no es selectiva, no ocurre únicamente en temporada de campaña”. Como han argumentado algunos candidatos y funcionarios del gobierno federal ante las denuncias contra Félix Salgado Macedonio, excandidato a la gubernatura de Guerrero y quien abusó sexualmente de al menos cinco mujeres, una de ellas menor de edad y otra periodista. 

Tras haberse hecho públicas las denuncias, la indignación tomó las redes sociales con el hashtag #Unvioladornoserágobernador pidiendo la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio.

Aún así, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las peticiones e incluso argumentó que el pacto patriarcal, ese que le pedían las mujeres que rompiera, es una expresión importada y aseguró que era una campaña mediática orquestada por los conservadores. 

“Ojalá solamente en los nueve meses de temporada electoral viéramos violencia contra las mujeres. Lamentablemente en este país cada cinco minutos una niña o una mujer es violada. Y en Jalisco el año pasado hubo más de 260 asesinatos violentos de mujeres y en el 2021 van 34”, reprochó Plascencia. 

Y así, con las denuncias y la opacidad de los gobernantes, las activistas y mujeres feministas prevén un proceso electoral otra vez con casos de violencia contra mujeres candidatas. Sin embargo, seguirán en la lucha ahora de la mano de algunas herramientas que han logrado como la reforma nacional y estatal a la Ley General en Materia de Delitos Electorales que reconoce la violencia política de género y la sanciona. 

Pero la advertencia sigue en pie: vigilarán y denunciarán por todas las vías posibles cualquier acto de violencia contra las mujeres durante y después de las elecciones. 

 


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Katia Diéguez

Katia Diéguez

Es periodista formada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Jalisco. Desde su formación como estudiante y ahora como profesionista ha trabajado en diferentes medios locales como Más por Más, el Diario NTR, Territorio y Mural de Grupo Reforma. En este último trabajó como reportera de la sección local y realizó coberturas diarias y de investigación principalmente en temas de género, derechos humanos, infancia, diversidad sexual y educación. Además, ha complementado su educación con cursos y talleres de periodismo narrativo, de investigación, transparencia, género y derechos humanos.