Armas de fuego: caen detenciones y crece comercio y contrabando

La violencia en Jalisco.

Junto con las 33 personas detenidas en el operativo policial realizado el 19 de abril de este año en la colonia Chapalita, la Fiscalía del Estado decomisó 23 armas de fuego largas y nueve cortas, además de 122 casquillos percutidos y 62 cartuchos útiles; también detectó a siete personas secuestradas. De acuerdo a información oficial, esta detención de personas por portación ilegal de armas es cada vez menos frecuente.  

Datos de la Fiscalía obtenidos vía Transparencia indican que desde 2006 a 2014 se documentaron un promedio 128 personas detenidas cada año, pero a partir de 2015 la cifra cayó a un promedio de 51 personas aprehendidas anualmente; de hecho, en 2017 o 2020 solo documentaron seis detenciones, respectivamente.

“Vivimos tiempos difíciles, tiempos violentos (…) Pero en este gobierno no vamos a hacer como que no vemos. Al crimen se le enfrenta, no se le oculta, y a la sociedad se le informa de frente”, dijo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dos días después del hecho en Zapopan a través de sus redes sociales, donde responsabilizó a la federación de no frenar al crimen organizado.

Perseguir el delito de portación sin permiso de armas o que correspondan a uso exclusivo del ejército corresponde a la Federación; empero, delitos del fuero común como desaparición, secuestro, robo u homicidio se cometen con armas de fuego, la gran mayoría de ellas obtenidas ilícitamente.

Muestra de ello es el incremento exponencial de los homicidios en Jalisco, en 2015 hubo mil 017 personas asesinadas y se alcanzó un máximo histórico en 2019 con dos mil 023; en 2020 la cifra bajó a mil 756, y hasta abril de 2021 van 657 por lo que de seguir la tendencia se superará la cantidad de 2020, según datos del MIDE Jalisco. 

El creciente mercado ilegal de armas junto al incremento de la violencia se traducen en un empoderamiento de la delincuencia organizada y en el terreno que le ha ganado a las autoridades, explica el académico de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso: “Cada vez es más pequeña la autoridad ante uno de los carteles más potentes del mundo (Cártel Jalisco Nueva Generación)”. 

Abunda que el reclutamiento de civiles por parte de los grupos criminales les otorga mayor control de la sociedad en la entidad.

El mercado legal de armas también se incrementa

En México se venden y compran un promedio de 38 mil ocho armas de fuego cada año, poco menos de la mitad armas largas, según datos concedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recabados vía Transparencia. La tendencia alcanzó su punto máximo en 2014 cuando se compraron 49 mil 262 armas, casi el quíntuple de la cifra más baja acaecida en 2005 con 11 mil 430.

Para portar armas de manera legal los ciudadanos deben tener un modo honesto de vivir; no haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas; no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y acreditar la necesidad de portar armas por el empleo o circunstancias de vida.

Solo en 2020 en México se compraron 65 armas de fuego cada día, pero es una cifra reducida comparada a la cantidad de armamento que ilegalmente ingresa a México. El Gobierno de Estados Unidos cuantificó que 200 mil armas se distribuyen en México de manera ilegal cada año, 547 diariamente en promedio. 

De acuerdo al Código Penal Federal, la persona que comercialice, fabrique, use o porte un arma de fuego con fines ilícitos puede pagar una pena de hasta seis años de prisión, y la pena sube a 10 años cuando se trate de un artefacto de uso exclusivo del ejército.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que la posesión de los instrumentos debe reportarse a la Sedena e inscribirse en el Registro Federal de Armas. Un ciudadano con permiso puede portar pistolas semiautomáticas nueve milímetros (mm) o revólveres con calibres no superiores a 38 mm; las carabinas, fusiles, lanza gases o metralletas son de uso exclusivo de las fuerzas armadas. 

Estados Unidos, la meca del contrabando

Sergio García no olvidará la última vez que intentó cruzar la frontera. Tenía 53 años de edad y una discapacidad que le impedía caminar cómodamente. Al viajar desde Chula Vista California hacia Tijuana en su camioneta se encontró con un punto de revisión policial. Al sospechar del vehículo y su conductor, los agentes solicitaron información de Sergio y encontraron que ya estaba siendo investigado por traficar armas. Al revisar la parte trasera de la camioneta se encontraron con varias pistolas, revistas de tiro, armas largas y municiones.

Al mirar su casa se encontraron con todo un arsenal y miles de dólares en efectivo. Sergio confesó que llevaba las armas para venderlas a cárteles mexicanos como La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

El estudio más reciente sobre este tema es “Tráfico de Armas de Fuego”, generado en diciembre de 2020 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés) del Congreso de Estados Unidos, una agencia independiente que tiene el fin de recopilar información para la toma de decisiones. Cita datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que exponen que el 70% de las armas decomisadas en México proceden de Estados Unidos.

Además, se documenta que el Departamento de Estado del país fronterizo ha otorgado 54 millones de dólares de 2015 a 2019 a autoridades mexicanas para apoyar a la capacitación y equipamiento en el combate al tráfico de armas. A pesar de ello, documentan que 150 mil personas han muerto desde 2006, con ayuda de las 200 mil armas que han entrado al país de manera ilegal cada año.

La GAO cita especialmente el incremento de la cantidad de rifles calibre .50 que grupos criminales están utilizando, ya que “son lo suficientemente potentes como para inutilizar el motor de un vehículo y penetrar el blindaje del vehículo o del personal, lo que supone una importante amenaza para las fuerzas de seguridad de seguridad mexicanas”. Este tipo de rifles representa el 0.5% de las armas decomisadas en México. La Agencia ha detectado emboscadas y ataques sofisticados con este artefacto contra policías mexicanos.

Por ello, la Agencia señala como responsables de perseguir este delito a la Fiscalía General de la República y a las de los estados que son responsables de investigar homicidios, robos y otros delitos donde se involucra el uso de armas.

Además del tráfico ilegal de armamento, se ha detectado que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha incursionado en la producción propia de armas dentro de México, ya que se han detectado laboratorios para fabricar AR-15 y sigue mejorando su capacidad de fabricación de armas y suministra a los aliados que luchan contra los cárteles de los Zetas y de Sinaloa, según cita el artículo científico sobre este grupo criminal de la Revista Strategic Security de la Universidad Sam Houston State.

Estrategias fallidas para “despitolizar”

En 2017 la asociación México SOS promovió un programa de “despistolización” en conjunto con la Sedena, el cual implicaba instalar retenes o volantas en las calles además de puntos de intercambio de armas por productos electrónicos. De hecho, la Sedena detalló que de 2012 a 2017 se recopilaron 58 mil 703 pistolas y 27 mil 758 rifles y escopetas, según publicó El Universal.

En septiembre de 2018 una ola de violencia que rompió con la muerte de varios policías en la ciudad incitó a las autoridades a realizar revisiones aleatorias de vehículos. El entonces gobernador Aristóteles Sandoval señaló que el fin era reducir la violencia y el número de armas que circulan en las calles, aunque meses antes mostró su desacuerdo con estas medidas.

Los operativos violan una garantía de libertad establecida en el artículo 11 constitucional: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, y también el Artículo 16 constitucional que señala que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento”.

Una de las estrategias para disminuir el poder de los grupos criminales es la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio pero que en Jalisco jamás se ejecutó, expone el académico del CUCSH, Francisco Jiménez Reynoso. Esta legislación buscaba que los bienes de personas que delinquen pudieran ser retenidos y destinados a reparaciones de daños, pero terminó derogándose para que solo se ejecutara la reglamentación federal.

“La autoridad no quiere hacer nada, no quiere tocar las finanzas de la delincuencia organizada su dinero y su poder. Entre más capacidad económica más poder muestra”, lamenta el investigador. Operativos realmente funcionales para evitar que continúe el traslado y uso de armas ilegales debería priorizar la logística, inteligencia y coordinación entre las autoridades, pero con el enfrentamiento constante entre autoridades municipales y estatales con el Gobierno Federal parece que se busca de proteger u ocultar algo, lo cual complica los trabajos de inteligencia. 

Jiménez Reynoso agrega que los operativos que involucran patrullaje o revisiones aleatorias son “cosméticos”, pero si aplicaran tecnología para generar bancos de información de personas sospechosas o detenidas, o recurrir dispositivos como drones para localizar a bandas delincuenciales e investigar mediante intervenciones de llamadas telefónicas (todas facultades legales) permitirían dejar de violentar derechos y garantías que se afectan con retenes o revisiones aleatorias.

Armamento de grupos criminales supera a policías

Por un disparo de arma de fuego falleció la policía de Guadalajara Victoria Sánchez, quien fue asesinada al realizar una revisión a dos sujetos que tripulaban un taxi sobre la Calzada Revolución. 

Pero también en municipios externos al Área Metropolitana de Guadalajara han acontecido hechos violentos donde se han utilizado armas de grueso calibre. El 27 de abril de 2021 policías estatales fueron atacados por sujetos armados en Lagos de Moreno. Los civiles armados dispararon con fusiles de asalto pero fueron abatidos. Se les decomisaron dos armas de fuego largas de calibre 7.62 tipo AK-47. Dos días después en Tepatitlán, un grupo de sicarios emboscó a policías estatales, uno de ellos murió y dos salieron heridos.

En suma, 79 policías en Jalisco que han muerto en el cumplimiento de su deber desde 2018, de acuerdo a los registros oficiales que la Fiscalía del Estado de Jalisco y policías municipales entregaron a la organización Causa en Común, indica un reportaje publicado por Zona Docs. En el país la cifra llega a 464 policías solo en los primeros nueve meses del 2020, publicó el Washington Post.



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Saúl Justino Prieto Mendoza

Saúl Justino Prieto Mendoza

Es periodista de formación. Ha participado y colaborado en Radio Universidad de Guadalajara, proyectos web informativos como Tiempos de Enfoque, Vario Bros y Artículo Siete.
Durante su estancia en el periódico El Informador participó en coberturas para redes sociales, web y el diario impreso; posteriormente ingresó al área de periodismo de investigación donde desarrolló trabajos de profundidad sobre temas políticos, sociales y culturales.
Recientemente ha trabajado en áreas de divulgación de las Ciencias Sociales mediante la creación de contenidos multimedia para web y redes sociales.
Tiene casi 10 años de carrera donde ha indagado distintos aspectos de la divulgación e investigación periodística.