Chihuahua, territorio fértil en medio del desierto

Postales de ciudades en pandemia

A Cesar Duarte Jáquez, exgobernador (2010-2016) de Chihuahua, lo detuvieron un miércoles 8 de julio de pandemia, justo al finalizar una reunión diplomática entre el presidente de México y Donald Trump. Lo encontraron en un negocio de autopartes usadas de su propiedad, en Miami, Florida. Su captura ha sido una de las principales banderas políticas del actual gobernador panista Javier Corral.

El gobierno de Corral, no muy bien evaluado por la ciudadanía, transita entre la corta duración de su gestión (4 años), las divisiones de su partido, las exigencias de una mejor seguridad pública y las limitaciones que le heredó su antecesor: la falta de presupuesto por el nivel de endeudamiento, la red de compromisos que ocupan puestos de representación en el congreso o en los ayuntamientos, y la reducción del derroche de presupuesto de casi 3 mil 500 millones de pesos, que se gastaba Duarte en publicidad oficial. Sin medios, sin dinero y sin tiempo, la corrupción política de Duarte y el bloque opositor de gobernadores, en menor medida, le han dado un respiro a su gobierno.

Al momento de su detención, Cesar Duarte contaba con 21 órdenes de aprehensión por peculado, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y defraudación por más de mil millones de pesos. En su sexenio contó con el apoyo de legisladores locales, adquirió ranchos y ganado exótico; creó una institución fiduciaria llamada Unión Progreso, desde donde se hicieron manejos opacos del dinero público. Duarte colocó a familiares y conocidos en Hacienda, Salud, Obras Públicas, Educación y Comunicación Social. Los inmuebles incautados suman un valor aproximado de 500 millones, y algunos ranchos tienen más de 100 mil hectáreas de extensión.

Corral definió la detención como un triunfo para la ciudadanía e hizo un compromiso público para revelar la amplia red de corrupción y protección política que construyó Duarte durante su gobierno. La llamada nómina secreta, que fue descubierta dentro de una caja fuerte (2007), tras un cateo de la Fiscalía de Chihuahua en una de las casas de Cesar Duarte en Parral, confirmaría la entrega de dinero en efectivo a medios de comunicación, empresarios, diputados, opositores y  lideres de opinión.

Según el abogado Jaime García Chávez, cofundador de la organización civil Unión Ciudadana, antes de asumir la gubernatura Corral tenía en sus manos información contundente de que María Eugenia Campos Galván, actual alcaldesa de Chihuahua por el PAN, y presidenta de la comisión de fiscalización en el Congreso durante el gobierno de Duarte, formaba parte de la nómina secreta, lo que le permitió financiar su campaña por la presidencia municipal. 

Aunque eso todavía falta por probarse ante la justicia, después de que se diera a conocer la detención, Maru Campos hizo declaraciones que fueron publicadas en primera plana, en medios como el Diario y el Heraldo de Chihuahua, exigiendo el cierre de la investigación. El gobernador respondió que la Fiscalía debía seguir su proceso al ser la responsable del seguimiento a la investigación.

 

Fiscalizar la ciudad

Amín Anchondo tiene 30 años, antes de ser electo síndico del municipio de Chihuahua era empresario y su experiencia política se limitaba a su participación en la Comisión de Jóvenes de Coparmex a nivel local y nacional, en donde estuvo involucrado con la elaboración de la iniciativa 3 de 3. Aunque no está afiliado al PAN, lo invitaron en 2018 a contender por la Sindicatura del municipio de Chihuahua por ese partido, y ganó.

Chihuahua es un caso muy particular a nivel nacional. Desde 1998, el congreso del estado decidió crear un contrapeso político y administrativo a los presidentes municipales e hizo que los síndicos, encargados de cuidar el patrimonio municipal, fueran electos por voto popular. Eso permite que un alcalde sea de un partido político, y un síndico, con tareas de fiscalización, de un partido diferente. 

Con la reforma de la constitución de Chihuahua en 2017, el Congreso estatal hizo que los síndicos fueran los responsables de los Órganos Internos de Control, con la capacidad de investigar e incluso sancionar faltas administrativas. Sin embargo, se interpuso una controversia constitucional argumentando que una figura política, como lo es el síndico, no debería tener facultades de investigación, substanciación y sanción. En ese contexto, los alcaldes aprovecharon la coyuntura para implementar sus propios Órganos Internos de Control. Es decir, sus fiscales a modo y aunque esto hace más complejo el trabajo de la Sindicatura, sus los logros son significativos en materia de gobierno abierto, transparencia proactiva, innovación política, mejora regulatoria y combate a la corrupción. 

Por ejemplo, la pagina sindicatura.mx es un gran ejercicio de transparencia en donde se puede encontrar información que va desde el avance los programas municipales, desglose de compras y adquisiciones, contratos de obra publica, el avance en el ejercicio del presupuesto, asuntos de desarrollo urbano, hasta informes del trabajo municipal, todo en un lenguaje muy sencillo. Se trata de un espacio en donde se explica de forma muy clara aspectos muy importantes y complejos del gobierno municipal. 

Los presupuestos participativos es otro de los esfuerzos de participación más importantes que derivan de la Ley de Participación Ciudadana y que son instrumentos que la Sindicatura utiliza para permitir que las personas puedan involucrarse en todo el proceso que van desde imaginar proyectos para la ciudad, presentarlos, votarlos, hasta revisar todo el proceso de implementación.

Guardianes Ciudadanos es otro programa que busca poner al centro a las personas en las tareas de inspección y vigilancia, a través de la revisión de las responsabilidades del municipio y los contratos de proveedores para asegurar su cumplimiento. Para facilitar esta tarea hay convocatorias abiertas para participar o se hacen visitas a las colonias para explicarles a los vecinos cómo gasta el ayuntamiento su dinero. Para que las personas contribuyan a que se gaste mejor les entregan una cédula que es un resumen de las obligaciones contractuales en  servicios como basura, mantenimiento parques jardines y alumbrado publico. De esta forma los vecinos hacen un trabajo de contraloría social al verificar que se les este prestando el servicio de forma correcta. Actualmente hay aproximadamente 140 personas capacitadas que ayudan a revisar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas encargadas de prestar servicios de mantenimiento.

Otro órgano innovador es el  consejo consultivo ciudadano, compuesto por miembros de la sociedad civil, y que se encarga de vigilar, acompañar, dar seguimiento y retroalimentación todas las acciones que se llevan a cabo en la Sindicatura. Una de esas acciones es la selección del equipo de trabajo para asegurarse que sean perfiles con experiencia en materia de participación ciudadana, auditoría, mejora regulatoria, transparencia, rendición de cuentas y obra pública. Lo que se busca es la formación de un equipo independiente y profesional, que no este definido por amistades o fidelidades ajenas al objetivo de la Sindicatura.

El 29 de julio, Amín presentó el séptimo informe trimestral de actividades durante sesión virtual de Cabildo, en donde dio a conocer las actividades y la información de gastos, y como es costumbre en cada informe, lo hace a través del recurso gráfico de un billete de 100 pesos, que permite entender de forma muy sencilla el porcentaje de gasto que se le asigna a cada rubro.

También presentó otro gráfico en donde se puede observar que el mayor gasto en tres años y medio en el Municipio de Chihuahua ha sido en Comunicación Social, sobre otros rubros como Desarrollo Rural, Económico y Turístico.

Aunque son del mismo partido, la relación de Amín con la alcaldesa Maru Campos es compleja. Los cuestionamientos, las observaciones y el trabajo de fiscalización que hacen han tensado la relación y reducido la comunicación, tanto personal como institucional, casi por completo. 

La Sindicatura es un trabajo inacabado y Amín busca que sea un órgano respetado dentro de la organización municipal, a pesar de sus carencias legales, jerárquicas y presupuestales. Aunque su compromiso de construir un contrapeso al poder municipal, muchas veces queda atrapado entre las grillas partidistas

 

Reclama tu ciudad

Para entender una organización como Wikipolítica Chihuahua es necesario revisar su participación no solo en el proceso de construcción de la Ley de Participación Ciudadana, sino en su uso y aplicación. A pesar de que desde hace tiempo (quince años aproximadamente) la sociedad civil en Chihuahua había empujado la idea de que la participación ciudadana se convirtiera en un instrumento legal para devolver el poder a las personas frente a las decisiones de gobierno, no fue hasta que la coincidencia de factores permitieran que en 2017 Javier Corral presentara una propuesta de ley. Se trató de una oportunidad única para que organizaciones que llevaban mucho tiempo trabajando como La Red por la Participación Ciudadana y Plan Estratégico de Juárez, junto a Wikipolítica Chihuahua, no solo ejercieran presión, sino que terminaran participando en su redacción y contribuyeran directamente a su aprobación en 2018.

Para sorpresa de Sofía Castillo, del colectivo Wikipolítica, la versión que redactó junto con Carlos Olvera, durante una noche antes de su aprobación fue la versión publicada. Hasta el transitorio que incluía la revocación de mandato, y que pensaron iban a desaparecer, quedó intacto. Todavía hoy al leerla, me dice Sofia con un poco de humor, le sorprende encontrar palabras como inteligencia colectiva, que incluyeron y que pertenecen más a la sociología que al derecho. Se trata de una ley de avanzada que considera el plebiscito y referéndum, la revocación de mandato, la iniciativa ciudadana, los presupuestos participativos, la audiencia pública y el cabildo abierto. A este esfuerzo de presión por influir en su publicación le llamaron #DesdeNosotras.

La primera oportunidad de aplicar la ley fue a través del mecanismo de Audiencia Pública. El colectivo Salvemos los Cerros Chihuahua se dio cuenta que la empresa Grupo Cimarrón buscaba construir una gasolinera en el cerro Grande, uno de los símbolos ecológicos y culturales de Chihuahua, y que contaba con la aprobación y acompañamiento del ayuntamiento. La construcción representaba una amenaza para el medio ambiente y la organización se dedicó a recabar firmas para protestar. Aunque no se ha detenido del todo la construcción, con sus acciones lograron que las autoridades municipales tuviera que presentarse a una audiencia en un espacio público para explicar frente a la ciudadanía sus decisiones. Un ejercicio inédito de rendición de cuentas.

La segunda oportunidad de usar la ley se dio cuando el cabildo de Chihuahua aprobó un proyecto que planteaba concesionar y privatizar 15 años el alumbrado público del municipio por una suma de 6,200 millones de pesos. Frente a esto, varias organizaciones se reunieron para formar el colectivo Chihuahua Decide, integrado por la Red por la Participación Ciudadana, Somos más de Tres, Pública, y Wikipolítica para buscar a través de un plebiscito consultar a las personas si querían o no el proyecto. Las organizaciones no solo lograron juntar las firmas para que se llevara a cabo, sino que sentaron a las autoridades municipales para que debatieran las implicaciones de la concesión, incentivaron la discusión pública y la participación, y se organizaron para verificar que durante el plebiscito no ocurrieran irregularidades electorales. 

A través de una serie de video-noticieros inspirados en la campaña del No en Chile, lograron consolidar un ejercicio pedagógico durante el corto tiempo que duró la campaña. Para Sofia Castillo, era importante que se tratara de una campaña alegre y que el mensaje fuera muy claro, pues el ayuntamiento promovía la idea en medios financiados por ellos de que las organizaciones estaban en contra de que la gente tuviera luz. En total gastaron 7 mil pesos que invirtieron en lonas, producción de videos y stickers. Mientras que el ayuntamiento gastó 8 millones de pesos. 

La pregunta del plebiscito fue: ¿se debía aceptar el proyecto de concesión y privatización del alumbrado público que planeaba realizar la alcaldesa Maru Campos? Aunque no alcanzaron el 10% requerido por la ley para volver vinculante la decisión, se emitieron 62 mil 32 votos en total, de los cuales 26 mil 501 fueron por el Sí (42.72%) mientras que 35 mil 229 lo hicieron por el No (57.28%). Se trato del ejercicio de participación democrática más concurrido del país. 

Frente al resultado, y sin obligación legal de por medio, la alcaldesa Maru Campos decidió cancelar el proyecto.

Para Sofía Castillo, la organización política en la que participa ha ido definiendo con mayor claridad su identidad y su rol como instrumento de exigibilidad de derechos humanos a través de la participación ciudadana. Por ahora no les interesa la vía electoral, están buscando formalizarse legalmente y buscar fondos: “nos interesa la activación de los mecanismos de participación ciudadana para defender el territorio.”

 


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Luis Sánchez Barbosa

Periodista. Estudió derecho y política. Es fundador y director de Territorio.