¿Cómo defiende el gobierno del estado a las funcionarias públicas violentadas?

Un alcalde agresor, una reforma a la ley y muchos casos pendientes de violencia política de género

“No hable por todos los ciudadanos, usted representa una mínima parte, no se le olvide, yo represento cuatro veces más que usted”, le contestó el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, a la regidora María del Refugio Camarena mientras ella intentaba hablar durante la última sesión de cabildo el 1 de julio.

La discusión se acaloró después de que la regidora cuestionó al alcalde sobre las acciones de seguridad en Zapotlanejo. Álvarez, molesto, defendió que no ha habido un aumento en los delitos y que la percepción de la regidora no representaba la de todos los ciudadanos. 

El trato a la funcionaria, la minimización de su trabajo y los antecedentes del alcalde fueron parte de los elementos para denunciarlo por violencia política de género, una acción poco visibilizada en Jalisco. ¿Cómo defiende el gobierno del estado a las funcionarias públicas violentadas? 

El antecedente de la “reacción natural”

El pasado 27 de diciembre se difundió un video donde el alcalde de Zapotlanejo discutía con algunos vecinos y entre la riña golpeó a una mujer. Pocos días después, el funcionario se disculpó y aseguró que fue una “reacción natural” en la pelea. Y aunque varios ciudadanos pidieron su renuncia por violencia de género, aseguró que no dejaría el cargo. 

El gobierno del estado dijo que darían seguimiento al tema y la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh), Fela Pelayo, lo invitó a unos cursos sobre nuevas masculinidades, a los cuales no se presentó. 

Mientras se llevaba a cabo la discusión sobre la violencia machista del alcalde, las colectivas y académicas feministas presentaron y defendieron una serie de reformas a la ley para garantizar sanciones a los funcionarios violentos. 

Desde abril del año pasado y tras la aprobación a nivel nacional de la reforma constitucional en materia de paridad de género, las especialistas presentaron una reforma para Jalisco que garantiza la paridad de género, es decir, mismo número de puestos y oportunidades en cualquier candidatura: estatal, municipal, en el congreso, en los órganos autónomos, juezas y magistradas. 

Dicha propuesta incluye que los órganos autónomos como el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI); la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); el Congreso y los gabinetes municipales y estatales sean paritarios. 

A más de un año de haber entregado la reforma aún no hay avances “porque el congreso no ha legislado en materia de paridad”, lamentó Laura Plascencia, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). 

Sin embargo, junto con esas reformas también presentaron otras modificaciones a la ley para atender la violencia política de género. Tomó 6 meses de discusión para que los diputados aprobaran las reformas y finalmente el 1 de julio se creó la ley de violencia política de género. “No fue sencillo, la reforma estaba muy a destiempo, teníamos meses exigiendo la armonización y sin embargo se esperaron al último día para abrobarla”, agregó Plascencia. 

Dicha reforma, que se armonizó con la ley nacional, establece que para ser candidato en cualquier elección no se pueden tener deudas alimentarias y no deben tener sentencias por violencia política contra las mujeres. “Ahora los candidatos pueden perder su candidatura, antes era muy fácil hablar por hablar y se dejaba ver la cultura misógina, sin embargo ahora ya hay consecuencias”. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) es el encargado de vigilar y sancionar; y al culpable pagará una multa de 173 mil 600 a 8 millones 680 mil pesos. 

Y aunque apenas en el 2021 se llevarán a cabo las primeras elecciones con dicha ley, la violencia política de género no es nueva. En el 2018, el Centro de Investigación para la Igualdad de Género (CIPIG) registró 33 casos de violencia contra candidatas en Jalisco, uno de ellos y el más sonado fue el de la alcaldesa de Tenamxtlán quien fue obligada a renunciar a su puesto para que el síndico fuera nombrado alcalde. 

Las reformas aprobadas por el Congreso incluyeron 9 de los 12 puntos propuestos y de acuerdo con la diputada Sofía García, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género, se espera que la ley de paridad se discuta y se apruebe antes de que termine el año. 

 

Cero y van dos ya con denuncia

Después de la respuesta violenta en sesión de cabildo, la regidora de Zapotlanejo evidenció la situación, acusó al Alcalde de tratar de manera machista al resto de sus compañeras y lo denunció por violencia política de género. 

“El Presidente Municipal tiene una manera de ser un poquito altanera, y así es con todas las personas. El objetivo de esto (denunciar violencia) es exhibir el actuar del Presidente, y no solamente en esta Administración, sino en las tres Administraciones en las que ha estado, y todo Zapotlanejo lo sabe”, confesó la regidora a medios locales. 

La denuncia, que fue presentada ante el IEPC, está en proceso de investigación. Y aunque los hechos hayan ocurrido antes de que se aprobara la nueva ley, sí es válida la sanción. 

 

¿Y la Secretaría de Igualdad?

Como parte de la discusión de la violencia de género perpetuada por Héctor Álvarez, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh) se ha limitado a pronunciarse en redes sociales en contra de las acciones del alcalde y a invitarlos a cursos de masculinidades. 

 

Y aunque la Secretaría no tiene la facultad de sancionar ni denunciar a los funcionarios públicos, sí va tarde en la capacitación de funcionarios públicos en materia de género. Además, de acuerdo con Laura Plascencia, es lamentable que tardaran más de un año desde la creación de la Sisemh en instalar las comisiones del Consejo estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Dicho Consejo forma parte de un Sistema con el mismo nombre que se encarga de vigilar y atender la violencia contra las mujeres de manera articulada entre municipios y estados. 

A decir de Plascencia, no ha habido sesiones públicas del Consejo ni se ha visto un avance en programas de igualdad ya que sigue habiendo funcionarios violentos. “La política de igualdad en el estado no la tenemos”.

Además, en junio del 2019, la Sisemh creó el programa Protocolo Cero para denunciar y sancionar a funcionarios hostigadores o acosadores. Sin embargo, hasta enero de 2020 recibieron 24 denuncias por casos principalmente en la Secretaría de Educación y el Hospital Civil, pero en 7 meses no se había llegado a ninguna resolución ni sanción. 

Para las activistas que impulsaron las reformas, la ley de violencia política de género propiciará a que más mujeres se animen a denunciar y evidenciar las violaciones a sus derechos políticos que viven durante las contiendas electorales. 

“Las mujeres hasta hace un tiempo consideraban que estas conductas eran “normales” porque se vivían desde casa. Al aprobarse la paridad, consecuentemente se recrudeció la violencia política”, reconoció Rosa María González, integrante de Parité y una de las activistas que presentó las reformas. 

Esperan que para el 2021 las candidatas se sientan confiadas en denunciar cualquier violencia, aumente la cantidad de denuncias y los partidos se comprometan a capacitar en igualdad de género. 

 


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Katia Diéguez

Katia Diéguez

Es periodista formada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Jalisco. Desde su formación como estudiante y ahora como profesionista ha trabajado en diferentes medios locales como Más por Más, el Diario NTR, Territorio y Mural de Grupo Reforma. En este último trabajó como reportera de la sección local y realizó coberturas diarias y de investigación principalmente en temas de género, derechos humanos, infancia, diversidad sexual y educación. Además, ha complementado su educación con cursos y talleres de periodismo narrativo, de investigación, transparencia, género y derechos humanos.