¿Cómo manejar los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19?

Jalisco aún no cuenta con espacios de destino final de los cuerpos.

A unos días de la declaratoria de pandemia por la COVID-19, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno Federal y el Estatal publicaron medidas especiales para el manejo de personas muertas por el virus. Los estatutos abordan el registro, traslado y la cremación o entierro de los cadáveres; sin embargo, Jalisco aún no cuenta con espacios de tratamiento intermedio de los cuerpos. 

Existen excepciones como en el municipio de Guadalajara donde se abrieron 700 nuevas fosas en el Panteón de Mezquitán ante el previsible incremento de muertes por COVID-19. Los espacios en dicho panteón están disponibles para personas que no puedan pagar uno y para evitar el riesgo potencial de transmisión, ya sea por medio de incineración o entierro. El municipio invirtió 900 mil pesos para modernizar los cuatro hornos de cremación con los que cuenta y que tienen capacidad  para cremar 36 cuerpos cada 24 horas. Esta es solo una opción ya que las personas que tengan un espacio de su propiedad en cualquiera de los panteones podrán sepultar a su familiar ahí. 

Sin embargo, esta es la única opción en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y aunque las publicaciones oficiales del Gobierno del Estado requieren espacios disponibles para el tratamiento intermedio de los fallecidos, aún se desconoce cuál será. 

Además, el Gobierno Federal también ha hecho recomendaciones, a través del documento Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19, para la activación de una instalación temporal de resguardo de cuerpos previo a que se vean rebasadas las capacidades en al menos el 70% de manejo de cadáveres. La instalación debe contar con espacio suficiente para las cajas refrigeradas de almacenaje y resguardo de los cuerpos hasta su entrega a la familia; además de zonas maniobras, área de manejo e identificación, entre otras. 

En Jalisco se pretendió usar el edificio, aún en construcción, del Instituto Jalisciense de Cancerología en la colonia Miramar de Zapopan, pero el proyecto fue cancelado ante la oposición de los vecinos, quienes denunciaron la falta de información y el temor de que se transformara en un foco de infección para los colonos. 

En un video publicado el 5 de mayo en sus redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez confirmó la cancelación: “Trazaremos una ruta para resolverlo de otra manera. Lo vamos a hacer en otro lado para que evitemos la tensión y preocupación de la gente. Este espacio se iba a habilitar por si se necesitaba, hasta el momento no se necesitaba y esperemos que no se necesite”, aseguró.

El inmueble comenzó a construirse en marzo de 2015, durante la administración estatal de Aristóteles Sandoval, y se prometió terminar a final de 2016 pero, a la fecha, aún no se concluye. De hecho el actual secretario de Salud, Fernando Petersen, informó que hacían falta otros 900 millones de pesos para equipar y terminar la obra que originalmente se había valuado en 328 millones de pesos.

La construcción abarca 15 mil metros cuadrados, menos que, por ejemplo, los más de 24 mil metros cuadrados prestados del Hospital Ángel Leaño que se adquirieron en comodato. Sin embargo, el contrato de comodato del nosocomio establece que el Gobierno del Estado debe responsabilizarse de “bajo ningún motivo” incinerar, enterrar cerca de las instalaciones del nosocomio o mantener por más del tiempo necesario restos humanos. 

¿Y quién registra y resguarda a los fallecidos?

Con el fin de garantizar el tratamiento digno de los fallecidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió recomendaciones para las autoridades gubernamentales involucradas en el manejo de personas fallecidas por COVID-19. Una de ellas es garantizar el resguardo de los cuerpos en condiciones adecuadas y establecer criterios claros de los procesos de conformación del archivo básico de identificación.

Además, los mecanismos de tratamiento también deben colocarse en el contexto de violencia generalizada como las desapariciones de personas y la crisis forense que continúa en el Estado. Por ello, la pandemia no debe ser impedimento para procesar la información y garantizar la identificación de las personas, señaló Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Un correcto registro implica que la documentación, el manejo y la disposición final de los cuerpos se realice apegado a los derechos a la verdad, justicia e identidad de las personas.  Añadió que ante la magnitud del problema de las desapariciones en Jalisco, existe la posibilidad de que algunos fallecidos no identificados puedan estar siendo buscados por sus seres queridos. Este aspecto, de acuerdo con la representante de Cepad, es de los grandes pendientes ya que actualmente hay alrededor de 37 mil cuerpos en todas las instalaciones forenses del país. 

“Lo clave es que no se puede inhumar a las personas en fosas comunes, se les debe inhumar de forma individualizada, con etiquetas, registro correspondiente y número de referencia”.

Y destacó la existencia del acuerdo que prohíbe la incineración de cuerpos no identificados o no reclamados tal como establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En el supuesto de una persona fallecida no identificada o identificada no reclamada, cuya causa de defunción se presuma sea por Covid-19 las autoridades deberán emitir un informe en formato libre que acredite que se realizó un examen externo del cadáver, que se cuenta con la fotografía del rostro, rasgos individualizantes, así como datos biométricos (huellas digitales, muestras genéticas con las debidas precauciones).

Fases y lineamientos del manejo de personas fallecidas por Covid-19

Las especificaciones para cada fase del proceso, de acuerdo a lineamientos para el manejo de cadáveres confirmados o sospechosos por COVID-19 del Gobierno de Jalisco, son los siguientes:

En hospitales

Las normas parten “del principio de precaución”, ya que los cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo así como con objetos contaminados. De hecho, la OMS señala que la transmisión de enfermedades infecciosas asociadas con el manejo de cadáveres puede ocurrir y puede ser amplificada por el incumplimiento de las precauciones.

El cadáver debe aislarse inmediatamente.

Los familiares más cercanos podrán tener acceso a las áreas donde se encuentre el fallecido sin que exista contacto físico ni con las superficies o cualquier otro material que pudiera estar contaminado.

Los familiares y el personal involucrado deben portar bata desechable, guantes y mascarilla quirúrgica, al igual que el personal que intervenga en el manejo.

El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria de traslado que resista a la presión de los gases en su interior; la bolsa antes referida deberá introducirse, a su vez, en otra bolsa. 

Posteriormente será trasladado en una camilla sanitizada para conservarlo en el depósito mortuorio hasta ser entregado a los servicios funerarios o al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

En funerarias o crematorios

El personal de la funeraria debe estar informado de que se trata de una persona fallecida por COVID-19.

Se recomienda la suspensión de velorios y ceremonias fúnebres, pero pueden llevarse a cabo siempre y cuando tengan una duración máxima de 4 horas, a partir de la certificación de la defunción, y eviten concentraciones de más de 20 personas a la vez. 

Destino final de los cadáveres

Los difuntos por COVID-19 pueden ser inhumados o cremados ocho horas después de la certificación de la muerte y mantenerse en las bolsas en que fueron depositados. 

En caso de que los familiares no acudan a reclamar el cuerpo, se deberá dar aviso al área de trabajo social de la unidad hospitalaria para tratar de localizarlos y, en caso de no encontrarlos, se informará al IJCF. 


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Saúl Justino Prieto Mendoza

Saúl Justino Prieto Mendoza

Es periodista de formación. Ha participado y colaborado en Radio Universidad de Guadalajara, proyectos web informativos como Tiempos de Enfoque, Vario Bros y Artículo Siete.
Durante su estancia en el periódico El Informador participó en coberturas para redes sociales, web y el diario impreso; posteriormente ingresó al área de periodismo de investigación donde desarrolló trabajos de profundidad sobre temas políticos, sociales y culturales.
Recientemente ha trabajado en áreas de divulgación de las Ciencias Sociales mediante la creación de contenidos multimedia para web y redes sociales.
Tiene casi 10 años de carrera donde ha indagado distintos aspectos de la divulgación e investigación periodística.