Decrece la localización de personas desaparecidas en 2021

La crisis se agudiza

Los eventos de personas desaparecidas que fueron encontradas en Jalisco sanas y salvas terminaron siendo casos aislados aunque desde la narrativa gubernamental sostienen un cambio en el tratamiento y seguimiento de estos eventos. De hecho, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Jalisco son cada vez menos las personas localizadas tras un reporte de ausencia prolongada.

Del 1 de enero de 2021 al 14 de mayo, en Jalisco se reportaron 340 personas desaparecidas de las cuales solo se han localizado 129, y de 211 (el 62.06%) aún se desconoce su paradero. Si bien la cantidad total de reportes de desapariciones en lo que va de 2021 es menor a la del mismo periodo de 2020, la proporción de personas localizadas decreció. De hecho a nivel nacional se tiene un promedio de 53.29% de personas encontradas, y en Jalisco apenas se alcanza un 37.94%.

En 2021 las desapariciones se han concentrado en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Puerto Vallarta y Lagos de Moreno; pero en total, 43 municipios han registrado estos eventos, una cantidad mayor a la de 2020 cuando fueron 30.

Este año ha habido casos como los de la familia Villaseñor Romo, raptada en Acatic el 24 de marzo y liberada y encontrada el 9 de abril; o los hermanos Santiago y Arturo que desaparecieron el 15 de abril en Ciudad Granja y localizados el 21 de abril, y  la ausencia desde el 12 de abril de cuatro integrantes de una familia de la colonia Balcones del Sol en Zapopan que fueron liberados dos días después, pero siguen siendo minoría. 

Un factor destacado que ha abonado a la búsqueda de las víctimas mencionadas ha sido la visibilidad mediática que han llegado hasta a nivel internacional, indica Anna Chimiak, coordinadora del área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad); sin embargo, debido a esto la agenda pública y política se ha centrado en estos casos cuando hay más de 12 mil personas no localizadas en Jalisco. La presión ha incitado a las autoridades a realizar operativos y ofrecer de manera más constante información sobre los eventos.

Carmen Chinas Salazar, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, analiza que el accionar de las autoridades sigue siendo limitado al igual que la administración estatal anterior: “Los mismos colectivos han denunciado que no se les está tomando en cuenta o que los informes no corresponden a la realidad que se vive (…) Hay un balance negativo porque no se ha dado una respuesta como la que se esperaba”.

La investigadora abunda que casos de desaparición y asesinato como el de los hermanos González Moreno quienes fueron raptados en su domicilio en la colonia San Andrés por un comando armado y posteriormente asesinados, provoca que la población sientan miedo en el espacio público y privado: “No hay una respuesta integral de la autoridad, como si minimizaran los hechos. En Jalisco es complicado hablar de una construcción de paz social”.

Personas desaparecidas encontradas con vida, los verdaderos casos aislados

El contraste entre la aparición con vida de personas con reporte de desaparición y la crisis de violencia ha detonado varias manifestaciones las últimas semanas. 

En enero trascendió la desaparición de Wendy Sánchez a las afueras de San Francisco, en Nayarit, cuando iba de camino hacia Guadalajara. El evento incitó la movilización de cientos de personas que pidieron a las autoridades que detectaran su paradero y en redes sociales promovieron el #TeBuscamosWendy para buscar datos que aportaran a conocer su paradero. El 16 de enero protestaron en la residencia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien prometió dar seguimiento para encontrarla “lo antes posible”. Wendy desapareció el 9 de enero y a la fecha no se han difundido avances de la investigación.

El 15 de marzo José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez, fueron sacados a la fuerza de su casa en la colonia Zalatitán de Tonalá y a la fecha se desconoce su paradero.

Este 19 de marzo se cumplieron tres años de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) Marco, Daniel y Salomón. Por ello se manifestaron familiares y amigos en la Glorieta de las y los Desaparecidos.

El 15 de abril, el grupo Huellas de Amor protestaron en Casa Jalisco para exigir la localización de 12 personas que en días anteriores desaparecieron. 

El 18 de abril familiares de personas no localizadas se manifestaron fuera de Casa Jalisco para exigir la aparición de los hermanos Santiago y Arturo que finalmente aparecieron con vida. Dos días después, integrantes de la asociación Entre El Cielo y La Tierra que conforman familiares de desaparecidos en las regiones de Jalisco, también acudieron a la residencia del gobernador para exigir la aparición de sus consanguíneos; de hecho pidieron los mismos operativos y estrategias de búsqueda como las que la Fiscalía del Estado implementó para encontrar a la familia Villaseñor Romo.

El caso más mediático ocurrió el 7 de mayo, cuando un grupo armado entró a la casa de Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen González Moreno y los raptó. Su desaparición provocó movilizaciones como la que organizó la Universidad de Guadalajara el 11 de mayo, un día después de que la Fiscalía confirmara que los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados sin vida en la carretera a Colotlán.

En días posteriores familiares y amigos también se movilización en el centro de Guadalajara y en la Fiscalía para exigir justicia por su asesinato.

El 10 de mayo, madres de personas desaparecidas también realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los Desaparecidos.

A pesar de aprobación de leyes, medidas de gobierno se quedan cortas

La primera recomendación del año por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) denunció varias deficiencias y omisiones de parte del Gobierno del Estado en la atención al problema de las desapariciones de personas:

  • Falta de planes de investigación para cada caso.
  • Tardanza en la integración de las carpetas y la búsqueda de los desaparecidos, solicitud de grabaciones de las cámaras de videovigilancia y geolocalización del teléfono de la persona desaparecida así como la relación de sus últimas llamadas.
  • Cambios recurrentes de agentes del Ministerio Público.
  • Carencia de atención digna a las familias.
  • Lentitud para realizar los peritajes.
  • Descoordinación entre las dependencias de la Fiscalía, del Instituto de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Semanas después se dio un paso para revertir estas deficiencias con la aprobación y publicación de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco y la de Declaración Especial de Ausencia a finales de febrero, pero su aplicación y resultados se notarán a mediano o largo plazo, vaticina Anna Chimiak, coordinadora del área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

“No se han presentado los avances contundentes o visibles claramente (…) Pero es importante la existencia de las leyes que generan múltiples obligaciones para las autoridades estatales y municipales que deben crear instrumentos o herramientas para garantizar los derechos de víctimas de desaparición y sus familiares”.

El complemento de la implementación de las legislaciones, agrega, es la dotación de recursos materiales, tecnológicos y de capacitación que se prevén en los artículos transitorios, como los ajustes presupuestarios. Con la publicación de las leyes también se prevé un periodo con fecha límite del 4 de junio para la generación de reglamentos de actuación para todas las dependencias y secretarías relacionadas. Así se tendrá claridad de las obligaciones que tienen las autoridades y los mecanismos de coordinación y cumplimiento de los objetivos de las nuevas leyes con la participación permanente de las familias de las víctimas, explica Chimiak.

La legislación obliga la creación de células de búsqueda e investigación municipales que deben tener el presupuesto adecuado y el soporte de protocolos homologados con sistemas nacionales; reglamentos internos para la Comisión de Búsqueda de Jalisco; actualizaciones de los reglamentos de la Fiscalía y su Unidad Especial en Personas Desaparecidas, y la creación de infraestructura suficiente para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la operación de registros estatales de fosas y datos de personas no localizadas.

Un avance más fue la toma de protesta de los integrantes del Consejo Ciudadano el 4 de mayo, el cual es encargado de emitir opiniones técnicas y recomendaciones a las autoridades involucradas en el tema.

Una de sus integrantes es Anna Chimiak, quien indica que la importancia del Consejo radica en la participación esencial de los familiares de personas desaparecidas ya que se garantiza la cooperación desde sus experiencias y conocimientos que pueden conjuntarse con perspectivas técnicas para poner el práctica los programas, instrumentos y herramientas de búsqueda.

El consejo puede evaluar y dar seguimiento al desempeño de las autoridades relacionadas a la búsqueda de personas y puede exponer las irregularidades cometidas por las mismas en el marco de la implementación de la ley a través de recomendaciones que deben responderse. Además, a través del Consejo se pueden crear comités de evaluación al funcionamiento de las actividades del comité coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda y generar recomendaciones que sí pueden ser vinculantes, es decir de cumplimiento obligatorio.

La académica de la UdeG, Carmen Chinas Salazar, recuerda el rezago con que fueron aprobadas las leyes que debieron haberse armonizado con la legislación federal desde 2019 y solo fue posible su aprobación por la presión de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.


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Saúl Justino Prieto Mendoza

Saúl Justino Prieto Mendoza

Es periodista de formación. Ha participado y colaborado en Radio Universidad de Guadalajara, proyectos web informativos como Tiempos de Enfoque, Vario Bros y Artículo Siete.
Durante su estancia en el periódico El Informador participó en coberturas para redes sociales, web y el diario impreso; posteriormente ingresó al área de periodismo de investigación donde desarrolló trabajos de profundidad sobre temas políticos, sociales y culturales.
Recientemente ha trabajado en áreas de divulgación de las Ciencias Sociales mediante la creación de contenidos multimedia para web y redes sociales.
Tiene casi 10 años de carrera donde ha indagado distintos aspectos de la divulgación e investigación periodística.