Diversidad sexual: un proceso electoral de puertas cerradas

No hay garantias de igualdad

A pesar de que la población de la diversidad sexual en Jalisco ha luchado por tener representación en puestos como en el congreso y en las alcaldías del estado, los órganos electorales locales como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y los partidos políticos se han resistido a garantizar que la población LGBTTTIQ+ pueda estar representada. 

El pasado 22 de enero, varias organizaciones de la diversidad sexual pidieron al IEPC implementar “acciones afirmativas” para esta comunidad y las personas con discapacidad. 

Es decir, pidieron al Instituto que estableciera medidas que reviertan los escenarios de desigualdad que vive esta comunidad ante las elecciones, por ejemplo un sistema de cuotas obligatorias para garantizar la representación de grupos vulnerables como las personas LGBTTTIQ+ y personas con discapacidad en la contienda electoral del 2020-2021. 

Las organizaciones de Jalisco presentaron la petición al IEPC días después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dictara “acciones afirmativas” en favor de grupos vulnerables como la diversidad sexual, personas afrodescendientes, personas con discapacidad y personas indígenas para cargos de elección popular a nivel federal. 

En la petición social argumentaron que el órgano electoral violó el principio de no discriminación, el cual es esencial en las elecciones, pues no se pronunció sobre la implementación de acciones afirmativas perpetuando la violación sistemática de sus derechos. El 27 de enero, el IEPC respondió de manera negativa a la petición de las organizaciones de la diversidad sexual. 

“Nos dijeron que ya habían emitido acciones afirmativas en principios de igualdad sustantiva, pero lo que implementaron fue con relación a la paridad de género, a permitir a que las personas indígenas puedan ser votadas y también las personas jóvenes; las personas con discapacidad y de la diversidad sexual seguimos en la misma desventaja y misma desigualdad”, comentó Jhonny Cobián, director de la organización Chapala Pride y co-titular de la comisión de incidencia política de la Coalición Mexicana LGBTTTIQ+.

Otro argumento del IEPC sobre la negativa fue que el proceso electoral ya estaba muy avanzado pues ya habían empezado las precampañas. 

Ante dicha respuesta, el activista Jhonny Cobián y las organizaciones de la diversidad sexual presentaron el 1 de febrero un juicio para la protección de los derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TRIEJAL), sin embargo, se encontraron con otra puerta cerrada, con otro “no se puede”. 

El TRIEJAL resolvió el 22 de febrero que los motivos de la impugnación de las organizaciones eran “fundados pero inoperantes”. Es decir que el Tribunal aceptó que el IEPC “no ha implementado acciones afirmativas que garanticen un plano de igualdad que permitan a la población LGBTTTIQ+ así como a las personas con discapacidad acceder al derecho de ser votados”, pero también señaló que era inviable que para este proceso electoral se implementaran estas medidas afirmativas para estos grupos vulnerables, dado que el proceso electoral ya había comenzado. 

Para Jhonny Cobian, el Tribunal Electoral de Jalisco, en su argumento, antepuso la certeza electoral ante la garantía de los derechos humanos de dos grupos que han sido históricamente vulnerados e invisibilizados en las urnas.Además de cerrar la puerta para que en este proceso electoral hubiera representación de la diversidad sexual y de personas con discapacidad.

El TRIEJAL también instó al Instituto Electoral de Jalisco a aplicar medidas compensatorias hasta el próximo proceso electoral en el estado en 2024. 

“Nos causa temor y rabia también la respuesta porque cómo es posible que acepten que nuestros derechos humanos han sido violados, que nos nieguen la participación, que nos estén discriminando, pero nos piden esperar más, y seguir violando nuestros derechos”, comentó Jhonny Cobián. 

El activista también denunció que el llamado del TRIEJAL al IEPC a aplicar “medidas compensatorias” no obliga a los partidos políticos, ni al propio Instituto a cumplir con acciones que reviertan los escenarios de desigualdad de estos grupos, sino que se puede quedar en sólo recomendaciones o exhortos y en la voluntad política de los partidos. 

Ante esta segunda negativa por parte del Tribunal Electoral de Jalisco, las organizaciones llevaron el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde el proceso aún sigue en trámite y se resolverá en la 11 sesión de la Sala Regional de Guadalajara este 11 de marzo. 

Paralelo al proceso de las organizaciones con los Tribunales y el IEPC, el  pasado 10 de febrero, 11 de 13 partidos políticos locales firmaron el Pacto por el Respeto, Reconocimiento y Participación de las personas de la Diversidad Sexual en el proceso electoral de Jalisco 2020-2021. Los partidos que no firmaron el acuerdo fueron el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. 

Con este acuerdo se comprometieron a acciones como recibir capacitaciones en materia de diversidad sexual; llevar a cabo una campaña con lenguaje incluyente y no sexista, y promover candidaturas de personas LGBTTTIQ+; esto último como una cuestión de voluntad política. La dirección de diversidad sexual de Jalisco se encargará de monitorear el cumplimiento de este pacto durante el periodo electoral. 

 

Décadas de lucha, aún sin representación

Andrés Treviño, titular de la dirección de diversidad sexual de Jalisco, recordó que desde 1982 la comunidad LGBTTTIQ+ ha buscado la representación abiertamente en puestos de elección popular, en candidaturas como las de Pedro Preciado y Guadalupe García para diputados federales. 

Treviño apuntó que desde entonces han sido contados los casos de candidatos y funcionarios electos que son abiertamente personas LGBTTTIQ+ y subrayó que al Congreso del Estado no ha llegado la representación política de la comunidad de la diversidad sexual. 

“Esto lo que ha hecho es que la participación política de las personas LGBTTTIQ+en los últimos 40 años sea meramente testimonial y no esté en los partidos o en las candidaturas que tienen posibilidades de ganar”, comentó. 

Por su parte Jhonny Cobián señaló que la comunidad de la diversidad sexual está subrepresentada. 

“Las personas que llegan a los puestos de elección popular siguen diciendo que nos representan cuando realmente no lo hacen, necesitamos tener personas LGBTTTIQ+ en los poderes para que precisamente puedan velar nuestros derechos y evitar que se sigan violentando”, dijo. 

El activista aseguró que un reflejo de que la diversidad sexual no tiene representación en el congreso es que mantienen “congeladas” algunas iniciativas que buscan garantizar derechos de la comunidad como la reforma al Código Civil de Jalisco sobre el matrimonio igualitario y la prohibición de las terapias de conversión. 

Otro obstáculo para llegar a la representación de las personas de la diversidad sexual, de acuerdo con Andrés Treviño, es que los partidos políticos consideran que “hay un costo político muy alto en postular candidaturas de personas LGBTTTIQ+ y sí hay una resistencia para que las personas de la diversidad accedan a candidaturas en espacios que sean posibles”.

Durante los procesos electorales también surgen casos de violencia y discursos de odio en contra la población LGBTTTIQ+, acciones que también observa el pacto que se firmó con partidos políticos, el IEPC, organizaciones de la sociedad civil y la dirección de diversidad sexual. 

En este proceso electoral, el único caso que se tiene registrado de discurso de odio por parte de un partido político es del recién creado “Futuro”, en donde una ex precandidata a diputada por el distrito 17 hizo comentarios transfóbicos en sus redes sociales durante noviembre del 2020 y marzo del 2019. El pasado 25 de febrero, el partido anunció que la precandidata se negó a brindar una disculpa pública y a recibir acompañamiento psicológico y pedagógico en el tema; el mismo día ella anunció su renuncia a la candidatura. 

 

La puerta que sí se abrió

Aunque las organizaciones de la sociedad civil que interpusieron los juicios para la protección de sus derechos político-electorales se encontraron con varias negativas para este proceso electoral, se lograron varias acciones en favor de la diversidad sexual. 

El IEPC aprobó que de manera opcional en el registro de candidaturas se visibilice la orientación sexual y la identidad de género no normativas.  

“Esto es muy importante porque nos va a dar una estadística de cuántas personas abiertamente LGBT participaron en el proceso electoral”, comentó Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual de Jalisco. 

También aseguró que este registro ayudará a dar puntual seguimiento a las candidaturas de las personas que son abiertamente parte de la comunidad de la diversidad sexual. 

“Nos ayudará para saber cómo fueron recibidas, qué votaciones tuvieron, cómo transitó el proceso electoral para ellas, si fueron o no sujetas de violencia y también nos va a arrojar estadística de qué identidades y personas están participando más o menos, qué brechas de desigualdad existen, nos va a dar información valiosa para construir las acciones que en teoría se tendrían que implementar para el siguiente proceso electoral”, comentó Andrés Treviño. 

La diversidad sexual en Jalisco es violentada de diferentes frentes, uno de ellos es su invisibilización en la participación política del estado. Por décadas los partidos políticos se han resistido a dar candidaturas a personas de la comunidad LGBTTTIQ+ como si fuera una cuestión de voluntad política y no de derechos humanos y electorales a estar representados en las instituciones. 

 


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Paloma López

Paloma López

Egresada de Periodismo y Comunicación por el ITESO, enfocada en Derechos Humanos, LGBTTTIQ, Género y Movilidad. Ha participado en diarios locales como El Informador, Proyecto Diez, Zona Docs y Territorio. Amateur de la fotografía y medios audiovisuales.