El acoso laboral a las mujeres en el gobierno

Los mecanismos de protección que no alcanzan

Después de las desapariciones forzadas y las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio en Guadalajara, Teresa, quien trabajaba como gestora de las redes sociales del diputado emecista Salvador Caro, sabía que se avecinaba una tormenta para ella.

“Fue en junio lo de las manifestaciones en donde únicamente a mí me responzabilizaron y me dijeron que me la había pasado tuiteando contra el gobernador y no fue cierto, solamente les decía que se cuidaran mucho y un domingo sí apoyé a Candelaria (Ochoa, exfuncionaria del gobierno federal) porque es mi amiga”, compartió Teresa. 

La amenaza y el regaño en su trabajo vino después. “Te va a pasar como a ‘sutana’, ‘fulana’ y ‘perengana’ que ya las corrieron”. Desde ahí la carga  de trabajo para Teresa fue disminuyendo, comenzaron a ignorarla y dejó de llegarle la agenda del diputado. 

“Me dijeron que Ricardo Rodríguez, dirigente en Jalisco de Movimiento Ciudadano,  quería mi cabeza”. 

El despido, ya orquestado, fue por la publicación de una fotografía del coordinador de medios, José Luis Estrada, quien estaba acostado durante una videollamada,  pero que Teresa escuchó haciendo chistes misóginos. 

“Decían que ese señor estaba enfermo y que por eso estaba acostado, yo nunca lo vi enfermo”, denunció Teresa. 

Y aunque Salvador Caro le prometió conseguir una cita con la contraloría interna del Congreso del estado para denunciar casos de acoso por parte de José Luis Estrada, esta cita nunca se concretó.

Teresa no logró interponer una denuncia, no sabía sobre las herramientas que existen para denunciar violencia de género ni tuvo ayuda de sus compañeros o jefe. 

Aún así, para las mujeres que trabajan en alguna dependencia del gobierno y que han sido acosadas u hostigadas sexualmente existe el Protocolo Cero, un mecanismo que creó la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh) pero que por la falta de resoluciones pareciera no ser suficiente. 

En abril del 2019, la Sisemh presentó dicho protocolo con la intención de reducir la violencia contra las mujeres funcionarias públicas dentro del espacio de trabajo. “Todas las denuncias presentadas por acoso y hostigamiento sexual/laboral en las entidades serán erradicadas a través de las capacitaciones y campañas de difusión constantes que estaremos llevando a cabo”, prometió la entonces titular de la Sisemh, Fela Pelayo. 

Sin embargo, a más de un año de su creación, ni la Sisemh, ni la Contraloría del Estado, ni los órganos de control interno de cada institución, han dado alguna respuesta a las más de 50 denuncias que se han presentado. 

Por un lado, la Contraloría informó que en total tiene 56 quejas registradas de junio 2019 al mismo mes del 2020. Pero de las 41 denuncias que recibieron el año pasado solo tres fueron concluidas; y de esas en ninguna hubo sanción.  El resto, que representan el 68%, están en diligencias o en proceso. 

Además, de aquellas que continúan en proceso, hay 9 denuncias que siguen en la espera de que la Sisemh haga su trabajo. 

“En espera de la opinión de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres”, reportó la Contraloría en su informe. 

Lo mismo sucede en el 2020; de las 15 denuncias que se tienen registradas ninguna ha tenido resolución. 

CONTRALORÍA-Protocolo-Cero-denuncias

Esto quiere decir, por ejemplo, que la o las funcionarias que denunciaron acoso sexual el 13 de agosto del 2019 en el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Henríquez aún están a la espera de que la Sisemh dé su opinión. Un año después y las mujeres siguen esperando el proceso burocrático. 

Dicho Instituto es el que más denuncias ha registrado en los últimos dos años, seguido por el  COBAEJ, el OPD Servicios de Salud Jalisco y el Hospital Civil. 

Para Teresa, quien vivió violencia de género dentro del Congreso, este tipo de  las situaciones de violencia se comienzan a normalizar “porque necesitamos el trabajo y ellos son el gobierno y si ellos nos violentan a quién vamos a denunciar”, compartió. 

Además,  de que denunció que aunque sí existe un protocolo para denunciar casos de acoso y hostigamiento sexual, no existen mecanismos para denunciar casos de violencia de género dentro de la administración pública, como el que ella vivió. 

“No sabemos a dónde acudir, no hay un espacio a dónde ir para denunciar estas situaciones”, dijo. 

Otro de los problemas al ejecutar el Protocolo Cero es que la Contraloría registra 56 quejas, pero la Sisemh solo tiene conocimiento de 34, es decir, son 22 quejas las que desconocen. 

En ningún caso han recibido notificación de resolución y aseguran que es responsabilidad de cada órgano interno de control el darle seguimiento a las denuncias. 

“La ‘Unidad de Seguimiento’ manifiesta que hasta la fecha no ha sido notificada por parte de la Autoridad Investigadora de las dependencias enlistadas resolución de cada caso y cuál fue, por lo que el sujeto obligado resulta ser la dependencia que notificó el caso a la “Unidad de Seguimiento”.

De acuerdo con Paola Lazo, titular de la Sisemh, sí faltan algunas modificaciones aunque el Protocolo sirve. 

“Yo veo al protocolo como una muy buena herramienta que requiere de algunas reformas, me parece que tanto a la Secretaría como a la Contraloría nos faltan dientes para asegurarnos que esas dictaminaciones o resoluciones se apliquen”. 

Y reconoció que también falta tener más comunicación con los órganos internos de control de cada dependencia y no solamente emitir recomendaciones y esperar que las acaten, sino tener limites de tiempo y hacer más presión para que resuelvan en tiempo y forma. 

“Tendremos que buscar una solución de manera que cuando la Sisemh solicite la información no nos la puedan negar sino que tengan un tiempo limitado para respondernos y atender a las recomendaciones y que las recomendaciones sean vinculantes”, comentó. 

Por lo pronto, aseguró que trabajarán el próximo año para retomar las acciones de sensibilización y capacitación que bajaron este año; para implementar evaluaciones de quienes ejecutan el protocolo y para detectar más dificultades en el proceso.

 

¿Y a dónde van los funcionarios machistas?

Otra de las herramientas para atender los casos de machismo que ofrece el gobierno de Jalisco es el Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres (Cecovim). Dicho centro ofrece principalmente cursos de nuevas masculinidades para quienes reconocen machismo en su actuar o para funcionarios públicos denunciados. 

Un caso mediático fue el de la denuncia contra Héctor Álvarez, alcalde de Zapotlanejo quien fue denunciado por violencia política de género este año contra la regidora María del Refugio Camarena. Tras la queja, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal Local y la Sala Regional Guadalajara concluyeron que sí hubo violencia de género y el alcalde será el primer sancionado después de que se tipificó en Jalisco la violencia política de género. 

Ante la situación, la Sisemh solo recomendó al presidente municipal que tomara cursos en el Cecovim pero este no asistió. 

Así como él, son pocos los funcionarios que asisten a dichos cursos. De los 349 asistentes que ha tenido el Cecovim del 2018 a julio 2020, solo el 6% han sido funcionarios públicos. Esto además del cambio en la violencia machista que se pueda garantizar después de algunas clases.

 

 

En contraste, hasta julio de este año la Fiscalía del Estado de Jalisco recibió 99 denuncias por violencia de género ejercida por parte de servidores públicos, en promedio, 3 por semana.  Este tipo de denuncias interpuestas han aumentado desde 2015 a la fecha, pues pasaron de ser solo 7 a ser 174 el año pasado.

 

 


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