El embudo de la justicia

Procesos largos, caros y poco eficientes

Marco le cambió la vida a Fabián. El 10 abril a las 11 de la mañana, Fabián manejó al supermercado y después al cajero automático cercano a su domicilio; volvió cerca de las 3 de la tarde y se asustó al ver su puerta abierta, la chapa rota y desprendida. Al susto le siguió el coraje al ver los muebles tirados, los cajones en desorden y las puertas al interior completamente rotas. Al hacer el recuento descubrió que le habían robado decenas de joyas, dos computadoras, una pantalla y una cámara fotográfica.

Tras el reporte a la policía, interpuso una denuncia por robo calificado. Cinco meses después, la Fiscalía citó a declarar a Marco, uno de los delincuentes que confesó el hecho y aceptó ser parte de una banda dedicada al robo de casas, pero el juez lo liberó.

Este tipo de procesos son recurrentes en Jalisco. Los jueces absuelven a 4 de cada 10 personas implicadas en investigaciones penales que la Fiscalía General de Jalisco ha presentado en los últimos 10 años. En dicho periodo, los magistrados han analizado un total de 2 mil 68 casos, y por falta de pruebas para encarcelar a las personas inculpadas o fallas por parte de los elementos de la Fiscalía durante las detenciones o las declaraciones, la liberación de los detenidos es inmediata.

Cuando policías de Ahualulco detuvieron a Marco, llamaron al Ministerio Público para que tomara su declaración ante el juez. La sentencia menciona que “se presentó una violación procesal por la simple razón de que no se hizo del conocimiento al detenido que podía entrevistarse con su defensor o cualquier otra persona”.  A pesar de su confesión, el juez aseguró que los argumentos del Ministerio Público fueron infundados, pues la declaración ministerial del acusado se obtuvo cuando el detenido estaba en calidad de “presentado”.

El Código de Procedimientos Penales de Jalisco establece que el Ministerio Público solo puede ordenar la detención del inculpado cuando se trata de un caso urgente y, si se presentó de manera voluntaria, se le debe hacer saber el delito del que se le acusa, sus derechos, nombrar un defensor o asignarle uno, entre muchos otros.

Se buscó entrevista con algún funcionario de la Fiscalía del Estado, pero su área de atención a medios informó que es un tema que definen los jueces por lo que derivó la solicitud al Poder Judicial. También se solicitó entrevista al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ), pero hasta la fecha no hubo respuesta. 

 

El camino difícil 

Desde 2010 a enero de 2020 se han presentado ante la Fiscalía de Jalisco poco más de 1.1 millones de denuncias, en promedio 117 mil cada año. Para resolverse, los Ministerios Públicos y los policías investigadores hacen las pesquisas pertinentes o concilian una solución entre los implicados a través de la justicia alternativa. En Jalisco, por ejemplo, durante 2019 se abrieron 24 mil 426 expedientes en estos espacios para intentar resolver los conflictos, según  la plataforma Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) del Gobierno de Jalisco, pero representan alrededor de la quinta parte del total de averiguaciones previas abiertas ese año.

 

 

Si no se resuelve en esa instancia, el caso se presenta ante un juez penal que decide absolver al acusado o condenarlo a una pena en la cárcel de acuerdo con las pruebas que aporte la Fiscalía General de Jalisco. A este punto solo han llegado 2 mil 68 casos en los últimos 10 años, de los cuales 4 de cada 10 son casos perdidos por la Fiscalía por lo que los jueces han liberado a los acusados. 

La saturación también es notoria. Cada vez hay más delitos denunciados y, aún así, existe un 88% de delitos no denunciados según MIDE Jalisco; es decir, en realidad suceden casi el doble de crímenes de los que registran las autoridades.

Además, el porcentaje de carpetas de investigación que resuelve el Ministerio Público hasta 2019 fue de 27%; una proporción que ha ido en decremento: en 2016 fue de 32%, en 2017 de 17%, y en 2018 alcanzó un 42%, pero cayó en 2019.

 

Impunidad para Martín

Otro delito que terminó impune fue el que le ocurrió a Martín. Su ilusión por haber conseguido un buen trabajo se terminó cuando lo secuestraron y lo encerraron en un cuarto durante dos días; su confianza en la justicia terminó en agosto de 2017 en la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia donde, tras años de juicio el juez decidió no vincular al proceso por el delito de desaparición forzada a una de las personas que mantuvo incomunicado a Martín.

“Al considerar que no existen datos de pruebas suficientes (…) Al momento de realizar un estudio pormenorizado de los medios de prueba, se advierte que son eficaces y suficientes para establecer que se ha cometido desaparición forzada de persona, mas no para establecer la probable participación de los acusados en la comisión de éste”, se indica en el oficio 05/2018 del STJJ.

Martín se alegró por haber obtenido un trabajo como miembro de seguridad privada. Él y otros candidatos al puesto fueron citados el 7 de junio de 2017 para capacitación en un punto de la ciudad, se subieron a un vehículo que los trasladó durante una hora y los llevaron a un hotel lejano. Tras varias horas en el lugar llegó otra persona que los amenazó, los robó, les explicó que desempeñarían el trabajo de ‘Halcones’ bajo la amenaza de quien no cooperara los matarían o les provocarían algún daño a sus familiares.

Martín escapó en un momento de descanso, pudo volver a su casa y denunció el delito.

Meses después, la Fiscalía detuvo a varios de los implicados que el mismo Martín reconoció y acusó, pero el juez consideró que no eran pruebas para vincularlos a proceso, “pues no se logra acreditar que estos privaron, trasladaron, reclutaron o mantuvieron ocultos en dichos campamentos a quienes se dicen ofendidos”.

 

Procedimientos penales: largos y caros

Los gastos para sobrellevar un proceso judicial pueden ser de hasta 50 mil pesos por trámites de los juicios y puede tomar meses, explicó Alfonso Partida Caballero, Jefe del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara. 

El proceso inicia por la denuncia o la detención de una persona que haya cometido un delito en flagrancia para posteriormente iniciar el proceso judicial.  Una vez detenido, el Ministerio Público de la Fiscalía solicita a un juez la orden de aprehensión o la aceptación del procedimiento para imputar el delito a la persona detenida. Después, el detenido puede ser liberado bajo caución o permanecer en la cárcel, dependiendo la gravedad de su delito.

Durante el proceso, la Fiscalía por medio del Ministerio Público y la policía investigadora reúne las pruebas para presentarlas en un juicio donde y con base en ellas se puede condenar o absolver al detenido.

La sentencia impuesta es susceptible de ser apelada y puede ser modificada “por violaciones al procedimiento como a los derechos humanos, garantías de presunción de inocencia o porque las pruebas no son contundentes, o porque el juez no valoró correctamente el caso y deja sin efecto las sentencias”.

Por ejemplo, aseveró el ex magistrado del Consejo de la Judicatura de Jalisco, si una persona es acusada por cometer un homicidio, se le detiene y no puede ser liberado bajo caución, pero puede demostrar que es inocente; esa decisión está en manos de un juez que puede decidir su culpabilidad pero ser apelada de nueva cuenta por el detenido para revertir la sentencia: “Si la modifica puede quedar en libertad absoluta y si la ratifica se queda sentenciado”.

Con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, que incluye los juicios orales, se incrementó la cantidad de sentencias procedentes, en contraste con las improcedentes, que confirmaban la pena a los delincuentes. Partida Caballero mencionó que estos mecanismos sirven como formas alternas de solucionar delitos como robo simple, fraude o abuso de confianza, que no tendrían la necesidad de llegar a una sentencia.

Sin embargo, aún estos juicios son mínimos comparados con la cantidad de averiguaciones previas que existen. De acuerdo con MIDE Jalisco, desde 2016 a 2019 solo se han emitido 253 sentencias definitivas con la modalidad de juicios orales.

Los juzgados y magistrados también pueden incurrir en actos de corrupción y liberar a personas imputadas con pruebas suficientes.

MIDE Jalisco documentó que 61% de la población percibe a los ministerios públicos y procuradurías como corruptas y el 74% percibe así a los jueces. Este porcentaje se ha incrementado; en 2014, tenían una percepción de 60% y 66%, respectivamente.

“Es un tema oscuro, porque se menciona que hay impunidad cuando se comete el delito y no se investiga o sentencia. Y si en segunda instancia te dejan libre porque logras mostrar que eres inocente, no es impunidad es justicia. Y también hay cosas en que no todo el mundo puede defenderse y demostrar su inocencia”.

 

De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales un procedimiento penal tiene las siguientes etapas:

  • Averiguación previa, que implica la investigación del Ministerio Público sobre un delito y que termina la acción penal contra algún inculpado.
  • La de averiguación judicial, que son las órdenes del juez, mientras no haya un detenido.
  • Previo proceso, donde un juez dicta el auto de formal prisión, las cuales son instrucciones para que un detenido continúe el proceso judicial en libertad o en prisión preventiva.
  • Instrucción, las pesquisas que ordena el juez para preparar el juicio.
  • Juicio, que inicia con la acusación del Ministerio Público y termina con la sentencia procedente o improcedente.
  • Ejecución de sanciones, donde se aplican las penas a quienes sean sentenciados como culpables.
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Saúl Justino Prieto Mendoza

Saúl Justino Prieto Mendoza

Es periodista de formación. Ha participado y colaborado en Radio Universidad de Guadalajara, proyectos web informativos como Tiempos de Enfoque, Vario Bros y Artículo Siete.
Durante su estancia en el periódico El Informador participó en coberturas para redes sociales, web y el diario impreso; posteriormente ingresó al área de periodismo de investigación donde desarrolló trabajos de profundidad sobre temas políticos, sociales y culturales.
Recientemente ha trabajado en áreas de divulgación de las Ciencias Sociales mediante la creación de contenidos multimedia para web y redes sociales.
Tiene casi 10 años de carrera donde ha indagado distintos aspectos de la divulgación e investigación periodística.