El “favor” de liberar a los 6 detenidos

Violencia, desaparición y tortura

Miedo, coraje e impotencia de no poder defenderte por una detención injusta frente a policías vestidos de civil armados con palos y amenazas. Terror de no saber qué pasa, de creer las amenazas de los policías que te aseguran que te van a matar. 

“Yo pensaba que iba a perder la vida por las cosas que nos dijeron, que nos mocharían en pedazos. Yo temía por mi vida, me torturaron, me intentaron ahogar en diferentes ocasiones, me desnudaron, me golpearon”, relató Roberto Carlos Ornelas, rápido, aún con adrenalina. 

Él es uno de los 6 jóvenes que fueron detenidos el pasado 7 de junio durante la manifestación para pedir #JusticiaParaGiovanni. De acuerdo con sus familiares, 5 de esas detenciones no tienen sustento ya que, contrario a las acusaciones, los jóvenes ni siquiera estaban cerca del palacio de gobierno donde se lanzaron bombas molotov. Roberto fue el único detenido dañando el patrimonio. Mario Alberto Rubio Torres estaba junto con Jair Eduardo Moreno García en un restaurante de pizzas; Jonathan Martín Maldonado Núñez grababa con su celular las manifestaciones; Nicolás Ramos Paulino esperaba a su esposa afuera de su trabajo y Ángel Eliu esperaba el camión.

Los jóvenes no fueron detenidos durante las manifestaciones del viernes cuando se registraron, de acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), más de 60 detenciones ilegales y desapariciones forzadas por parte de la policía. Los 6 no fueron detenidos por policías vestidos de civil, ni los llevaron en camionetas sin placas a las afueras de la ciudad. Pero sí fueron amenazados, golpeados y manipulados para hacerles creer que los desaparecerían o los meterían presos en el penal de Puente Grande. 

“Estoy tomando la decisión de levantar los cargos contra los 6 jóvenes que están detenidos por los hechos cometidos el día sábado”, anunció ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Sin embargo, para los familiares, activistas y defensores de derechos humanos, la decisión no se tomó por benevolencia del gobernador, sino tras su insistencia y reclamos. “Aclaramos que Alfaro no levantó los cargos, los cargos son improcedentes porque se violó el debido proceso y la presunción de inocencia (…). Esto es gracias a la defensa de CEPAD y la presión de las colectivas que han acompañado a los familiares, no al represor de Alfaro”, declaró la organización Yo voy 8 de marzo. Además, reclamaron que no se entregó la carpeta de investigación a la abogada y no les informaron a las familias a tiempo cuando los trasladaron de la Fiscalía a Puente Grande. 

 

“Mario” 

“Me cubro el rostro porque me amenazaron de muerte”. Así inicia su testimonio “Mario”,  una de las personas que fue víctima de desaparición forzada por elementos de la Fiscalía de Jalisco. Su rostro está envuelto con una tela roja que le llega hasta el cuello, y unas gafas oscuras cubren sus ojos. Lo que no puede ocultar es la frustración, enojo y el miedo, su voz lo delata.

El 5 de junio junto con su esposa salió a pasear en bicicleta. Ambos, dice, son profesores, y tras varias jornadas de entrega de calificaciones decidieron salir a distraerse un poco. Pero, como muchos jaliscienses víctimas de la violencia, les tocó circular por el sitio y la hora incorrecta. 

Palos gruesos y tubos. Con esos objetos unos sujetos encapuchados amedrentaban a una muchacha en el cruce de las avenidas 8 de Julio y Calzada Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. La estaban golpeando. Él se detuvo y exigió que la dejaran en paz, pero recibió como respuesta una agresión verbal y una amenaza de muerte. 

En un instante estaba rodeado por más de esos sujetos ataviados con chalecos antibalas y a bordo de camionetas sin placas. Uno de ellos le propinó un golpe en la barbilla y provocó que cayera de la bicicleta. Fue el inicio de una larga jornada de tortura. 

Lo levantaron brutalmente por los brazos, le golpearon los genitales y lo subieron a una de las camionetas. Acostado bocabajo en la caja de la pick up siguió recibiendo golpes durante unos 15 o 20 minutos, quizá fue menos tiempo, pero él lo sintió cómo se estiraban los minutos. 

La camioneta se movió. Cuando lo bajaron nuevamente, “Mario” pudo reconocer el lugar. Hace un año había estado ahí cuando fue a presentar una denuncia tras haber sido asaltado. Eran las instalaciones de la Fiscalía en la Calle 14. 

La violencia y la tortura que ejercieron los policías viola la ley y los derechos humanos de cualquier detenido. Del jueves 4 al sábado 6 de junio, CEPAD registró más de 90 actos policiales ilegales entre detenciones y desapariciones forzadas que se denominan así porque participaron agentes gubernamentales y se negaron a dar información sobre su paradero. 

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón confirmó que el viernes se registraron detenciones ilegales que podrían calificarse como desaparición forzada. Detalló que las personas desaparecidas fueron llevadas a lugares lejanos donde las dejaron a su suerte y les quitaron sus pertenencias. Muchas recogieron sus pertenencias en la Fiscalía, lo que comprobó que fue personal de esa dependencia la que los privó de la libertad. 

“Me bajaron brutalmente donde es el estacionamiento de la Fiscalía, al interior, luego, luego así por la entrada, hay un patio grande que tienen del lado izquierdo, ahí nos metieron. Yo levanté el rostro y pude observar que había entre 60 y 100 personas las que tenían ahí. La mayoría eran jóvenes, muy jóvenes”, recuerda “Mario”.

Al lado suyo, donde fue colocado, había un joven que sangraba por la nariz, él le preguntó si estaba bien y uno de los encapuchados le gritó que se callara. Toda su estancia en el edificio público fue así: entre insultos y golpes. 

“¡Ya se los cargó la chingada, hijos de su puta madre! Por sediciosos se los va a cargar la verga”, les gritaron. 

Una persona encapuchada “muy corpulenta” entró en la escena. “Mario” sintió temor. El sujeto les dijo que se callaran o sino los iban a descuartizar, que era muy fácil hacerlo en estos tiempos, desaparecerlos y nadie se daría cuenta. 

“Me causó mucho miedo. Estaba muy preocupado por mi esposa”. Ella también fue detenida, pero junto con otras mujeres, las tenían retenidas en un cuarto anexo. Así estuvieron hasta que alguno de los encapuchados dio la instrucción de que se llevaran a las “féminas”.

A la mitad del video a “Mario” se le rompe la voz. Relata, con un nudo en la garganta, que en ese momento de tortura vio partir a su esposa junto con otras mujeres y creyó que sería la última vez que la iba a ver. “Sentía que nos iban a matar”. 

De acuerdo con los últimos datos  del Observatorio Contra la Tortura, durante 2018 en Jalisco se iniciaron 18 carpetas de investigación o averiguaciones previas por el delito de tortura, pero en ninguno de los casos se emitió una sentencia condenatoria, es decir, no hubo ningún responsable castigado. 

Además, de ese número, sólo una víctima directa o indirecta de tortura fue inscrita ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), unidad federal que permite a las víctimas acceder a una atención psicológica, médica, de trabajo social y asesoría jurídica, para que posteriormente puedan solicitar la reparación del daño.

La coordinación entre policías junto con todos los insumos deja ver que fue una acción planeada por los más altos mandos y posiblemente no es la primera vez que desaparecen personas. “Podemos pensar que se ha hecho antes: levantones, torturas y procesos amañados para llevarlos a juicio. Esto tuvo que venir de mucho más arriba porque participaron entre 50 elementos de policía”, aseguró Rubén Ortega, investigador del departamento de justicia y derecho de la UdeG. 

Según las referencias de “Mario”, él y el resto de mujeres y hombres que habían sido torturados fueron liberados por Toluquilla, en Tlaquepaque, en el cruce de la avenida 8 de Julio (o Jesús Miguel González) y Periférico Sur. 

Quienes iban pasando por ahí vieron a los detenidos huir por un callejón. Cuando los soltaron, los agentes de la Fiscalía encapuchados les ordenaron que corrieran. “Mario” estaba entumido de las piernas y no pudo hacerlo, así que lo siguieron golpeando. 

Aturdido, y una vez que sus agresores y secuestradores se habían ido, buscó ayuda. Pidió referencias geográficas y dinero para tomar el transporte público y regresar a casa. Subió al Tren Ligero Periférico Sur junto con dos chicos que habían sido torturados.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (INEGI, 2016), que recabó la información de 64 mil 150 mexicanos que fueron privados de la libertad, refleja que el 75% sufrió violencia psicológica y un 64% de algún tipo de violencia durante el arresto. Casi la mitad de las personas que declararon ante el Ministerio Público fueron presionadas para dar otra versión de los hechos, una tercera parte de los entrevistados fue objeto de algún método de asfixia y a una quinta parte se le infligieron descargas eléctricas. 

Además, cita la encuesta, menos del 1% de las investigaciones por tortura a nivel federal, concluyeron en enjuiciamiento y condena. 

Al corte del 30 de abril de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) registró 411 quejas contra corporaciones de seguridad pública del estado; la Fiscalía encabeza la lista con 249 querellas. Entre las presuntas violaciones a los derechos humanos están la tortura, lesiones, violación al derecho a la integridad y seguridad personal, entre otras. 

 


En Territorio buscamos involucrar a nuestros lectores en el fortalecimiento del trabajo periodístico que realizamos. Por eso necesitamos de su apoyo para producir información con utilidad, permanencia, calidad y rentabilidad. Esta nota es posible gracias a tu contribución. Si quieres apoyar a Territorio, lo puedes hacer desde acá.

#TerritorioBienPúblico