Jalisco, nodo del lavado de dinero

Es la segunda entidad del país con más casos

Hace nueve años, en Jalisco se documentaron apenas 830 empresas bajo sospecha de operaciones inusuales o preocupantes relacionadas a lavado de dinero, pero en 2020 la cantidad llegó a 3 mil 434. El incremento exponencial coincidió con el descenso en otras entidades como Tamaulipas que, por ejemplo, registró 2 mil 678 operaciones de este tipo en el año 2012 y en 2020 solo 313.

Según los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenidos vía transparencia, Jalisco es la segunda entidad del país con más casos de este tipo desde 2012 a la fecha con un total de 20 mil 715; solo detrás de la Ciudad de México que acumuló 94 mil 398 operaciones inusuales o preocupantes.

El hecho de que Jalisco destaque en las cifras nacionales se debe al fortalecimiento del CJNG y sus ramificaciones que alcanzan a otros países y que aún no han sido detectadas en su totalidades como en otros estados donde se ha acusado de colusión a exfuncionarios públicos y en activo, explica el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores y Antropología Social (CIESAS), Carlos Flores Pérez.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera establece que las operaciones preocupantes son las que involucran a cualquier directivo de la compañía que pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de la mencionada Ley, o que las operaciones estén relacionadas a recaudar fondos económicos para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones que cometan terrorismo, sabotaje, ataques a las vías de comunicación y robo, o al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Mientras que las operaciones inusuales, se refiere a comportamientos empresariales que no coincidan con la función de origen de la empresa, especialmente con la justificación del destino de los recursos.

La UIF detecta a las empresas que incurren en estos actos a través de la Lista de Personas Bloqueadas, un sistema que registra a ciudadanos con sospecha de lavado de dinero, por lo que se suspenden de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado al inculpado.

El Código Penal Federal, define el lavado de dinero la conducta que implique la adquisición, enajenación, administración, custodia, posesión, o retiro de recuerdos a sabiendas que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. El encubrimiento de estos hechos también se castiga.

El cuello de botella que se presenta al momento de trasladar las investigaciones de la UIF a la Fiscalía General de la República sigue siendo la principal falencia del combate al lavado de dinero, analiza el académico Flores Pérez.

Destaca que la UIF ha cristalizado avances en cuanto a la coordinación con instancias internacionales que combaten este delito como el Departamento del Tesoro estadounidense. Pero la inteligencia financiera debe ir de la mano de la procuración de justicia y en ese aspecto hay un déficit importante.

“Las investigaciones no se consolidan. El  esfuerzo sistémico no puede descansar en una sola dependencia, debe haber una sinergia (…) Es tarea de la Fiscalía la comprobación de la información, es su tarea utiliza la información de inteligencia que se le proporciona para articular un proceso judicial ante los juzgados”.

Inmobiliarias, sector ideal para lavar dinero

Uno de los sectores económicos que más han sido utilizados para lavar dinero ilegal es el inmobiliario. Solo en Jalisco, la UIF identificó a las empresas cuya razón está relacionada a este concepto y recopilado mil 198 casos desde 2012 a la fecha.

De hecho, el Gobierno de Estados Unidos ha expuesto varias compañías inmobiliarias que han tenido relación comprobada con grupos del crimen organizado. Un ejemplo es la empresa Desarrollos Inmobiliarios Citadel, cuyo dueño es Eduardo Hassein Figueroa, a la que le fue otorgada en 2009 una licencia de construcción de una torre de departamentos de 25 niveles en Puerta de Hierro en Zapopan.

De hecho, documentos oficiales del Ayuntamiento citan que una compañía más llamada Desarrollo Arquitectónico Fortia S.A. de C.V. que solicitó el comodato de un terreno propiedad municipal para ampliar las vialidades de acceso al desarrollo inmobiliario. Esta compañía también tiene como presidente a Eduardo Hassein Figueroa, actualmente prófugo.

Una muestra relevante fue la Inmobiliaria Prominente, que se adjudicó terrenos dentro del Bosque Los Colomos, aprovechándose de la falta de certeza de la superficie propiedad particular y del Gobierno del Estado. El dueño de la compañía era Héctor Rafael Caro Elenes, familiar de Rafael Caro Quintero, sicario del desaparecido cártel de Guadalajara, liberado recientemente y ahora prófugo

Destaca también la empresa Arquitectura y Diseño en Balance, S.A. de C.V., que en 2014 y 2015 estuvo dentro del padrón de contratistas del Ayuntamiento de Tonalá. Actualmente, la compañía está boletinada en una red relacionada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Todas las entidades privadas mencionadas, están dentro de la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que rastrea las fortunas del narcotráfico.

Las operaciones financieras de los grupos criminales traspasan las fronteras de México, y en Estados Unidos, desde hace décadas se realizan investigaciones y reportes para evitar que suceda. El Departamento del Tesoro asevera que por la codicia, los criminales buscan introducir sus ganancias por vías ilícitas en los sistemas financieros oficiales y legales de manera “disfrazada” para que puedan ser utilizados sin que se detecte su origen ilegal. Esta acción otorga a los grupos delincuenciales a cometer delitos subyacentes su expansión.

Por ello publican y actualizan la lista de la OFAC que actualmente tiene 715 empresas mexicanas en su lista de empresas bloqueadas pendientes de investigación por su relación con grupos criminales que trafican drogas; de ellas 254 tienen oficinas o fueron creadas en Jalisco.

Entre los últimos reportes sobre sus acciones, la OFAC detectó la relación del CJNG y su líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”) con el grupo Los Cuinis encargado de la parte financiera del cartel y de lavar dinero a través de plazas comerciales, hoteles, agricultura y negocios musicales.

Desde el año 2000, la Oficina ha sancionado y detectado a dos mil 200 empresas relacionadas a actividades criminales en México.

Recurrir al sector inmobiliario para lavar dinero se ha repetido durante varios años debido a que es una inversión para los grupos criminales “segura, rentable y con alto grado de plusvalía”, explica el investigador del CIESAS, Carlos Flores Pérez.

El proceso corresponde a la tercera fase de la “limpieza” y más común en organizaciones que tienen la capacidad de mover sus recursos a nivel mundial. En esta etapa, profundiza Flores Pérez, las inmobiliarias pueden aceptar recursos ilegales en contubernio con los grupos criminales o los mismos integrantes crean compañías de este sector, como se descubrió con la familia de Rafael Caro Quintero.

Previamente, las ganancias ilícitas se inviertes en terrenos o proyectos de bienes raíces que conciernen a los grupos y así sostener la legitimación de ese capital ilegal “y potenciar en términos de inversión porque tendrá un potencial de generar un recurso adicional al cual fue originalmente inyectado”.

Un sector más que se ha frecuentado para lavar dinero es el turístico porque no hay un control absoluto del gobierno en sus actividades, ya que, por ejemplo, no se tiene un control riguroso de entradas y salidas de huéspedes, que permite la simulación de la cantidad que llega y en ese proceso se colocan operaciones fantasma para lavar dinero, comenta el investigador.

 

 


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Saúl Justino Prieto Mendoza

Saúl Justino Prieto Mendoza

Es periodista de formación. Ha participado y colaborado en Radio Universidad de Guadalajara, proyectos web informativos como Tiempos de Enfoque, Vario Bros y Artículo Siete.
Durante su estancia en el periódico El Informador participó en coberturas para redes sociales, web y el diario impreso; posteriormente ingresó al área de periodismo de investigación donde desarrolló trabajos de profundidad sobre temas políticos, sociales y culturales.
Recientemente ha trabajado en áreas de divulgación de las Ciencias Sociales mediante la creación de contenidos multimedia para web y redes sociales.
Tiene casi 10 años de carrera donde ha indagado distintos aspectos de la divulgación e investigación periodística.