Jalisco, sin ley ni presupuesto suficiente para combatir desapariciones

Se necesita un marco jurídico que se adapte a las circunstancias del Estado

En México desde 2006 a la fecha hay 61 mil 637 personas desaparecidas. Desde el 2018, Jalisco ocupa el primer lugar con 2 mil 100 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Le siguen Tamaulipas y Chihuahua. A pesar de que las cifras aumentan año con año, las leyes locales que servirían para prevenir el delito, encontrar a las personas y castigar a los responsables, tienen años de retraso. ¿Qué falta para que Jalisco tenga una ley local, con visión nacional y un verdadero diagnóstico del problema? 

Hasta ahora solo siete entidades federativas cuentan con legislación estatal: Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México (pendiente de publicación), cuantifica la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La obligación de plantear, discutir y validar las leyes locales se estableció en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fue promulgada en noviembre de 2017. 

La legislación planteó la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Jalisco destacó porque desde antes de la publicación de la ley federal ya tenía una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas que inició operaciones en agosto de 2017; y poco después arrancó la Comisión de Búsqueda de Personas.

Finalmente, en octubre de 2018 se presentó la propuesta de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco. Y poco después, la propuesta de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco que establece la figura jurídica de “ausencia”, que busca proteger el patrimonio de la persona desaparecida que por su estatus no puede perder sus bienes, derechos, aunque se encuentre imposibilitado de atenderlos adecuadamente.

Aunque pasaron casi dos años de que el Congreso de Jalisco no ha armonizado la ley federal, se organizaron en enero y febrero de este año foros de discusión para complementar las leyes locales. En las jornadas, el diputado Jorge González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, atribuyó los retrasos al esmero en construir una legislación adecuada. 

En mayo aseguró que los propios colectivos y asociaciones de víctimas y familiares de desaparecidos pidieron estar presentes en las sesiones de aprobación de las leyes además de que “faltan algunos detalles”. Se solicitó entrevista con el legislador para consultar el estatus de la propuesta pero no se obtuvo respuesta. 

El panorama para su aprobación pinta pesimista para el encargado del Observatorio Legislativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Alberto Bayardo, ya que considera que “se fue el tiempo”. Esto debido a la cercanía de las precampañas electorales para el proceso del año 2021 y la suspensión de actividades por la pandemia: “Por la experiencia de legislaturas pasadas, en julio o agosto se terminan las actividades. Cuando empieza el periodo pre electoral, los diputados se distraen y están más interesados en los asuntos de su partido político y no del congreso”. 

Las legislaciones, añade, tenían detalles no resueltos y de corto alcance para intentar resolver el problema de fondo. El problema de la falta de armonización es que no se tiene un marco jurídico que se adapte a las circunstancias del Estado. 

Insiste en que la actual Legislatura local cayó en el vicio de exagerar en la presentación de iniciativas. Solo durante su primer año en el cargo, los diputados presentaron mil 200 iniciativas, una cifra habitual para tres años. “Es mucho trabajo. Además, muchas iniciativas están mal hechas y ralentizan el proceso legislativo (…) Prefieren presentar muchas iniciativas de ley aunque no resuelvan nada”.

El presupuesto que hace falta

Desde la presentación de la iniciativa, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), expuso deficiencias agregadas a la falta de la armonización de la Ley de Desaparición Forzada: la falta de presupuesto y que no existen recursos técnicos ni materiales para responder a las desapariciones en Jalisco.

La armonización, explica el CEPAD, es una oportunidad de tener leyes que realmente respondan a las recomendaciones y observaciones internacionales, y que otorgarían una protección más amplia a víctimas de desaparición, así como contribuirían a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral a todas las víctimas del estado de Jalisco. De acuerdo con Alberto Bayardo, una ley estatal se adapta a las circunstancias específicas, como la repartición de responsabilidades de cada dependencia.

Un aspecto más es la falta de personal capacitado y sensibilizado, ya que afirman que se ha mantenido la forma de pensar de las y los funcionarios públicos quienes han sido omisos y negligentes.

CEPAD también señaló que el presupuesto asignado a los organismos relacionados en la búsqueda de desaparecidos es insuficiente, señalaron que “existen diferencias importantes” entre lo prometido por el ejecutivo y el proyecto de presupuesto 2020.  Se había prometido que solo la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas tendría 121 millones de pesos (MDP) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas tendría 35.3 MDP.

La asignación de recursos, especialmente para investigación de desapariciones forzadas en Jalisco, data de 2017 cuando se asignaron 3.5 MDP para la “Investigación y Persecución en Materia de Personas no Localizadas y Desaparecidas”.

El recuento de recursos del Gobierno del Estado desde ese año es el siguiente:

Cómo defienden las leyes a víctimas y familiares

La Ley Estatal de Desaparición de Personas de Jalisco, considera como objetivos prevenir la desaparición y crear oficialmente los siguientes organismos:

  • Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas:

 Un órgano de análisis, opinión y consulta de la Comisión Local de Búsqueda, integrado por cinco familiares de víctimas, cuatro especiales y sociedad civil. Puede proponer y evaluar el accionar de las autoridades.

  • Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas:

Órgano de la Secretaría General de Gobierno que da seguimiento a acciones de búsqueda de personas desaparecidas. 

  • Registro Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas:

Base de datos a cargo de la Fiscalía General del Estado.

  • Banco Estatal de Datos Genéticos (parte del Banco Nacional de Datos Forenses):

Operado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

A nivel federal, el antecedente principal de la legislación para evitar las desapariciones es la Ley General de Víctimas promulgada en enero de 2013. Después de la presión social promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia se creó un marco jurídico que define los derechos de las víctimas y las obligaciones de todos los gobiernos para protegerlas, asistirlas y brindarles reparación integral.

Entre los derechos que brinda la ley se incluye a las víctimas de desaparición forzada de personas, las cuales tienen el derecho a conocer la verdad del caso que lo involucre y a recibir información específica sobre los delitos que las afectaron directamente; en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

El delito de desaparición forzada se define como la comisión de un servidor público o particular que, prive de la libertad a una persona. Este ilícito amerita una pena de cuarenta a sesenta años de prisión y también expone las medidas de reparación de los daños, entre ellos: construcción de lugares o monumentos de memoria, una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas, entre otros.


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Saúl Justino Prieto Mendoza

Saúl Justino Prieto Mendoza

Es periodista de formación. Ha participado y colaborado en Radio Universidad de Guadalajara, proyectos web informativos como Tiempos de Enfoque, Vario Bros y Artículo Siete.
Durante su estancia en el periódico El Informador participó en coberturas para redes sociales, web y el diario impreso; posteriormente ingresó al área de periodismo de investigación donde desarrolló trabajos de profundidad sobre temas políticos, sociales y culturales.
Recientemente ha trabajado en áreas de divulgación de las Ciencias Sociales mediante la creación de contenidos multimedia para web y redes sociales.
Tiene casi 10 años de carrera donde ha indagado distintos aspectos de la divulgación e investigación periodística.