La comunicación roja

Las redes sociales del gobernador al servicio del populismo punitivo

Haciendo una revisión de la estrategia de comunicación en redes sociales del gobernador Enrique Alfaro, hay un estilo de publicación que llama la atención por su estridencia: la promoción de detenciones acompañadas por las fotografías de los detenidos con un cintillo negro en los ojos. Se trata de un ejercicio de exposición poco ético pero bien cuidado, pues busca no violar ningún derecho ni disposición legal, pero termina por justificar, sin ninguna repercusión, formas autoritarias del ejercicio del poder, muy parecidas a las utilizadas en el género llamado nota roja.  

Esto cobra relevancia por dos razones: se trata de un espacio que es el centro de la comunicación gubernamental, pocas veces fiscalizado y que cada año crece el presupuesto público que se le asigna de forma discrecional. Por otro lado, Jalisco es un estado que esta en los primeros lugares en desapariciones en el país, con más de 10 mil personas registradas. En este contexto, los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, según el investigador Camilo Ovalle, llevan 10 años enfrentados a la desaparición de personas, en las que han estado involucradas de alguna manera las policías, como modalidad de gubernamentalidad. Aunado a esto, hay en el estado una crisis forense de dimensiones monstruosas, que ha documentado el periodista Darwin Franco: tan solo en los últimos 21 meses, se han localizado 62 fosas clandestinas de los cuales, solo 86 han sido identificados y entregados a sus familiares.

Todo en una región donde el gobierno desafía constantemente y como nunca la libre expresión y busca minimizar el trabajo crítico de los periodistas.

De ahí que la rendición de cuentas, la transparencia y la participación sean prácticas claves en el ejercicio de gobierno y tomen otra relevancia, pero también abarquen los espacios de comunicación.

Y aunque la promesa de las redes sociales digitales de disminuir el costo de la comunicación, aumentaran su efectividad y acercaran a las personas a una comunicación más bidireccional con el gobierno, no se ha cumplido del todo. En la práctica son más bien herramientas de comunicación que se han centrado en privilegiar los contenidos y criterios estéticos; en ser una forma continua de exposición de opinión que restringen las posibilidades de diálogo y un canal de comunicación con un tratamiento superficial de la justicia penal que ha servido para reproducir prejuicios, estereotipos, juicios y condenas.

¿Qué nos dicen las redes sociales sobre nuestro gobierno y que  implicaciones públicas tienen ese tipo de publicaciones?

 

La nota roja

Aunque abundan las versiones y los lugares, para Irma Lombardo, autora del libro De la opinión a la noticia, el término nota roja fue acuñado en 1889, cuando el editor de El Mercurio Occidental de Guadalajara, fundado por Manuel Caballero, considerado el primer reportero mexicano, hizo que un joven pusiera su mano manchada de tinta roja en la primera plana de todos los ejemplares que se vendían en la calle ese día, haciéndole creer a las personas que se trataba de la mano ensangrentada del asesino que aparecía en la nota principal. La idea de Caballero era vender más periódicos en un contexto dominado por una sociedad conservadora ávida por noticias sobre juicios públicos, homicidios, asaltos, secuestros y prostitución. 

Pero más allá de su función comercial, una de las raíces de la nota roja es el modelo punitivo inquisitorial, en donde un soberano detentaba todas las atribuciones legales de atraer denunciar, detener, encarcelar, acusar, defender, juzgar y sentenciar. Se trata, según Michael Foucault en su libro Vigilar y castigar, de escenificar las penas para inculcar la ley. Es decir, aterrar al pueblo con las penas para ahuyentar el delito. 

Esa forma de informar, de acuerdo con Marco Lara Klahr y Francesc Barata, puede perjudicar enormemente el estado democrático de derecho, los derechos humanos, el derecho a la información, la cultura de la legalidad y la paz. 

Según Lara Klahr, “la primera característica de la nota roja es que aísla la realidad y la saca de contexto. La nota roja enfoca el conflicto penal y lo sitúa en el terreno del pecado y no el terreno de la transgresión legal. La nota roja plantea el debate interminable entre el bien y el mal”.

Lara Klahr habla de que es importante entender que la nota roja es el tratamiento que se le da a los temas de violencia. No es el periodismo dedicado a cubrir la violencia que se conoce como periodismo policiaco, judicial o de derechos humanos. “La nota roja es un mecanismo legitimador de un sistema penal autoritario. Para eso sirve. Es el brazo mediático de un sistema penal concebido como mecanismo de control social. Es decir, es un legitimador de un sistema de justicia avasallante hacia los pobres, avasallante hacia los débiles, avasallante hacia las minorías. Ese es su principal componente”.

Aunque la nota roja ha sido un producto muy lucrativo para la industria de las noticias, no es su única presentación, se presenta también como un canal de exposición, juicio y condena de ciudadanos; reducen la realidad a un tratamiento superficial y alarmista, legitimando violaciones a los derechos humanos y se dedica a gestionar el miedo social.

 

 

Los tuits rojos

Durante los últimos meses, se han publicado desde la cuenta del gobernador una serie de tuits con las mismas características: hombres y mujeres detenidos, con un cintillo negro en los ojos, posando esposados en patrullas o con fondos blancos de la Fiscalía, con una imagen física descuidada y una presencia retadora. Es difícil afirmarlo, pero en la mayoría de los casos no son personas privilegiadas ni en una situación económica ventajosa. El lenguaje utilizado por el gobernador muchas veces tiene un tono amenazante y coloquial (fichitas, malandro, caer el veinte,  sinvergüenzas). Los delitos elegidos de los detenidos no son casuales, son parte de las preocupaciones de la ciudadanía y los delitos con la mayor incidencia: asaltos a negocios, violencia familiar, feminicidios, robo de niños, abuso infantil, etc.

 

Este tipo de publicaciones contienen las características discursivas de la nota roja, de acuerdo con Marco Lara Klahr y Francesc Barata: la dramatización del relato, que el hecho se presente como excepcional y descontextualizado, que haya una narración individualizada (personas concretas y bien definidas), simplificación de la realidad (malos vs buenos), lenguaje irracional que no explora las causas que produjeron los hechos, sino que resalta solo las medidas represiva para acabar con lo acontecido; consumatoriedad, es decir no hay un antes ni un después, para entender el hecho y se utiliza un lenguaje popular. 

 

Para el Dr. Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, este tipo de comunicación va generando brechas entre lo que tendría que ser un modelo alternativo de prevención del delito y de seguridad pública, y lo que resulta más redituable en el corto plazo. La idea de fortalecer el debido proceso, conocer el contexto de las cosas son actividades más complejas que requiere una transformación profunda y de largo plazo que no le interesa tanto a los gobernantes, me dice Garza Onofre. 

El populismo punitivo, dice Garza Onofre, es atractivo, sencillo y popular. Se trata de tener el control del tema de la seguridad pública en medio de tanta incertidumbre. Aspiran a posicionar en el imaginario colectivo una narrativa donde las personas sigan pensando en términos de venganza y no de saber que las desigualdades sociales y las condiciones estructurales no nos hacen a todos partícipes de las mismas oportunidades. 

La idea de que el estado tenga cada vez más personas en la cárcel, que es lo que vende el discurso punitivo, no habla de un mejor estado ni país ni un mejor sistema de justicia. Quiere decir que el estado ha fallado en construir políticas públicas que eviten que esas personas cometan esos delitos. La mayoría de las veces las personas que tocan la cárcel son las personas más pobres que no tienen para defenderse ni para contratar un abogado.

En un estado donde el centro penitenciario Puente Grande es el tercer centro penitenciario del país con más sobrepoblación al estar al 277% de su capacidad y en donde la Comisión Nacional de Derecho Humanos ha calificado a Jalisco por debajo de la media nacional en aspectos como garantizar la integridad personal del interno y estancia digna; condiciones de gobernabilidad, posibilidades de reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos. En Jalisco el 51% de los internos no tienen sentencia, es decir, están en prisión preventiva; mientras en entidades como Morelos, Ciudad de México y Yucatán el porcentaje es menor al 25%. Además, Jalisco es el estado del país con mayor reincidencia, un 31%, lo que reprueba nuestro sistema de reinserción social.

 

 

Para Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, desde hace más de tres décadas, hemos atestiguado el uso excesivo del sistema penal para solucionar problemas sociales. “Al amparo del populismo punitivo, diversos gobiernos han usado al derecho penal con fines políticos, generalizando un discurso que defiende la extensión del catálogo de delitos, el aumento de penas y el uso de la cárcel como las medidas más apropiadas para resolver el problema de la delincuencia y de la inseguridad.”

Para Reneaum Panszi, se utiliza el populismo punitivo porque sirve para ganar popularidad política, haciendo creer falsamente que el sistema penal tiene la capacidad de dar respuesta a la angustia colectiva de la inseguridad, cuando son pocos los espacios en los que puede generar tranquilidad.

El populismo punitivo, para Reneaum, cierra posibilidades para explorar la aplicación de una justicia restauradora que implica aspectos relevantes como la reinserción social y la justicia alternativa. Además, concluye, el populismo punitivo es lesivo del principio de progresividad de los derechos humanos, establecido constitucionalmente, al privilegiar una concepción totalmente represiva del derecho penal. En su opinión, el Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar con una perspectiva de derechos y no con una perspectiva punitiva.

 


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Luis Sánchez Barbosa

Periodista. Estudió derecho y política. Es fundador y director de Territorio.