La Fiscalía desperdicia el dinero y se queda sin construir nuevo Centro de Justicia para las Mujeres

La batalla contra la violencia

Liliana no se suicidó. A Liliana la asesinó su esposo. 

El pasado 3 de marzo, las autoridades de Santa Catarina Cuexcomatitlán encontraron el cuerpo de la joven wixárika de 20 años. Y así, sin autopsia y sin investigación previa determinaron que se había suicidado. 

Semanas después y gracias a la lucha de su familia y de abogadas feministas, lograron que la Fiscalía Estatal se hiciera cargo del caso y que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh) se involucrara en lo que estaba pasando. 

Resulta que Liliana, madre de una niña de 3 años, ya había denunciado violencia por parte de su pareja  y fue él quien la vio por última vez. El 30 de abril, casi dos meses después de que la asesinaran, se exhumó el cuerpo de la joven para hacerle la necropsia correspondiente y se vinculó a proceso a Gelasio “N”, la pareja de Liliana y el principal sospechoso por el feminicidio. 

Sin embargo, el caso de la mujer wixárika pareciera no ser el único, y de acuerdo con las investigaciones de las abogadas del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), este podría no ser el único caso de muertes de mujeres indígenas que fueron catalogados como “suicidios”. Además, denunciaron la atención poco profesional de los agentes de ministerio público en la zona norte y la revictimización que aplicaron a la familia. 

Aún así y a pesar de las carencias, la Fiscalía Estatal no ha puesto como prioridad aquella promesa de construir un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en la zona; eso incluso a pesar de tener el dinero suficiente y etiquetado. 

Y es que, de acuerdo con un informe de la Fiscalía del Estado, este año recibieron un presupuesto de 11 millones de pesos para la construcción de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en la zona norte. Sin embargo, la Dirección de Recursos Financieros aseguró que  hasta la fecha no ha habido ningún avance del nuevo Centro. 

Es decir, desde hace meses la dependencia recibió el recurso necesario para iniciar la construcción y a días de terminar el año no lo utilizó. Esto significa que esos 11 millones tendrán que ser devueltos. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2021, el próximo año no están incluidos esos 11 millones por lo que, de interesarles, la Fiscalía tendrá que volver a gestionar recursos para ahora sí iniciar su construcción.

En febrero de este año, la extitular de la Sisemh, Fela Pelayo, comentó que ya trabajaban en la construcción del CJM en la zona norte y que semanas antes el fiscal Gerardo Octavio Solís se había reunido con la titular de de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa. Sin embargo, Ochoa aseguró que durante su gestión no se les entregaron recursos por no cumplir con los requisitos. 

Además, la información no coincide con lo que comenta la Sisemh, ya que en noviembre Paola Lazo Corvera, la ahora titular de dicha Secretaría, defendió que ya comenzaron a ejercerse dichos millones de pesos para el CJM norte, pero la Fiscalía asegura que no hay avances. 

“Lo que yo pude platicar con el fiscal es que hay interés de por lo menos establecer dos nuevos centros de justicia más que podrían ayudar”, comentó Lazo al iniciar su gestión. 

Desde hace años, activistas feministas y algunas funcionarias han denunciado las pésimas condiciones con las que operan los dos Centros de Justicia para las Mujeres en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta, donde las mujeres tardan 12 horas o más para interponer una denuncia. Además, varias se enfrentan a revictimización por parte de los agentes del ministerio público, poca capacitación del personal y falta de recursos como comida o espacios para niños durante el largo proceso para levantar una denuncia. 

“Si en la Zona Metropolitana la atención (a mujeres y niñas) no ha sido la adecuada, imaginate en el interior del estado, en la zona norte, donde no solo no hay información sino no hay capacidad ministerial ni formación de las autoridades para atender a las mujeres”, reprochó Alejandra Cartagena, abogada de Cladem. 

Según su experiencia con otros casos, las mujeres indígenas se enfrentan a muchas trabas al querer denunciar violencia. Primero, en su cultura y tradiciones no está bien visto señalar a la pareja por violencia. Después, las que se convencen de denunciar no tienen autoridades cercanas y cuando llegan son regresadas a sus casas porque no van lo suficientemente violentadas. 

Para Cartagena, un nuevo Centro de Justicia en la zona norte no está a discusión, es responsabilidad de las autoridades comprometerse a salvaguardar la seguridad de las mujeres. 

“Se tienen que rendir cuentas de ese dinero y explicar por qué no se llevó a cabo. Me parece gravísimo que ante esta situación grave de violencia no sea atendida y cuando se logra tener presupuesto no se lleve a cabo”. 

Pero insistió que las cosas no se solucionarán solo con personal capacitado y suficiente. Urgen más acciones de prevención y más información sobre todo para las mujeres al interior del estado para que sepan todas las formas en las que pueden pedir ayuda si son víctimas de violencia. 

 

¿Y la Fiscalía? Opaca otra vez

Además de no haber ejercido el recurso para el nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía ha sido señalada en varias ocasiones por no entregar la información que tiene o complicar las peticiones para alargar el tiempo de respuesta. 

Este caso no fue la excepción. En noviembre se le preguntó a la Fiscalía Estatal, a la Sisemh y a la Coordinación de Gestión del Territorio cuánto presupuesto se etiquetó este año para el CJM en la zona norte. Días después, las tres dependencias reconocieron no tener la información y la pasaron a la otra entidad. Es decir, la Fiscalía dijo no contar con lo solicitado porque no era de su competencia, y recomendó preguntarle a la Sisemh. 

Después de analizar el caso, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) solicitó a la Fiscalía y a la Coordinación de Gestión del Territorio volver a revisar sus archivos y dar otra respuesta porque ambos eran competentes para conocer dicha información. 

Fue así que un mes después, la Fiscalía investigó más a fondo y aseguró si tener la información. 

Fiscalía-presupuesto-CJM-norte

 

También, después de la presión del Itei, respondió no tener presupuesto ni avances en el proyecto de construcción de dos Centros en Tonalá y Tlaquepaque. 

De acuerdo con las abogadas de Cladem, la Fiscalía no siempre ha tratado bien a las defensoras ni a las familias que sufren un feminicidio. En el caso de Liliana, solo aseguraron que el perito que se encargó de declarar su asesinato como suicidio ya no laboraba en la dependencia, pero no levantaron cargos en su contra como se los pidieron. 

Tampoco han respondido al resto de peticiones que hicieron para capacitar a su personal y ampliar la cantidad de agentes del ministerio público en zonas al interior del estado. 

Y así, la batalla contra la violencia machista y la revictimización de las autoridades continúa en un estado donde los asesinatos de mujeres van en aumento junto con la crisis sanitaria por el coronavirus.


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Katia Diéguez

Katia Diéguez

Es periodista formada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Jalisco. Desde su formación como estudiante y ahora como profesionista ha trabajado en diferentes medios locales como Más por Más, el Diario NTR, Territorio y Mural de Grupo Reforma. En este último trabajó como reportera de la sección local y realizó coberturas diarias y de investigación principalmente en temas de género, derechos humanos, infancia, diversidad sexual y educación. Además, ha complementado su educación con cursos y talleres de periodismo narrativo, de investigación, transparencia, género y derechos humanos.