Ayer, 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Un tema urgente de atender en Jalisco debido a que, solo de 2017 a la fecha, hay 5 mil 850 personas desaparecidas desde el año 2017. En este mismo periodo, de 2017 a la fecha, hay 17 denuncias por desaparición forzada perpetrada por funcionarios públicos, 19 detenidos y 4 personas condenadas por este delito.
Es importante aclarar que, de acuerdo a la ley, existen dos tipos de desaparición: una “cometida por particulares” y otra “forzada”, que se da cuando un servidor público comete este delito o ayuda a un particular a privar de la libertad a una persona, además de evitar proporcionar información sobre su destino o paradero.
Al servidor público involucrado se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.
Destacamos este periodo en la investigación de Territorio, porque en Jalisco se creo en agosto de 2017 la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas con la atribución de recibir las denuncias relacionadas a este tipo de casos y que ha acreditado la participación o consentimiento de servidores públicos en 17 casos. Los detenidos relacionados a las desapariciones son elementos de comisarías municipales de seguridad pública y de la Fiscalía General del Estado; desde el año 2016, solo 9 personas han sido procesadas por este delito y solo cuatro han sido condenados y declarados como culpables.
Para dimensionar la comparativa, las denuncias por desaparición cometida por particulares son 950 personas, de acuerdo a datos compartidos Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del Área de Incidencia, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), ya que los datos de la Fiscalía de Jalisco obtenidos por la asociación civil documentan hasta 13 carpetas de investigación por desaparición forzada cometida por funcionarios y 950 denuncias por desaparición cometida por particulares.
De hecho, el 31 de agosto de 2020 se cumplirán tres años de la creación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, misma que no ha cumplido las expectativas de respuesta a la problemática y garantías de acceso a la verdad y justicia planteadas al inicio de su gestión.
“Ha habido poco seguimiento de los casos de parte de agentes del ministerio público y policías investigadores ante la pandemia y también detectamos retrocesos en cuanto al acceso de información de los expedientes. Justo esas malas prácticas originaron el proceso de creación de esta Fiscalía (…) Es alarmante que a tres años de su creación se repitan las malas prácticas”.
Otros aspectos a mejorar, de acuerdo con Chimiak, son la dilación de los procesos de búsqueda una vez que se reportan casos de personas desaparecidas y el descuido de los casos fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
La CEDHJ también ha documentado casos similares a través de 31 quejas de ciudadanos que acusan a policías de desaparecer a sus familiares. Juan Carlos Benítez Suárez, coordinador del Área de Atención a Víctimas de Personas Desaparecidas, explica que una vez recopilados los testimonios, la Comisión se da a la tarea de acreditar la participación de servidores públicos. Hasta la fecha ha emitido cinco recomendaciones, de las cuales destaca la de 2019 donde recopilaron 84 casos en los que acreditaron la participación de policías de Tlaquepaque, Autlán de Navarro, Tecalitlán y Guadalajara en desapariciones forzadas.
En otros casos también han documentado que integrantes de grupos criminales se hacen pasar por elementos de corporaciones policiacas: “Hubo señalamientos donde los familiares de las víctimas manifestaron que cuando se les privó de la libertad hubo gente ostentándose como personal de la Fiscalía pero después de la investigación no logramos acreditar la participación de elementos”.
Benítez Suárez describe que en sus pesquisas revisan la actuación del ministerio público, la policía investigadora y autoridades a cargo de la investigación de este delito. La CEDHJ ha comprobado que, previo a las desapariciones, los elementos policiales incurren en una detención o retención de las personas y posteriormente su paradero es desconocido.
La muestra más reciente de este comportamiento se dio en las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio de este año por la muerte de Giovanni López provocada por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. La investigación de este caso fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De hecho, la CNDH ha documentado 73 quejas de 2016 a la fecha por detenciones arbitrarias cometidas por policías en Jalisco y dos por desaparición forzada (2019 y 2020).
Entre las acciones que las autoridades deben ejecutar para prevenir que se presenten estos casos, señala Benítez Suárez, está la capacitación en materia de derechos humanos y la reparación integral de los daños a las víctimas. En contraste, la desconfianza en las autoridades se mantiene porque “hay una cifra importante de casos donde las personas, por temor, no denuncian, o también por desconocimiento de las rutas que existen para denunciar”.
En Jalisco se documentan dos casos diarios de abuso de autoridad
La Fiscalía General de la República documenta que desde 2016 a la fecha se han presentado 636 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos en Jalisco (entre ellos la detención arbitraria); respecto al delito de abuso de autoridad, correspondiente al fuero común, ha habido tres mil 621 denuncias en el mismo periodo. En total 4 mil 257 por lo que se promedian 2.5 cada día.
Entre los delitos cometidos por los servidores públicos establecido en el Código Penal de Jalisco está el abuso de autoridad que implica ejercer violencia a una persona, sin causa legítima o cuando aproveche su poder por algún interés propio o de cualquiera otra persona.
Mientras, en el Código Penal Federal, se considera abuso de autoridad detener a un individuo sin justificación y por mucho tiempo; prolongar la prisión preventiva; demorar injustificadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales y no dictar auto de vinculación al proceso o de libertad de un detenido dentro de las 72 horas siguientes.
Todos estos delitos anteriores fueron sufridos por “María Elena”, quien prefirió ocultar su nombre verdadero por temor a represalias. Al llegar a una tienda de conveniencia para comprar agua fue detenida por policías vestidos de civil junto con tres personas más. “Pensé que eran narcotraficantes o algo pero solo decían ‘traes broncas’. Yo pensé que era un secuestro exprés”.
Una vez en un vehículo sin placas, los elementos extorsionaron a los detenidos pidiéndoles hasta 100 mil pesos que ella no pudo pagar y terminaron el recorrido seis horas después en un ministerio público federal donde la acusaron de delitos que ella no cometió.
María Elena consideró denunciar el abuso de los elementos, pero el mismo personal del Ministerio Público le recomendó no hacerlo porque corría peligro de que la mataran. “Así que me tragué mi coraje, me aventé mi proceso de cinco años y ya lo deje por la paz”.
Esto le impidió salir del país por cinco años porque la acusaron de portación de armas exclusivas del ejército y tráfico de drogas.
“Literal hicieron una declaración a su antojo y querían que la firmara. Hacían declaraciones como tortillas. Yo no firmé y me dejaron dos días sin chance de hablar por teléfono”.
Tras cinco días en el Reclusorio Preventivo tuvo que admitir el cargo menor de portación de arma y consumo de drogas para que la dejaran salir, aunque en los exámenes de sangre no se le registró ningún estupefaciente y tuvo que firmar durante cinco años por su libertad condicional y realizar 10 horas de servicio comunitario. “Mejor me hubieran dejado dentro. Fue un suplicio y yo no hice nada, no tenían pruebas de nada. Supuse que era común porque en la cárcel nos decían que éramos ‘los de la cuota’. Parecía que todo esto era algo muy usual”.
A partir de ese día, María Elena no puede ver a policías sin sentir náuseas por lo que le pasó. “Ahora entiendo que es tu palabra contra la de ellos y que jamás vas a poder ganarle a un policía. Y todos están cuadrados, desde los policías hasta el ministerio público y los tribunales”.
De acuerdo con Anna Karolina Chimiak, del CEPAD, la Fiscalía expone problemas para la tipificación de los delitos ya que en muchas ocasiones las desapariciones forzadas son etiquetadas como privación ilegal de la libertad o secuestro, basado en la actuación directa de la autoridad identificada como tal con uniformes, equipo y en su horario habitual.
“Varias desapariciones de personas se han realizado con equipo del Estado como las camionetas y se atribuye las desapariciones a grupos del crimen, pero varias de estas declaraciones se realizan cuando no se ha agotado la investigación y no se han esclarecido los hechos, mismos que deben ser investigados como desapariciones forzadas hasta que se descarte la participación de las autoridades”.