La máquina nunca se detiene

La batalla de San Juan Bautista de la Laguna

Liliana Martínez Facio, habitante de San Juan, dice que todo empezó con un ruido de máquinas que descubrieron perforando en el Camino Real, una ruta histórica de casi 2 mil 900 kilómetros que se creó en la época de la colonia, que iniciaba en la Ciudad de México y terminaba en Santa Fe, Nuevo México, en Estado Unidos, y que cruza Lagos de Moreno, San Juan y Ojuelos. Eso sucedió en 2018, a partir de ahí, la historia es sobre un grupo de personas sin experiencia construyendo un conocimiento comunitario a través del conflicto, entre negativas, indiferencia, engaños, insultos y sobre todo, un desprecio total por pertenecer a una comunidad indígena que intenta defender su territorio de lo que algunos empleados de la empresa Gas Natural Noroeste han llamado “desarrollo”. 

La periodista Laura Castellanos, ha registrado cómo el desprecio a estas comunidades no es anecdótica y sus implicaciones trascienden lo local. Se trata de expresiones racistas que desde el gobierno menosprecian conflictos por la defensa de recursos naturales, de estos pueblos.

Entre la idea de lo jalisciense o la mexicanidad, me dice Fortino Domínguez, antropólogo de la Universidad de Guadalajara, existe la concepción de que el indígena no es algo vivo o presente, sino que es algo del pasado. Esto cobra mayor relevancia si consideramos que en los orígenes de la región de los Altos donde se encuentra San Juan, y de acuerdo con Alfonso Reynoso Rábago, investigador de la Universidad de Guadalajara, la mayoría de la población era autóctona, y la minoría española y mestiza.

Pero el problema es histórico, según Fortino, pues hemos crecido con una educación eurocéntrica y blanca. En donde el mestizaje es una promesa de blanquitud. Mientras que a las poblaciones antes de la conquista se les quiere pintar como salvajes. Eso nos ha llevado a creer institucionalmente y socialmente, me dice Fortino, que no existen los indígenas, y que son más bien gente de fuera.

Esta batalla se libra en San Juan Bautista de la Laguna, que ante la llegada de los grandes proyectos de colonización e industrialización en la zona norte de Lagos de Moreno, se comulga con el tejido del tule, la lucha por la defensa de los recursos naturales y la conservación de sus costumbres identitarias.

Una región que se desenvuelve entre dos de las zonas manufactureras más grandes del Bajío, y que se ha encontrado desestimada por los directivos del progreso industrial y político del municipio.

En donde sus usos y costumbres dan pie a una autonomía organizada, liderada por los comisarios y los tres grandes consejos indígenas, encargados de la custodia de los derechos y obligaciones de los habitantes, la toma de decisiones internas para la conservación de sus tradiciones y su territorio, y la resolución de conflictos comunales.

Aunque la simbología indígena que permanece desde los tiempos de la colonia, la autonomía organizada, y los documentos históricos que validan sus raíces indígenas en la época colonial son pruebas suficientes para que las autoridades del Congreso de Jalisco los registren al padrón de pueblos indígenas del estado, hasta ahora ninguno de los gobiernos municipales los ha reconocido como tal públicamente.

Desde 2018, las más de 10 mil personas pertenecientes a los ocho barrios del pueblo originario de San Juan Bautista de La Laguna, con un discurso de resistencia contra el megaproyecto, han enraizado a sus enseñanzas comunales, artesanas y ancestrales; herencias indígenas de la cultura Olmeca y Tlaxcalteca, ubicadas y fusionadas en tiempos de la Gran Chichimeca, y que están asentados en los más ricos mantos acuíferos que surten de agua al municipio y a la industria.

San Juan pertenece al Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas: de La Laguna, de San Miguel Buenavista y del Pueblo de Moya, todos ubicados en Lagos de Moreno.

 

La disputa territorial

Es frente a la iglesia de San Juan Bautista, la primera fundada en la antes llamada Villa de Santa María de los Lagos, en donde se asoma una lona permanente: una bandera que ha ondeado el Consejo General de la Laguna y que con letras rojas da su negativa al gasoducto instalado por la empresa Gas Natural Noroeste.

Según Liliana Martínez Facio, habitante de La Laguna y antropóloga, hasta finales de ese año ni la empresa, ni las autoridades municipales les habían informado claramente cual era la situación legal del terreno intervenido por la empresa Gas Natural Noroeste, que estaba trabajando en el Camino Real, reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En cambio, en la hoja que les mostró el ayuntamiento decía que el terreno intervenido era en otra zona, las Dos Laderas, pero sin mostrar más documentos.

Por eso, en febrero del 2019 se convocó a una reunión con autoridades del gobierno municipal de Tecutli Gómez Villalobos, el ex comisario de La Laguna, Hugo Reyes, y el Consejo General. El resultado fue un convenio firmado por ambas partes en el que se acordaba que no se modificaría su territorio, que el gobierno municipal detendría la obra y que se evaluarían las opciones para la trayectoria del ducto.

 

 

Sin embargo, este convenio fue ignorado por la empresa. En mayo de 2019, la obra intervino las calles del pueblo y el ducto de gas industrial se instaló a menos de cuatro metros de los hogares de los habitantes y por debajo de las viviendas.

Para el 13 de mayo, la intervención de los terrenos del Pueblo de La Laguna ya habían detonado en un campamento de resistencia a orillas de la obra, en posicionamientos públicos en contra del gasoducto por parte del Consejo General de La Laguna, conflictos internos entre los habitantes del pueblo, una manifestación pacífica que fue reprimida, y la detención arbitraria de tres pobladores realizada por elementos de la entonces Fuerza Única, policías municipales y agentes viales que resguardaban la obra.

Luego de que la policía estatal de Jalisco protegiera a la inversión privada; el Consejo General de la Laguna ganó el amparo 1113/2019 para la suspensión provisional de la obra del gasoducto; pero nuevamente la obra siguió en pie, sin la mediación del gobierno municipal.

 

 

Así, de febrero de 2018 al 16 de agosto de 2020, la resistencia contra el gasoducto industrial y el Consejo General del Pueblo Indígena de La Laguna han caminado entre el marco jurídico y simbólico para buscar la cancelación de una obra que se labró con irregularidades legales en territorio indígena, sin la consulta previa y bien informada, ni la presentación de los permisos de Conagua y Semarnat.

Liliana Martínez Facio, quien durante el 2019 fue vocera de la resistencia, asegura que el gobierno del estado de Jalisco nunca respondió a sus peticiones, y el gobierno federal les dijo que no podían hacer nada porque la obra jamás existió en sus registros.

 

La escuela de la lucha

Dentro de la comunidad, la opinión de los habitantes sobre la aceptación del gasoducto está dividida. Anselmo Martínez Flores, agente municipal del Pueblo de La Laguna, comenta que una parte de los ejidatarios están de acuerdo con la introducción del gasoducto, ya que la empresa de Gas Noroeste ofreció dinero para la adecuación de alumbrado público y la pavimentación de las calles.

En una de las primeras reuniones que sostuvieron los habitantes y los encargados de la obra, “se ofreció hasta un millón de pesos y luego 880 mil como ayuda para la comunidad”, rescata Martínez Facio, “por lo que posteriormente el Agente Municipal convocó a asambleas, pero no tomó en cuenta la participación de los miembros de la resistencia, intentó la disolución del Consejo, incluso llegó a haber intimidación y amenazas. Mientras se celebraba una reunión, afuera había patrullas municipales”.

Para Liliana, después de la recomendación que sacó la CEDHJ toca hacer presión para que la recomendación se cumpla […] “luego de que el amparo no se validara nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos solo con la lucha y la manifestación”, me dice.

El campamento permanece en pie desde marzo de 2019.

Hasta ahora diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, la Red TDT y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo fueron quienes asesoraron y participaron en la Misión Civil de Observación realizada el 26 de mayo de 2019, con la finalidad de dialogar y documentar lo referente al gasoducto; el resultado de acuerdo con María González Valencia, integrante del IMDEC con sede Jalisco es que tanto la empresa, como el gobierno municipal violaron al menos tres derechos fundamentales: el derecho a la información, a la consulta y a la participación.

Fue hasta el 16 de agosto del 2020, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco emitió la recomendación 26/2020 en la cual informa del previo reconocimiento gubernamental municipal y estatal hacia los tres pueblos indígenas en el municipio, sin ser reconocidos públicamente ni tampoco dar aviso formal al Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas.

Durante enero del 2020, el Consejo General comenzó una construir una etnografía comunitaria, así como el peritaje histórico y geográfico. “Fue ahí donde nos dimos cuenta que teníamos toda la documentación (la Carta Virreinal, los nombramientos comunales, el mapeo del territorio) nos daba más garantías, más autonomía, y también para poder luchar por las tierras comunales, y en eso entra también decidir qué sí y qué no, sin depender del gobierno (municipal)”.

El día de hoy, legalmente el Pueblo de La Laguna es pueblo indígena, según el protocolo del estado de Jalisco, pero aunque el Consejo General llevó los documentos al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, todavía no se hace el registro, o al menos, no se les ha comunicado, comenta Martínez Facio.

A pesar de la reciente recomendación emitida por la CEDHJ, hace cuatro meses se les entregaron las licencias municipales para la realización de obra pero estas a su vez incumplen con el proceso de consulta obligatoria e informada referida al Consejo del Pueblo, el Representante Comunitario y el Agente Municipal.

Después de dos años de lucha, el frente de la resistencia y el Consejo General de La Laguna podrían explorar otras alternativas legales y presionar el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDHJ, pues incluso se atenta contra la libertad judicial de sus miembros. Según el informe, la Fiscalía del Estado aún mantiene carpetas de investigación abiertas contra dos de los manifestantes.

Liliana Martínez concluye que frente a la variedad, cantidad y diversidad de movimientos sociales, su lucha parece pequeña, y que no molesta tanto, pero no es así, dice, se trata de la defensa por el Territorio y “eso le ha molestado a gobiernos, administraciones y empresas que están acostumbrados a poseer el terreno y decidir qué hacer con las personas, plantas y animales. Nadie de los que estamos en la lucha nos formamos en la escuela de movimientos sociales”.

 

Este medio solicitó entrevistas al respecto con el presidente municipal, Tecutli Gómez Villalobos, pero hasta el momento han sido rechazadas.

 


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