La violencia infantil en Jalisco

El coronavirus ha enaltecido las pocas acciones de protección infantil

Con 13 mil pesos es suficiente para que una niña de 10 años sane el trauma de una violación sexual presuntamente cometida por un funcionario público. Con 13 mil pesos una niña de la edad de una estudiante de quinto de primaria deberá olvidar cuando fue encontrada desnuda en el carro de un funcionario público. Con 13 mil pesos los padres podrán costear las terapias psicológicas para que su hija sobrelleve la violencia que vivió. O al menos eso es lo que pretende el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al fijar la fianza de 13 mil pesos para reparar el daño de una niña de 10 años que sufrió abuso sexual infantil en Puerto Vallarta. 

En julio, el municipio costero fue noticia nacional cuando se dio a conocer el caso de Luis Alonso, director general de Recursos Humanos de la policía municipal que fue encontrado en su carro con una niña de 10 años desnuda. El hombre fue detenido, pero la impunidad continuó cuando el juez Jorge Luis Solís Aranda decidió que no había delito porque la menor “no sintió placer”. 

Y aunque el juez, que ganaba 20 mil pesos mensuales, fue suspendido y denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, este no es el primer caso de violencia infantil lleno de irregularidades. 

Puerto Vallarta es uno de los paraísos de turismo sexual infantil en el país, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México; y como sucede con otras ciudades costeras, es un punto rojo en casos de abuso sexual infantil y trata de menores. 

De enero a julio de este año se han abierto 84 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual infantil, en promedio, 12 casos de menores abusados al mes. Según los expertos, por cada caso denunciado hay nueve que no se reportan. 

Para los defensores de los derechos de la infancia, la crisis por el coronavirus solo ha enaltecido las pocas o casi nulas acciones de protección infantil que tiene Jalisco.

“Urge buscar soluciones más de fondo. Es lamentable que la situación de los niños durante la pandemia ha ido en detrimento de su dignidad”, lamentó Aristeo López, defensor de los derechos de los niños y director de la casa hogar Ciudad de los Niños. 

Y es que durante julio y agosto se dieron a conocer al menos 5 casos más de menores de edad violentados en el estado, lo que generó indignación entre activistas y académicos. 

De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), de todo el presupuesto del 2019, solo el 2.2% se destinó a la población de 0-17 años. 

“Vemos con preocupación cómo ha disminuido el presupuesto de los programas sociales enfocados en la niñez, dejando en desprotección a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en condiciones más vulnerables”, insistió el Colectivo de Organizaciones e Instituciones por los Derechos de la Infancia en Jalisco (COIDIJ). 

En Puerto Vallarta, aún continúa el proceso judicial que estiman dure al menos 3 meses más. Las abogadas y activistas han evidenciado las fallas en el proceso como la falta de testimonios de los vecinos y del padre, que no confiscaron el celular del presunto pederasta ni analizaron la ropa de la menor. 

Según Sandra Quiñones, la abogada encargada de la defensoría de la menor, la niña fue acechada durante mes y medio, el agresor conocía sus rutas y con quien se movía. Y lamentó en otra entrevista las pocas acciones del gobierno, como si lo protegieran. “El agresor era parte del Estado y parece que con esta serie de acciones el Estado lo que busca es proteger a los agresores, no defender a las niñas”. 

 

Justicia para Elsy

Elsy tenía 12 años, la edad en que algunas niñas se preparan para entrar a la secundaria; esa edad donde no se es completamente adolescente y algunos días aún se disfruta jugar con muñecas o carritos. 

El domingo 16 de agosto, Elsy salió de su casa en el municipio de Tala, Jalisco hacia el rancho Los Conejos donde trabajaban sus papás. Iba por un cargador de celular pero en el camino desapareció. Ese mismo día, 6 horas después de que iniciaron su búsqueda, su familia y las autoridades encontraron el cuerpo de la niña que tenía huellas de violencia. 

Tras la noticia, mujeres y activistas convocaron a una marcha para exigir justicia para Elsy y para todas las niñas y niños violentados en Jalisco. El caso, además, sucedió exactamente tres semanas después del abuso sexual de la menor en Puerto Vallarta. 

Hasta la fecha, el principal sospechoso era el padrastro a quien encontraron muerto unos días después. La Fiscalía no ha confirmado si fue un suicidio o un asesinato y tampoco ha esclarecido el asesinato de Elsy ni ha determinado a ningún culpable. 

Tala resalta como uno de los municipios más inseguros por delitos como homicidio y robo pero el abuso sexual infantil también es frecuente. De enero a julio de este año la Fiscalía reporta 14 denuncias, en promedio, 2 niños son abusados sexualmente al mes en un municipio con 80 mil 365 habitantes. 

 

El abuso silencioso a los niños con discapacidad

En el video solo se escucha el llanto de un niño y se ven sus pies mientras un adulto, José Samuel, trabajador del albergue 100 Corazones lo somete en el suelo. 

El 17 de julio, un vecino grabó la agresión contra un niño de 11 años residente del albergue 100 Corazones que atiende a niños con discapacidad. Casi un mes después, el 13 de agosto, la Fiscalía detuvo al hombre e inició una investigación por maltrato infantil y abuso de autoridad. 

No fue hasta que el caso se publicó en medios de comunicación, en redes sociales y creció la presión social, que el DIF Jalisco, instancia a la cual depende el albergue, aseguró que investigaría el caso.

 

El presunto agresor estará en prisión preventiva durante seis meses en lo que concluye la investigación y la directora del albergue, Miriam Alejandra Vázquez Casillas fue destituida de su cargo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se denuncia un problema de violencia en dicho albergue. En enero de este año, el partido Morena denunció a la casa hogar por abuso sexual contra 12 niños y aunque el DIF reconoció los casos que se dieron durante la administración pasada, un mes después no separaron de su cargo a los presuntos culpables. 

Este mismo año también se denunciaron maltratos en el Hogar Cabañas donde incrementaron los casos de crisis psiquiátricas en los menores y destituyeron a la subdirectora técnico educativa Lizbette Solís-Piedras por no cumplir con el perfil estipulado en el reglamento del hogar. 

 

El acoso también es violencia

En abril, el lugar donde una niña de 13 años iba a hacer deporte se convirtió en un espacio inseguro debido al acoso por parte de un funcionario público. De acuerdo con la denuncia, la menor atendía con regularidad las instalaciones de una unidad deportiva municipal en Mascota, pero a finales del mes, Fernando, el director del Instituto Municipal de Atención a Jóvenes (IMAJ) le mandó mensajes insistentes para verla. 

Después de varias peticiones y con la excusa de que la vería para mostrarle las nuevas instalaciones, la niña le contó a su mamá que fue acosada y la inseguridad que sintió en el encuentro. 

La familia denunció pero, similar a los casos anteriores, el caso necesitó difusión mediática para que las autoridades se comprometieran a investigar. Y es que, a pesar de que la denuncia se interpuso el 4 de mayo, el funcionario no fue retirado de su cargo “porque ninguna autoridad se lo pidió”, aclaró la alcaldesa de Mascota, Sara Eugenia Castillón. Incluso, el presunto agresor se presentó en un acto público en junio aún como representante del IMAJ. 

Tres meses después, el 20 de agosto, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación y el Ministerio Público solicitó una fecha al juez para continuar con el proceso. Sin embargo, hasta la fecha no han reportado avances ni se ha declarado la detención del presunto agresor. 

El acoso en Jalisco se sanciona con uno a cuatro años de cárcel y en caso de ser funcionario público debe ser destituido de su cargo. 

 


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Katia Diéguez

Katia Diéguez

Es periodista formada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Jalisco. Desde su formación como estudiante y ahora como profesionista ha trabajado en diferentes medios locales como Más por Más, el Diario NTR, Territorio y Mural de Grupo Reforma. En este último trabajó como reportera de la sección local y realizó coberturas diarias y de investigación principalmente en temas de género, derechos humanos, infancia, diversidad sexual y educación. Además, ha complementado su educación con cursos y talleres de periodismo narrativo, de investigación, transparencia, género y derechos humanos.