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Durante años, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco estuvo dirigida por Alonso Godoy Pelayo, un personaje que hizo un uso patrimonialista de esa institución. La periodista Sonia Serrano le dio seguimiento durante años a ese tema y documentó el uso discrecional que hizo el auditor de la institución para su beneficio personal. También tenemos que recordar las protestas ciudadanas en contra de Godoy, como aquella vez que se colocó un tótem de una rata afuera de su oficina. En lugar de hacer que la fiscalización fuera una manera de verificar el buen uso de los recursos públicos, Godoy lo utilizó para negociar con políticos de todos los partidos y absolverlos de sus cargos si le llegaban al precio.
Es por esto que en 2017 cuando el Congreso del Estado seleccionó como nuevo auditor a Jorge Ortiz, que llegaba de trabajar en la Auditoría Superior de la Federación y como la persona mejor calificada por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, pudimos esperar que por fin vendría una limpieza a la institución y que ahora sí funcionaría para lo que fue pensada. Entre otras medidas, el nuevo auditor ha hecho públicos los informes de auditoría que envía al Congreso.
Desgraciadamente, los avances que vemos en la Auditoría no corren con esa misma velocidad en el Congreso de Jalisco. Por años la revisión a las cuentas públicas se ha visto como una forma de encubrimiento de todos los partidos políticos, en donde entre todos deciden perdonarse los malos manejos de los recursos y en los pocos casos que llegan a fincar cargos no es por una búsqueda de la justicia, sino para perjudicar a algún político que ha ido en contra de las dirigencias partidistas.
En este sentido, el pasado 19 de marzo de 2020 los diputados de la actual legislatura nos mostraron que estas malas prácticas de limpiar las cuentas públicas no han desaparecido, sino que siguen presentes y es la manera habitual de conducirse. Pese a que la Auditoría encontró irregularidades por más de 60 millones de pesos, los diputados de PMC, PAN, PRI, PRD y del PVEM rechazaron fincar esos cargos.
Al hacer una revisión de los informes de auditoría que la ASEJ envió al Congreso, es posible verificar que en algunos casos no se tratan de cosas menores. Hay alcaldes que han desviado dinero de municipios a partidos políticos, no han presentado facturas de servicios contratados, han pagado por obra pública de menor calidad a la contratada, han pagado por objetos inexistentes, entre otras anomalías. A continuación hago un repaso de algunas de las anomalías más evidentes.
Etzatlán, casi 17 millones de pesos en objetos inexistentes, obra pública sin control y desvío a partidos políticos
La Auditoría encontró que en 2013 se cometieron varias irregularidades en Etzatlán, municipio que era gobernado en ese momento por el panista Bonifacio Romero Velador. De estas observaciones, 16.2 millones de pesos fueron por irregularidades en la obra pública. No es un monto menor, sino que de acuerdo al propio informe de la Auditoría esta cantidad significa el 22% de los recursos gastados por ese municipio ese año. La obra más cara observada fue el empedrado ahogado en cemento de la calle Zaragoza, en donde se gastaron 11.5 millones de pesos y el municipio no proporcionó documentación sobre la memoria de gastos.
Las irregularidades detectadas por la Auditoría también tocan a las compras de ese municipio, en donde hay dos ejemplos muy claros de esto. El primero es que el municipio gastó 91 mil pesos en la compra de llantas y reparaciones, pero no proporcionaron información que compruebe que estas compras y reparaciones fueran para vehículos propiedad del municipio. El segundo es que el municipio pagó 26 mil pesos para la compra de palmas, pero no proporcionó registros que avalen que efectivamente recibieron la cantidad de palmas por la que se pagó ni la ubicación de las mismas.
Quizás el caso más grave, no por su monto sino por su destino, es que la Auditoría encontró que el municipio transfirió recursos directamente a un partido político. En el informe, la ASEJ documenta que en septiembre y octubre de 2013 el municipio de Etzatlán retuvo cuotas a sus servidores públicos y transfirió 28 mil 808 pesos al comité directivo de un partido político, violando las disposiciones del Código Electoral de Jalisco sobre el financiamiento que pueden recibir los partidos.
Las irregularidades de parte de esa administración panista quedan hoy en día registradas por el propio portal de transparencia del municipio, en donde señalan que no cuentan con información de 2012, 2013 y 2014 porque la administración 2012-2015 no la entregó.
Ocotlán, 212 mil pesos en publicidad en Facebook
La ASEJ encontró que en 2016 el gobierno de Ocotlán, de extracción emecista, realizó pagos al director de innovación gubernamental del municipio, Ricardo Castellanos Rivera, para la compra de anuncios en Facebook. Sin embargo, la ASEJ señala que el municipio no presentó contratos de prestación de servicios y que por lo tanto no hay manera de comprobar que en efecto se ejerciera ese pago.
La Barca, obra pública de mala calidad
El gobierno panista de Eduardo Espinoza Salazar en La Barca durante 2013 y 2014 cometió varias irregularidades, principalmente en el rubro de obra pública. La ASEJ muestra que, por ejemplo, en la modernización del Boulevard tramo La Barca-Zalamea en tercera etapa, el municipio no dio copia de la invitación a los contratistas, no dio copia de las bases de la licitación, no dio copia de la propuesta técnica y económica del contratista ganador, además de que el contratista ganador no se encuentra en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado.
En ese mismo municipio además varias obras presentaron irregularidades entre lo que el gobierno contrató y lo que se entregó. Por lo menos en cuatro obras el gobierno municipal recibió calles, avenidas y carreteras con una carpeta asfáltica de menor tamaño a la pagada. La mala calidad en el asfalto es una de las causas de la mala calidad de las vialidades en el país y que en cuestión de años los baches vuelvan a aparecer.
Jesús María, colector pluvial insuficiente
En 2016, el municipio alteño de Jesús María era gobernado por el priista Gilberto López Ornelas. La ASEJ detectó irregularidades por 320 mil pesos en la obra del colector pluvial que va de Jesús María a Ayotlán. En dicha obra, el municipio pagó por un colector pluvial con tubería PVC de 36 pulgadas, y el contratista entregó tubería de menor tamaño. La insuficiencia de los colectores pluviales causan inundaciones en distintas regiones del Estado de Jalisco a las que ya estamos acostumbrados durante el verano.
Ciudad Creativa Digital y el Instituto Tecnológico Superior de Tequila, pagos injustificados
En 2015, el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital realizó pagos por más de 3.5 millones de pesos –principalmente en el rubro “ayudas sociales a actividades científicas o académicas”– sin que se proporcionara documentación a la Auditoría en donde se comprueben y se justifiquen dichas erogaciones.
De manera similar, en 2012 el Instituto Tecnológico Superior de Tequila presentó irregularidades por más de 21 millones de pesos. José Manuel Martínez Becerra, entonces director del Instituto, tuvo irregularidades como el pago de 7.5 millones de pesos en “gastos y apoyos” sin que presentara soporte documental del destino de esos recursos, o el pago de 629 mil pesos en combustible, lubricante y aditivos sin que se comprobara que sirviera a los vehículos oficiales de la institución.
Pese a todas estas evidentes irregularidades, la diputada Mirza Flores, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción señaló a El Informador que “fue un trabajo técnico libre de suspicacias, […] en todos los casos presentaron información para solventar los señalamientos”. El 24 de mayo solicité al Congreso del Estado que se me diera copia de esa información y el 23 de junio me la negaron señalando que el Comité de Transparencia del Congreso reservó esa información a solicitud de Mirza Flores, esto porque “de publicarse podrían afectar gravemente la fama pública de los servidores públicos referidos”. Ya presenté un recurso de revisión ante el ITEI para que el Instituto de Transparencia revise el caso y, esperemos, pueda hacer pública esa información y podamos conocer si realmente la diputada Flores presentó información técnica para que los diputados perdonaran estos evidentes malos manejos de los recursos públicos.
Si bien en algunos de estos casos podría decirse que las observaciones responden a deficiencias administrativas de los municipios y entes, como la falta de soporte documental sobre sus compras, en otros casos es evidente que hubo corrupción en la forma desvíos de recursos. Los propios diputados de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción –Mirza Flores, Bruno Blancas, J. Jesús Cabrera, Irma de Anda, Sofía Berenice García y Gerardo Quirino– votaron a favor de la ratificación de los cargos observados por la Auditoría el 22 de agosto de 2019. Y sin embargo, cuando este tema se llevó al pleno del Congreso el 19 de marzo de 2020, cambiaron su voto y sin explicación alguna votaron en contra del propio dictamen que ellos aprobaron.
Mientras los diputados sigan lavando las cuentas y dejando sin consecuencias a aquellos que hacen un mal manejo de los recursos públicos, seguiremos viendo alcaldes que transfieren recursos públicos del municipio a un partido político o que pagan por obras de menor calidad a la pactada, en donde los afectados serán los propios habitantes del municipio.