Los alcances limitados de los programas de protección a la mujeres

La Estrategia ALE es desigual e inequitativo

En Mezquitic acontece una muestra de la utópica justicia y protección para mujeres violentadas en Jalisco. Para obtener atención de las autoridades tras un evento de violencia deben viajar cuatro horas desde la sierra a una oficina. Si quieren interponer una denuncia, deben salir al municipio de Huejuquilla el Alto (a 45 minutos de la cabecera de Mezquitic) y buscar a un ministerio público, si es que se encuentra, porque frecuentemente cambian al titular.

Estas limitantes se mantienen a pesar de que Mezquitic fue incluido en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde 2018 junto con otros 11 municipios de Jalisco (Puerto Vallarta, Tlajomulco, El Salto, Ameca, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá a nivel federal, y se añadieron Zapotlán El Grande, Mezquitic y Lagos de Moreno, a nivel estatal). La alerta es un mecanismo de protección de mujeres que busca hacer frente a los números alarmantes de agresiones en Jalisco.

En lo que va del año ha habido 36 feminicidios en el estado, dos de ellos en Mezquitic donde solo hay 10 mil 107 mujeres. 

Debido a la situación de los municipios incluidos en la alerta de género, tuvieron prioridad para acceder a recursos de la Estrategia ALE de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), un programa que busca mejorar la situación de seguridad para las mujeres. 

La dependencia asignó 14.3 millones de pesos para la Estrategia en 2019 y 2020 y estableció como tope 660 mil pesos para cada proyecto en este año. Los recursos podrían dirigirse a fortalecer las unidades de búsqueda y rescate con la contratación de personal especializado, crear y fortalecer unidades especializadas en comisarías para el seguimiento y atención de órdenes de protección, fortalecer los refugios, difundir acciones de prevención, adquirir dispositivos electrónicos para el monitoreo y auxilio de víctimas y adquirir uniformes y viáticos.

La directora de Acceso a las Mujeres a la Justicia de la SISEMH, Patricia Sandoval Martínez, explica que la estrategia surgió para apoyar a los municipios en la aplicación de acciones que se requerían en las Alertas de Género difundidas y pretenden mantenerla para el siguiente año con, por lo menos, la misma cantidad de dinero que tuvo en 2020.

Reconoce que en varios municipios, las instancias de atención a mujeres no tenían equipo de cómputo o una instalación digna para brindarles el servicio por lo que se corre el riesgo de revictimizar a las agredidas: “Si no tienes las herramientas para atenderla, se regresa a su casa o se le remite a otra instancia, y ese traslado es revictimizante y se traduce en violencia institucional. Por ello para nosotros era importante fortalecer a las instituciones especializadas”.

Mezquitic recibió poco menos de 350 mil pesos (el máximo delimitado en 2019), con lo cual adquirió un automóvil, folletos y publicidad, equipo de sonido, una cámara fotográfica y equipo de cómputo para la instancia de la mujer dentro de la estructura del municipio. Para las nueve órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia que se expidieron, el presupuesto apenas promediaba 38 mil pesos para cada una.

La Unidad de Atención a la Violencia Familiar (Uavifam) en Mezquitic, que atiende la mayor parte de casos de agresiones a mujeres, no ha visto un solo peso de ese programa, informa la coordinadora Carmela Reyes.

“Me quedé sorprendida. Desconocía que había recurso, jamás tuvimos conocimiento de que existiera el proyecto. Conociendo las atenciones que brindamos, me hubiese encantado gestionarlo bajo la realidad en que se trabaja en Mezquitic”.

“(…) El trabajo que realizamos lo hacemos sin recursos etiquetados, porque lo cubrimos, en su mayor parte, por el DIF”. Este dinero se utiliza para gastos de gasolina de vehículos, viáticos, capacitación o papelería.

Sobre este señalamiento, la encargada del área de Acceso a la Justicia de la SISEMH, Patricia Sandoval Martínez, explica que en los municipios hay varias instancias que se dedican a la atención de mujeres agredidas una de ellas la instancia municipal de la mujer, que recibió el recurso, mientras que la Uavifam es sostenida por los DIF municipales.

En contraparte, Carmela Reyes, de la Uavifam, señala que hasta el momento no se tiene una coordinación con la instancia de la mujer a cargo del Gobierno del Estado, “pero toda la atención a la violencia familiar la lleva tanto Uavifam como el DIF Municipal”.

Recuerda que el único apoyo que han obtenido fue de 60 mil pesos con los cuales realizaron talleres y pláticas de prevención en la sierra Wixárika y en la zona mestiza de Mezquitic: “Son distancias grandes y los vehículos no son aptos para poder ir con facilidad a los lugares; los más cercanos están a cuatro horas de camino”. Al inicio de la actual administración estatal también se concedió un vehículo que fue solicitado por la Uavifam y el DIF.

Profundiza que los casos de violencia más difíciles de atender son los que se registran en las comunidades wixaritari porque en las comunidades se rigen por usos y costumbres, y optan por resolver los conflictos de esa manera. Solo cuando hay violencia extrema se canalizan a la Uavifam.

La falta de Ministerio Público en Mezquitic es una limitante más que evita prevenir la violencia de género. Acudir hasta Huejuquilla el Alto es un martirio hasta para obtener copias de una denuncia, ya que en varias ocasiones ni siquiera el encargado está presente: “Hay veces que las personas desisten por lo tardío de una atención”.

La falta de Ministerio Público afecta a casi la mitad de los municipios del Estado, otras 50 localidades tampoco cuentan con esta instancia según la Fiscalía General, en 10 de ellos existen órdenes de protección a mujeres violentadas.

 

 

En todo Jalisco se levantan 15 denuncias diariamente, en promedio, por homicidio, lesiones, feminicidio, secuestro, tráfico de menores, rapto, extorsión, corrupción de menores o trata de personas contra mujeres, según datos del Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Hay ocasiones en que la Uavifam detecta casos o recibe reportes cuando las mujeres ya se encuentran en un hospital por las lesiones provocadas por hombres, lamenta la funcionaria: “Se denuncia hasta ser una violencia extrema, la distancia y falta de comunicaciones es una limitante para que las estadísticas lleguen a ser atendidas. Si recibimos cinco casos al mes, dos por reporte de hospitales o de autoridades de seguridad que no pudieron resolver el problema”. Por ello, la cifra negra de casos que no se conocen o no se reportan son altos

En contraste, el Ayuntamiento de Zapopan regresó el dinero de la Estrategia y no lo ejerció en 2019; para 2020 adquirió 154 pulsos de vida para la geolocalización de mujeres protegidas. En Guadalajara se gastaron 916 mil pesos en camisas tipo polo con bordados, pantalones, gorras tipo beisbolera, chamarras, botas y trípticos; en la capital del Estado ha habido cuatro feminicidios este año (en 2019 hubo 12), y existen activas dos mil 714 órdenes de protección para mujeres (en 2017 apenas había 598).

Patricia Sandoval Martínez, de la SISEMH, asegura que el recurso para uniformes ha sido provechoso porque son uniformes de la división especializada (grises) que se diferencian a los de el resto de la comisaría: “El tema de los colores en materia de identidad para la atención a mujeres es relevante. No es lo mismo la percepción de seguridad que genera un elemento de seguridad vestido de negro, que da una imagen, a veces, de miedo; en cambio, que llegue una mujer policía que tiene uan formación especializada en tratamiento de violencia con un color más amable, no relacioando a la visión que conocemos de la policia, genera más confianza”. Agrega que con esto se busca homologar las unidades especializadas en todos los municipios.

Algunos gobiernos municipales optaron usar el recurso de la Estrategia ALE para contratar personal especializado como abogados, psicólogos y trabajadores sociales cuyos perfiles fueron validados por la SISEMH para integrarse a las unidades de atención; para el próximo año, comenta Sandoval Martínez, los municipios están obligados a su contratación para dar continuidad.

Menciona que se analizarán las áreas de oportunidad en los procesos de evaluación del programa para considerar que los municipios que menos presupuesto tienen, obtengan más apoyos de parte de la dependencia. 

Para la evaluación final del proyecto en 2020, dice la directora de Acceso a las Mujeres a la Justicia, se contará con 42 indicadores que evaluarán el impacto real del programa que principalmente se dirige a atender conforme a tratados internacionales y normas federales y estatales a las mujeres con o sin órdenes de protección que sean violentadas y que no vuelvan a ser víctimas y primordialmente “disminuir el índice de violencia feminicida”.


Según publicó El Informador, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el primer trimestre de 2020 fueron atendidas un total de 46 mil 783 mujeres en los Centros de Justicia del país, un aumento de  2.93% respecto del año anterior. Jalisco fue la Entidad con más servicios, con ocho mil 261 atenciones en ese periodo (un promedio de 92 al día).

 

SISEMH rechazó la mitad de proyectos para Estrategia ALE

En una respuesta obtenida vía Transparencia, la SISEMH informa que de los cuatro millones de pesos (MDP) presupuestados en 2019 para la Estrategia ALE se ejercieron 3.4 en los 11 municipios incluidos en la alerta de género. En 2020 se etiquetaron 10.3 MDP, pero aún no se tiene un corte ya que los municipios tienen todo el año para ejercer los recursos. Esta cifra dividida entre la cantidad de órdenes de protección a mujeres expedidas en Jalisco durante 2019 y 2020, resulta en apenas 676 pesos por cada una. 

En la respuesta, se añade que en 2020 la dependencia descartó 28 de 51 proyectos presentados por municipios para poder acceder a recursos de la estrategia. Un total de 18 de los 28 municipios son gobernados por partidos de oposición al gobierno estatal; mientras que solo nueve de los 23 validados son de partidos de oposición.

Se puede consultar la lista de proyectos aprobados y rechazados junto con los montos otorgados aquí.

Cada propuesta se dictaminó por un sistema de puntaje que evaluó su diseño con perspectiva de género; continuidad en el fortalecimiento de las Unidades Especializadas para seguimiento de órdenes de protección; contribución para atender la alerta de violencia de género; respuesta al contexto de violencia, y que implemente las medidas del plan “Quédate en casa” relacionado a las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19.

El comité que seleccionó los proyectos tuvo representantes de instancias de seguridad, la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la SISEMH.

Algunos de los municipios rechazados en 2020 cuentan con órdenes de protección para mujeres acumuladas desde el año 2017, como es el caso de Poncitlán (36), Tuxcueca (3), San Juan de los Lagos (51) y Valle de Juárez (2), según informaron vía transparencia. Otros municipios donde sus comisarías protegen a mujeres violentadas y que no están en la lista de beneficiados de 2020 fueron Acatlán de Juárez (30), La Barca (195), Mezquitic (9), San Juanito de Escobedo (11).

La Fiscalía General también documenta que las órdenes de protección expedidas a nivel estatal son 29 mil 007 desde el año 2017 a la fecha, un promedio de 21 diarias. De estas, casi la mitad se concentran en el Área Metropolitana de Guadalajara.

 

 

Solo cuatro municipios recurrieron a los pulsos de vida

A pesar de que una de las posibles etiquetas de gasto de la Estrategia ALE es adquirir dispositivos electrónicos para el monitoreo y auxilio de mujeres víctimas de violencia, también llamados “pulsos de vida”, solo en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta ejercieron recursos para este fin. En total adquirieron mil 206 dispositivos de los cuales han entregado 458.

Tal como trascendió en mayo de este año, el ayuntamiento de Guadalajara fue el que gastó un promedio más alto por cada dispositivo: siete mil 393 pesos; mientras que en Puerto Vallarta el costo promedio fue de mil 740 pesos (el más bajo). 

Regidores de oposición en Guadalajara señalaron irregularidades cuando se asignó de manera directa en beneficio de la empresa Tracking and Security con la compra de los “pulsos de vida”. Mientras el argumento del ayuntamiento fue que la licitación no se realizó por los “tiempos de pandemia”

El presidente del Comité de Adquisiciones, David Mendoza Martínez, argumentó que la empresa cumplía adecuadamente con los requerimientos técnicos de los dispositivos.

 Sobre estos dispositivos, la directora de Acceso a las Mujeres a la Justicia de la SISEMH, Patricia Sandoval Martínez, asegura que han tenido un funcionamiento exitoso tras apoyar la medida que inicialmente promovió el Ayuntamiento de Zapopan.


En Territorio buscamos involucrar a nuestros lectores en el fortalecimiento del trabajo periodístico que realizamos. Por eso necesitamos de su apoyo para producir información con utilidad, permanencia, calidad y rentabilidad. Este trabajo es posible gracias a tu contribución. Si quieres apoyar a Territorio, lo puedes hacer donando desde acá, comprando algunos de nuestros productos en la tienda o asistiendo a alguno de nuestros cursos.

#TerritorioBienPúblico

Saúl Justino Prieto Mendoza

Saúl Justino Prieto Mendoza

Es periodista de formación. Ha participado y colaborado en Radio Universidad de Guadalajara, proyectos web informativos como Tiempos de Enfoque, Vario Bros y Artículo Siete.
Durante su estancia en el periódico El Informador participó en coberturas para redes sociales, web y el diario impreso; posteriormente ingresó al área de periodismo de investigación donde desarrolló trabajos de profundidad sobre temas políticos, sociales y culturales.
Recientemente ha trabajado en áreas de divulgación de las Ciencias Sociales mediante la creación de contenidos multimedia para web y redes sociales.
Tiene casi 10 años de carrera donde ha indagado distintos aspectos de la divulgación e investigación periodística.