Los riesgos de corrupción en la obra pública en Zapopan

Los riesgos de corrupción aumentan cuando hay un monopolio en una acción sin rendición de cuentas.

La promesa del Alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, de licitar todas las obras públicas quedó en el viento. Durante su primera gestión, del 1 de octubre 2015 al 30 de septiembre de 2018, Zapopan celebró 851 contratos para obras públicas, de las cuales 433 se hicieron mediante adjudicaciones directas y 418 obras se realizaron licitación y por invitación restringida. Es decir, en más del 50% de las obras se les dio preferencia al uso de contrataciones no competitivas. 

El 13 de octubre de 2015, sólo unos cuanto días después de tomar posesión como alcalde de Zapopan, Lemus declaró en el periódico Mural que “toda la obra pública se licitaría”. Esto sucedió después de que dicho medio revelara que en la administración anterior se abusó de la figura de adjudicación directa, mediante la cual el gobierno no tiene que poner a concurso la contratación de bienes, servicios u obra pública y en su lugar se le da el contrato de manera directa a las empresas que el ayuntamiento considere pertinente.

Asignar contratos de manera directa representa un riesgo para que se cometan actos de corrupción. De acuerdo al académico Robert Klitgaard, se puede entender la corrupción como un riesgo cuando hay un monopolio en una acción sin rendición de cuentas. 

La mediana en el valor de los contratos de asignación directa durante la pasada administración es de 1 millón 250 mil 847 pesos, lo que nos muestra que la mayoría se acerca a lo que permite el reglamento que es de 1 millón 600 mil. 

Sin embargo, este elevado uso de adjudicación directa en lugar de licitaciones muestra tres principales riesgos: contratos a empresas de reciente creación, contratos a distintas empresas que cuentan con los mismos beneficiarios, y contratos a empresas con conexiones políticas. 

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Empresas de reciente creación

El 10 de septiembre de 2015 los socios José Alejandro Alva Delgado y Maribel de Dios Lepe fundaron la empresa SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S.A. DE C.V., y en menos de cinco meses, el 6 de febrero de 2016, Zapopan les asignó un contrato por 1 millón 528 mil 326 pesos para la construcción de red de drenaje sanitario en la calle Malinalli, de la calle Cholollan a la calle Delli, en la colonia Mesa Colorada. Después de ese primer contrato la empresa ha vuelto a ser beneficiada y en total, durante la pasada administración de Lemus, recibió cuatro contratos por un total de 4 millones 352 mil 761 pesos. 

El 12 de febrero de 2015 Gabriel Franco Alatorre y Alejandro José Padilla Franco fundaron CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS, S.A. DE C.V., y un año después, el 6 de febrero de 2016, Zapopan les asignó un contrato de 1 millón 385 mil 659 pesos para estudios básicos de topografía para diferentes obras. A partir de esa fecha el ayuntamiento les otorgó otros dos contratos por adjudicación directa, y en total en tan sólo dos años recibió más de 4 millones en contratos. 

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Otro ejemplo es la empresa MEGAENLACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. de los socios José de Jesús Palafox Villegas y Rodolfo de Jesús Palafox Pérez, que fundaron el 11 de octubre de 2015. Un año después, el 25 de noviembre de 2016, el ayuntamiento zapopano les asignó un contrato por 1 millón 405 mil 850 pesos. El 17 de marzo de 2017 les asignó otro por 1 millón 15 mil 789 pesos y el 18 de junio de 2018 otro por 1 millón 200 mil 856 pesos. Misteriosamente y pese a ser una empresa favorecida constantemente por el municipio, el 31 de enero de 2019 se disolvió dicha empresa de acuerdo a los documentos en el Registro Público del Comercio.

Redes de empresas

En algunos casos no sólo se trata de empresas de reciente creación, sino que estas tienen relación con otras de las empresas que son beneficiadas. Un ejemplo lo encontramos en las empresas de José Antonio Álvarez García y sus familiares.

El 25 de enero de 2016 José Antonio Álvarez García y María del Carmen Zuloaga Villaseñor fundaron URCOMA 1970, S.A. DE C.V. Tan sólo 4 meses después de fundar su empresa recibieron la primera adjudicación directa por parte del ayuntamiento de Zapopan, y recibieron un contrato por 1 millón 546 mil 969 pesos para la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Manzanos, en la colonia Agua Fría. En total, dicha empresa recibió cuatro contratos por un total de 5 millones 649 mil 157 pesos. 

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Esta no es la única empresa de la que forma parte José Antonio que ha sido beneficiada por Zapopan. El 24 de septiembre de 2015 fundó GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V., donde su hijo José Antonio Álvarez Zuloaga figura como socio y era quien firmaba los contratos ante el ayuntamiento. En cuestión de tres años obtuvo cuatro contratos por parte del ayuntamiento, obteniendo el primero el 4 de octubre de 2016 por 1 millón 495 mil 360 pesos por servicios de consultoría para la elaboración de bases, coordinación técnica del proceso de licitación, contratación y supervisión técnica de la ejecución del complejo C4 Zapopan. En total, dicha empresa recibió cuatro contratos por 5 millones 30 mil 476 pesos. 

De la misma manera, el administrador general de URCOMA 1970, Luis Armando Linares Cacho, tiene su propia empresa que también ha sido beneficiada por el ayuntamiento de Zapopan. El 9 de marzo de 2016 Luis Armando Linares Cacho y José de Jesús Romero García se asociaron para fundar URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ROAL, S.A. DE C.V., y ese mismo mismo año, el 2 de septiembre, le asignaron un contrato por 998 mil 750 pesos con concepto de Programa Emergente de Bacheo de Vialidades en Zapopan Centro Tramo 1. En total, dicha empresa ganó cuatro contratos por un total de 4 millones 893 mil 312 pesos. 

Al final de la administración en 2018, todas juntas estas empresas de reciente creación recibieron 15 millones 572 mil 945 pesos del ayuntamiento de Zapopan.

Conexiones políticas

El 22 de junio de 2017  Maria Luiza Martínez Almaraz y Elisa Julieta Parra García fundaron la empresa J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Menos de un año después, el 13 de abril de 2018, el ayuntamiento zapopano les asignó un contrato por 1 millón 686 mil 334 pesos por concepto de “obras de contingencia”. 

Dichas socias tenían experiencia con el manejo de la obra pública, pero desde el sector público. Ambas eran servidoras públicas en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno de Jalisco cuando el 2 de septiembre de 2016 el periódico Mural reveló que dichas funcionarias manejaban una red de “moches” en dicha Secretaría. De acuerdo a lo comentado en Mural, constructores revelaron que estas funcionarias solicitaban entre 10 y 30% del costo de una obra para que se les asignara el contrato. Esta situación llevó a que fueran separadas del cargo por la Contraloría del Estado.

Además, a la vez que Julieta Parra era socia de esta empresa y recibía contratos de parte del municipio de Zapopan, también ejercía funciones como magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco (TJA), instancia que debiera sancionar administrativamente los casos de corrupción en la entidad. Es imposible saber si Parra incluyó estos datos en su declaración patrimonial y de intereses ante el tribunal, ya que ningún servidor público del TJA ha hecho públicas sus declaraciones en los ejercicios 2019 y 2020. Lo único que es posible saber es que hasta febrero de este año sigue laborando en el TJA con el puesto de secretaria proyectista adscrita ante la primera ponencia de la sala superior (del magistrado Avelino Bravo Cacho), con un sueldo bruto de 85 mil 765 pesos mensuales.

Reflexiones

Pablo Lemus dijo que solo se utilizarían las adjudicaciones directas en caso de emergencia. De haber sido así hubiera utilizado esta figura en menos de 10 ocasiones. Se puede deducir que la comodidad de adjudicar directamente, y así evitar por los procedimientos que marcan las licitaciones, se vuelven una constante pese a los riesgos de corrupción que ya mostramos que tiene esta figura.

Zapopan, en su reglamento de asignación y contratación de obra pública, no cuenta con mecanismos suficientes para evitar la explotación de la figura de adjudicación directa fuera de que no rebase el millón 600 mil pesos cuando no sea una situación de emergencia. Una reforma a este reglamento que busque reducir la discrecionalidad debería obligar a dar una justificación sobre la elección de la empresa beneficiada. Con esto podríamos entender la racionalidad de beneficiar a empresas de reciente creación en lugar de aquellas más establecidas.

Es igualmente necesario conocer las relaciones personales y políticas de aquellos empresarios que reciben adjudicaciones directas para evitar que se entiendan estos contratos como favores políticos o como medidas para beneficiar a otros familiares.

Cabe señalar que esto es sólo la punta del iceberg. Esta misma situación se podría encontrar en los demás contratos asignados por Zapopan, y a la vez podríamos encontrar el mismo patrón en otros municipios y dependencias públicas. 

Hacen falta mejoras en el control interno para evitar estos abusos en la asignación de obra pública. Asimismo, es prioritario que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) trabaje en la generación de lineamientos que mejoren los procesos de planeación, asignación y monitoreo de la obra pública para reducir los riesgos de corrupción.


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Álvaro Quintero

Álvaro Quintero es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO. Es integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Actualmente estudia una maestría en Corrupción y Gobernanza en la Universidad de Sussex, en Reino Unido.