Matar por un cubrebocas en Jalisco

La chispa que encendió el asesinato de Giovanni López

Platicar afuera de tu casa sin cubrebocas con tu hermano mientras esperas la hora de la cena puede ser razón suficiente para ser detenido, golpeado, baleado y asesinado. O al menos esa fue la excusa de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos para detener a Giovanni López. 

El 4 de mayo mientras Giovanni, de 30 años, platicaba con su hermano, fue detenido junto con otras 7 personas durante un procedimiento policial en su colonia. Cuando su familia salió a cuestionar a los policías por qué se lo llevaban, les dijeron que por no traer cubrebocas. Esta fue la orden que emitió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro desde el 20 de abril cuando hizo obligatorio el uso de cubrebocas y pidió a las policías vigilar. 

Un mes después del asesinato y tras no tener avances, el hermano de Giovanni filtró a medios nacionales el video de su detención. Hasta ese momento fue que tanto el alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar como la Fiscalía del Estado y el mismo gobernador se pronunciaron al respecto y se comprometieron a investigar el caso. 

Este viernes, en rueda de prensa, Enrique Alfaro anunció la detención del comisario de la policía de dicho municipio, un mando medio y un policía de base, además de que el alcalde Cervantes Aguilar también fue citado a declarar. Según el fiscal Gerardo Octavio Solís, estas no serán las únicas detenciones por el caso. 

Sin embargo, los abusos policiales y la delincuencia no es nueva en Ixtlahuacán de los Membrillos ni en el historial del alcalde. En el 2017 lo citaron a declarar por la desaparición del ex comisario Álvaro Corona Piceno y el homicidio de su hermano, Gerardo Corona Piceno. En el 2018, su rival a la presidencia municipal, Otilia Díaz lo denunció por amenazas de muerte para convencerla de que dejara la candidatura. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 2019 se registraron en Ixtlahuacán 25 homicidios, 16 de ellos homicidios dolosos, 58 denuncias por lesiones, 8 por narcomenudeo, 46 por amenazas y 2 delitos cometidos por funcionarios públicos

En general, Jalisco es el segundo estado con menos probabilidad de esclarecer un delito. Tiene 0.6% de probabilidad, solo detrás de Guerrero. Además, de acuerdo con el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019, Jalisco es la segunda entidad con menor efectividad en la resolución de investigaciones; solo se resuelven el 7.8% de las investigaciones. 

 

La violencia y la omisión, el único protocolo

La marcha del 5 de junio, convocada un mes después del asesinato de Giovanni López (detenido por no portar cubrebocas, según declaró su hermano), y a dos días de que se diera a conocer públicamente en Latinus el video de su detención, tuvo como antecedente el deslinde inmediato del gobernador Enrique Alfaro a lo sucedido en Ixtlahuacán de los Membrillos, al asegurar que la actuación era responsabilidad de la autoridad municipal, y no estatal.

El otro antecedente fue el 19 de abril que en plena pandemia y en una carrera mediática por posicionarse (a cualquier costo) como el gobernador que mejor ha enfrentado la crisis sanitaria a nivel nacional, emitió un acuerdo para sancionar personas por no usar cubrebocas, sin protocolos claros, con antecedentes de abuso policial, y en un contexto desigual y de alta vulnerabilidad para las personas frente a detenciones arbitrarias, riesgos de extorsión, uso excesivo de la fuerza, actos de discriminación, tortura o desaparición forzada.

Para poner en contexto la medida y la falta de interés sobre sus potenciales consecuencias, el investigador Camilo Vicente Ovalle ha registrado que los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, llevan un poco más de 10 años enfrentados a la desaparición de personas, en las que han estado involucradas de alguna manera las policías.

 

Por eso no es extraño que a pesar de los esfuerzos por articular una narrativa de responsabilidad pública a través de la criminalización y el deslinde, la marcha del jueves que inició en el Parque Revolución y concluyó frente a la sede del gobierno estatal entre fuertes enfrentamientos, fue resultado y demostración de que por acción u omisión, por estrategia o incapacidad, no hubo ningún tipo de coordinación, contención, perímetros de seguridad, acompañamiento, protocolo o equipamiento policial. Lo que puso en riesgo a los asistentes, a los periodistas que cubrían la marcha y a los propios policías. 

De acuerdo con el testimonio de Luis Ángel Oseguera, estudiante del Iteso que asistió a la marcha, algo que le generó mucha confusión fue la ausencia de policías acompañando la manifestación, que del Parque Rojo a la Plaza Liberación transcurrió en total tranquilidad. No se cerraron vialidades ni hubo un operativo para facilitar y proteger a las personas. El contingente iba por la calle esquivando los carros, lo que representó, en su opinión, una violación por omisión a la garantía de ejercer su libertad de expresión. Para Luis Ángel, las cosas se salieron de control por la falta de un operativo policial.  

Un par de cosas le parecieron extrañas: las patrullas vacías, y después quemadas, en la plaza liberación que parecía más bien una provocación, las personas arriba de palacio de gobierno vestidas de civiles hablando por teléfono y observando lo que estaba pasando, y después esas personas acompañando a los policías mientras les daban órdenes para agredir a las personas: ¡Los vamos a chingar! 

La manifestación terminó para Luis cuando un policía lo golpeó y lo tiró al piso. Después de tuitear su experiencia de la marcha junto con una foto, una serie de reclamos llamaron su atención y al revisar su cuenta se percató que una fotografía manipulada lo vinculaba, de forma organizada y dolosa, a la quema de un policía.

Salvo el antecedente de las protestas en contra de la cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea, celebrada en Guadalajara, el 28 de mayo de 2004, no se había visto el nivel de violencia y represión que hubo durante la manifestación por Giovanni. El saldo en aquel entonces (2004), fue de 120 personas detenidas y una veintena de policías heridos. Organizaciones civiles como la Coordinadora 28 de mayo o el Cepad, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentaron casi medio centenar de los detenidos que fueron sometidos a torturas y tratos crueles. 

Todo esto sucedió durante el periodo de Octavio Solís Gómez, actual fiscal y procurador de justicia en aquel entonces, en el que se denunciaron 816 quejas por tortura, se documentaron patadas a detenidos, toques, asfixia con bolsa e introducción de agua a varias partes del cuerpo.

En el caso de la jornada del 4 de mayo, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el resultado fue de 28 detenidos, 6 menores y dos mujeres. De los 28, 13 detenidos presentaron queja por detenciones arbitrarias y abuso policiaco.

Un día después de la marcha continuaron los esfuerzos del gobernador por desacreditar el ejercicio legítimo de la libertad de asamblea pacífica y asociación, al responder a la pregunta sobre cuál era su opinión sobre la próxima marcha en Casa Jalisco: “El reclamo era justicia, está informándose de manera puntual que están detenidos los responsables de los hechos ¿Y ahora por qué se van a manifestar?

 

El día después 

La represión policial y el coraje de los manifestantes no se disipó un día después. El viernes 5 de junio, al menos 100 personas se reunieron afuera de la Fiscalía de Jalisco en la calle 14, pero más manifestantes no lograron llegar al lugar por la represión y la violencia de policías vestidos de civil. 

Hasta el 6 de junio a las 7:56 horas un grupo de ciudadanos reportaron aún 18 personas desaparecidas de al menos 30 que contabilizaron el día anterior. Algunas con intención de manifestarse, otras no, pero todas fueron detenidas por policías armados con palos que los subieron a camionetas sin placas. A algunos los soltaron kilómetros después a las afueras de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sin pertenencias. 

Y aunque algunos familiares de personas detenidas en la marcha anterior lograron entrar a la Fiscalía para pedir más información, el resto de los inconformes se desplegaron hacia la Avenida Colón donde detuvieron el paso del tren ligero en la estación Urdaneta y cerraron las calles laterales para exigir justicia para Giovanni.

Poco antes de la medianoche, Enrique Alfaro se pronunció en redes sociales y se deslindó de los ataques de la policía. “Hoy un grupo de personas de la Fiscalía desacató mis instrucciones y actúo de una manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”, declaró. Sin más, el gobernador se declaró sin control sobre su policía y no anunció ninguna detención o avance en la investigación de las personas que aún se encuentran desaparecidas.

 

+ Con información de Adrián Montiel y fotografías de Mariana Mora. 


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