Cuando la pandemia de la COVID-19 les alcanzó, estas colectivas feministas ya habían decidido que el camino que recorrerían sería el de defender la vida, la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas que habitan fuera de la capital del estado de Jalisco.
Sin embargo, la agudización de las brechas de desigualdad, el incremento de la violencia de género y la limitación de las condiciones de una vida digna y plena para las mujeres durante este contexto llevaron a Vallarta Fem en Puerto Vallarta, Hermanas Violetas en Atequiza, Ixtlahuacán de los Membrillos y Mujeres Visibles en Tonalá a desarrollar estrategias para subsanar estos vacíos y deudas estructurales que vulneraron el ejercicio de los derechos de más de la mitad de la población en el estado.
En este camino por la igualdad y el goce de sus autonomías, resisten y luchan junto con sus compañeras contra la violencia machista, la violencia económica y la vulneración de su derecho a decidir.
Ilustraciones: Ivanna Orozco
Herova, Perla, Cinthia, Lizbeth y Natalie no se conocen, pero recorren un camino común, pues a través del feminismo y el trabajo colectivo luchan por la defensa de la igualdad y el goce pleno de sus autonomías, mientras hacen frente a la centralización de los recursos, la invisibilización de la violencia, la limitación de derechos y la indiferencia social e institucional.
Estas cinco jóvenes forman parte de Vallarta Fem, Hermanas Violetas y Mujeres Visibles, colectivas feministas que tienen sus espacios de acción en los municipios de Puerto Vallarta, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tonalá.
Si bien, algunas de estas colectivas surgieron previo a la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de la COVID-19, la realidad es que este contexto crítico les obligó a emerger con mayor fuerza para combatir el recrudecimiento de los escenarios de violencia de género estructural que laceraron y laceran la vida de las mujeres, jóvenes y niñas en sus comunidades.
Pues a poco más de 40 años de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que derivó, en 2017, en la aprobación de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género, la realidad de mujeres como ellas parece no haber mejorado.
Dicha agenda regional se estableció como una hoja ruta con el fin atender y resolver aquellas problemáticas estructurales que “obstaculizan y reducen el alcance de las políticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres”. Desde la desigualdad económica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado; hasta la concentración del poder y todas aquellas relaciones de jerarquía que persisten en el ámbito público.
Estas líneas de acción han puesto como eje central la noción de la “autonomía de las mujeres” en tres dimensiones fundamentales: autonomía económica, autonomía física y autonomía de las decisiones; es decir, capacidad para controlar y generar sus propios ingresos, garantía para decidir sobre su proyecto de vida y hacerlo libre de violencia y, finalmente, participar en las decisiones que les afectan como individuas, así como a sus entornos familiares y comunitarios.
Si bien, el llamado de la comunidad internacional ha sido hacia los gobiernos de la región para que asuman su responsabilidad, las colectivas y organizaciones feministas han demostrado con su poder transformador que el ejercicio de estas autonomías se suscribe y ejerce desde sus trincheras, a partir de sus propuestas y su labor de defensa. Incluso, cuando el escenario mundial de pandemia parecía haberlo recrudecido todo.
Y esta es la historia que morras como Herova, Perla, Cinthia, Lizbeth y Natalie han forjado día a día a través de sus sororas resistencias.
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Foto: Leslie Zepeda
Cinthia recuerda que Hermanas Violetas surgió para nombrar un grupo de WhatsApp. Ella junto a algunas vecinas, amigas y conocidas de Atequiza en Ixtlahuacán de los Membrillos, querían organizarse para hacer una “pega de carteles”. Era marzo de 2020, se aproximaban las movilizaciones en torno al #8M Día Internacional de las Mujeres y, ya que no todas tenían la posibilidad de viajar a la ciudad de Guadalajara para unirse a la marcha convocada por las colectivas de la capital del estado, decidieron irrumpir a su manera el espacio público de su comunidad.
Ese 8 de marzo fue un parteaguas para el movimiento feminista reciente en el estado. Mientras más de 35 mil mujeres, jóvenes y niñas habían salido a tomar las calles de la zona metropolitana para reclamar una vida digna y sin violencias, al interior de Jalisco comenzaban a articularse colectivas de mujeres organizadas.
Sin embargo, las medidas de confinamiento por la pandemia de la COVID-19 vinieron cinco días después, cuando el 13 de marzo el Gobierno de Jalisco dio a conocer las acciones que se tomarían para evitar el incremento de los contagios de coronavirus, entre éstas: permanecer en casa, suspender actividades en el espacio público, lugares de esparcimiento, escuela y trabajo.
Lastimosamente, la implementación de estas medidas para controlar la propagación del virus, llevó a las poblaciones del mundo a encontrarse frente a “otro peligro mortal”: la violencia contra las mujeres, así lo denunció Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en abril de 2020.
El estado de Jalisco en México no fue la excepción.
Las redes feministas en el país han coincidido en ello: la violencia feminicida es la pandemia que no termina y que se recrudeció durante el periodo de emergencia sanitaria, arrebatando la vida a 11 mujeres diariamente en México y a más de una en Jalisco todos los días, por lo menos, a 37 cada mes durante el 2020. De acuerdo con el Informe sobre violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Jalisco se posicionó como la sexta entidad con más feminicidios perpetrados; es decir, uno de los que más registraron asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres.
Cinthia reconoce que Hermanas Violetas llegó a sus vidas casi a la par que la pandemia, por lo que, el proceso de adaptación ha sido casi en paralelo. En su opinión, lo más difícil fue ver limitada su capacidad para protestar, pues “al ser un pueblo pequeño, no hay muchas mujeres que puedan asistir (a las manifestaciones públicas) y con la pandemia ese número se redujo más”.
Atequiza es una comunidad importante, pero pequeña. Se ubica en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos y habitan al menos 9 mil 561 personas, de acuerdo con el último CENSO del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); de éstas, el 50.3% son mujeres (4 mil 816). No obstante, en términos generales, aquí habita el 0.11% de las mujeres, jóvenes y niñas de todo Jalisco (4 millones 249 mil 696).
Pero, más allá de la densidad poblacional y las limitaciones que la pandemia ocasionó en su poder de convocatoria para realizar acciones públicas, para Lizbeth, encargada de la administración de las redes sociales en la colectiva, el mayor problema al que se han enfrentado es al conservadurismo, los estigmas y prejuicios machistas que rodean la idiosincrasia de un número importante de sus habitantes y, por supuesto, la centralización de los recursos que necesitan para realizar su labor.
Si bien, la colectiva planea a mediano y largo plazo realizar acciones de defensa junto a familiares de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia de género, por ahora han decidido enfocarse en realizar acompañamientos de aborto seguro en casa a mujeres que lo requieran.
En octubre, tras un proceso de capacitación que llevaron junto a la Colectiva IMPRUUV, agrupación de profesoras que a través de la virtualidad ofrecen formación, acompañamiento y círculos de autoconocimiento feminista, realizaron su primer aborto seguro en casa. No fue fácil, dice Cinthia pues, explica que todos los recursos, principalmente los medicamentos que necesitan, están en Guadalajara o en ciudades vecinas como Ocotlán.
Algo así como a 49.3 kilómetros de distancia del punto más cercano en donde pueden adquirir el Misoprostol, fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar interrupciones del embarazo inducidas.
“La compra de misoprostol y demás medicamentos para el proceso de aborto no lo hacen en farmacias locales, tienen que ir a Guadalajara o a Ocotlán. Creo que uno de los factores es que no hay recursos, si bien, los puede haber, no es fácil conseguirlos” señala Cinthia. Además, menciona que no todas las jóvenes quieren acudir a laboratorios locales a realizarse los análisis clínicos que se recomiendan para llevar a cabo la interrupción elegida “por miedo a ser juzgadas”.
Durante contingencia sanitaria por la COVID-19, la OMS reconoció que los servicios relacionados con la salud reproductiva de las mujeres (incluida la anticoncepción) tendrían que ser considerados esenciales y de alta prioridad. Sin embargo, en el caso México, las mujeres que no residían en los dos únicos estados del país (Ciudad de México y Oaxaca) donde el aborto hasta ese momento era garantizado sin excepción causal, experimentaron marginación, discriminación, desigualdad, criminalización e, incluso, riesgo de vida en la búsqueda del acceso a este derecho humano.
Así lo documentaron y experimentaron organizaciones y colectivas como Hermanas Violetas. Es importante, advertir que, de acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Jalisco ocupaba el lugar número seis a nivel nacional con más usuarias atendidas en servicios de (ILE) en la Ciudad de México, con 616 mujeres desde abril de 2007, hasta el 26 de septiembre de 2019.
Lizbeth, dice que tomaron la decisión de volverse acompañantas de abortos porque hacía falta visibilizar más el derecho a decidir, pero, sobre todo, información dentro de “un pueblo tan conservador como este, donde se han visto desde hace años embarazos no planificados ni deseados en la adolescencia” y en el que “siempre recae la responsabilidad en la niña, joven o mujer” advierte.
Y de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ella tiene la razón. En los últimos tres años (2019 al 2021), el abuso sexual infantil y la violación ocupan el segundo y tercer lugar como los delitos por razón de género por los que más carpetas de investigación se registraron en Ixtlahuacán de los Membrillos, 94 y 10 respectivamente. En primer lugar, se encuentra la violencia familiar con 210 carpetas.
En tanto, a decir de la misma autoridad y, a través de una solicitud de acceso a la información, 2020 fue el año en el que más delitos de esta naturaleza se cometieron: 120 entre abuso sexual infantil, acoso y hostigamiento, trata de personas, violación, violencia familiar y abuso sexual. Un año antes, en 2019 se abrieron 99 carpetas y un año después, 2021, 106.
Foto: Leslie Zepeda
“Aquí en la comunidad hace falta visibilizar más al tema, porque sí hay muchas chavas que se animan a investigar, a saber más, pero sigue ese miedo del qué piensa la gente” dice Cintihia, quien también reconoce la urgente necesidad de despenalizar el aborto voluntario, reconociendo que este es un tema de salud pública y de derechos humanos, no de moral o juicio social.
De acuerdo con la última versión de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH-2016), sólo el 10.6% de las mujeres actual o anteriormente unidas de 15 años y más han tenido la posibilidad de decidir tener o no tener hijos, el porcentaje es igual (10.6%) sobre cuándo y cuántos hijos tener. Por eso, para Cinthia, la labor de Hermanas Violetas es vital. Cada interrupción que han realizado ya sea dentro de la comunidad o a través de sus redes sociales, significa: apoyar a mujeres, jóvenes y adolescentes para que puedan seguir con sus proyectos de vida, pero, sobre todo, a tomar esta decisión ejerciendo su autonomía.
“No considero que seamos las que cambian la vida de las mujeres, sino las que apoyamos a que sigan con la vida que ellas están construyendo. Muchas tienen estos tabús que la religión y la familia les impuso sobre que “el aborto está mal”. Entonces, sobre todo, en la comunidad es lo que aportamos: romper estigmas, tabús y sororidad a quien lo decide” finaliza Cinthia.
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Foto: Leslie Zepeda
En medio de la contingencia sanitaria fueron las comunidades y las organizaciones de base para la defensa de las mujeres, quienes se volvieron “clave” a la hora de prevenir y enfrentar esta crisis.
A decir de la directora Ejecutiva de ONU Mujeres, se convirtieron también en las primeras en reportar y documentar un incremento en las denuncias de violencia física y sexual al interior de los entornos familiares, señalaron el desbordamiento de la capacidad de los refugios para atenderlas y los múltiples efectos que la pandemia trajo al bienestar de las mujeres en su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad para liderar la recuperación de las sociedades y economías, sin olvidar mencionar, la posibilidad de participar en estas decisiones.
Y, hasta el día de hoy, han sido estas agrupaciones colectivas en distintas regiones del mundo las que se desempeñaron en primera línea.
Al igual que Hermanas Violetas, la colectiva Vallarta Fem surge frente a la necesidad de salir a tomar el espacio público y reivindicar desde el feminismo los derechos humanos de las mujeres, además de exigir alto a la violencia de género y machista. Herova Olmos, fundadora y Coordinadora General, relata que antes de la colectiva, en Puerto Vallarta, no existían iniciativas feministas. La mayoría de éstas dice, se encontraban en estados colindantes como Nayarit o en la capital, Guadalajara.
Si bien, el nombre de la colectiva nace como una idea de madrugada, el objetivo de fondo era convocar a las mujeres a manifestarse en el marco de las “Diamantadas” en agosto de 2019, movimiento nacional que exigía justicia ante la violencia policial que elementos de seguridad pública habían ejercido en contra de una estudiante en Ciudad de México. Poco a poco, las mujeres alzaron la voz en los distintos estados del país y se destaparon más y más casos de policías que cometían violaciones, hostigamiento, abuso y agresiones sexuales.
Bajo el lema “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas” millones de mujeres, jóvenes y adolescentes salieron a tomar las calles de toda la República. Y gracias a la convocatoria que lazó Herova a través de una página de Facebook con el nombre de la recién creada colectiva, también lo hicieron al menos 300 mujeres en Puerto Vallarta.
“Lanzamos el evento -lancé el evento- y hubo una respuesta enorme. Lo empezaron a compartir sobre todo las jóvenes, ellas fueron las que tomaron las riendas de este movimiento. Según las estadísticas del evento, iban a ser mil asistentes, esa era una cantidad muy grande, siendo Puerto Vallarta. Entonces, llegamos ese día y no eran las mil, pero sí eran 300. Desde ese momento identifiqué que tenía que haber continuidad, que no podía quedarse en sólo una marcha. Me dije “tenemos que hacer algo más”. Tenía que comenzar a pensar de qué otra forma íbamos a incidir en Vallarta”.
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Así, junto a sus amigas y mujeres afines comenzaron a organizar más eventos; círculos de lectura, reuniones entre mujeres para hablar sobre violencias y, ahora, a casi tres años de su nacimiento, ya han impulsado ferias, mercados sororos, talleres, conferencias, capacitaciones para empresas e impulsado políticas en materia de derechos de las mujeres y perspectiva de género.
“Este espacio les gustó tanto, o les hacía tanta falta que por eso sigue vigente” afirma Herova.
Y sí.
Tras evidenciar el incremento exponencial de casos de feminicidio, de desaparición de mujeres y, particularmente, de víctimas de violación, abuso sexual y abuso sexual infantil, organizaciones feministas en Jalisco lograron el 30 de noviembre de 2018 la emisión de la declaratoria federal de Alerta de Violencia de Género (AVG); aunque dos años antes, en febrero de 2016, ya existía el antecedente de una alerta a nivel estatal gestada desde la sociedad civil. En esta declaratoria de AVG, las agrupaciones solicitaron poner mayor atención a ocho municipios particulares: Guadalajara, El Salto, Lagos de Moreno, Mezquitic, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande, Zapopan y Puerto Vallarta.
“Vallarta no es un paraíso”, es la consigna que la colectiva ha repetido una y otra vez en sus manifestaciones para evidenciar que este lugar turístico esconde una realidad violenta para las mujeres, jóvenes y niñas que lo habitan. En 2018, el Informe Especial de la Situación de Violencia contra las mujeres de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para el caso Puerto Vallarta ya había expuesto que la ciudad fue considerada como prioritaria para las AVG federal y estatal por “la problemática de trata de personas y el número de casos de muertes violentas de mujeres registradas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”.
Además, de acuerdo con el “Diagnóstico de Violencia contra las Mujeres en el municipio de Puerto Vallarta”, las mujeres de esta ciudad “refieren solicitar mayor número de órdenes de protección, con un 8% en comparación con la medida estatal que es del 4%”, advirtió María Elena García, Subsecretaría de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, durante la tercera sesión de la Mesa Técnica de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puerto Vallarta.
Perla, quien es enfermera y se encarga del área de educación sexual en la colectiva, explica que, lamentablemente, pese al escenario de violencia reconocido a nivel estatal y nacional, “la justicia se tapa los ojos” al tiempo que el funcionariado público dentro del Centro de Justicia para las Mujeres normaliza las violencias o, simplemente, las ignora. Si bien, aplauden ser uno de los municipios, después de Guadalajara, en tener un centro de justicia, consideran que esto no es una “victoria”, pues aún hace falta dotarle de recursos para volverlo eficiente y operativo, así como, de capacitación y sensibilización al personal que atienda dignamente a las usuarias.
De tal forma que, la ausencia de una perspectiva de género y de derechos humanos en el quehacer de las instituciones, expresa Herova, se traduce en “una violencia sistémica” que limitan el ejercicio de sus derechos y obstaculizan el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas del machismo y el patriarcado.
Como estudiantes de derecho, Herova junto con sus compañeras integrantes de la colectiva, reconocen que ejercer la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde el feminismo en esta ciudad turística no ha sido sencillo. Por un lado, han tenido que enfrentarse al conservadurismo y la apatía “que impide que las personas se vuelvan conscientes y se involucren en estos temas”; y, por el otro, han experimentado el peligro que significa ser visibles en una ciudad con estas características “no es como otros lugares donde hay tantas mujeres que no puedes ubicar sólo a una”. Desde ser identificadas por agentes de la policía en las manifestaciones -al ser muy pocas-, hasta vivir con miedo de ser amedrentadas por trabajar estos temas “sin anonimato”.
“Pese a que estemos en una ciudad turística, se trata de una ciudad conservadora y machista, y es por lo tanto muy difícil que las mujeres participen en estos eventos porque les da miedo, pues como dice Herova, nos tienen identificadas, saben quiénes somos, cuál es el colectivo. Temen ser señaladas e identificadas. No tenemos anonimato porque somos muy pocas las que salimos a marchar y a gritar”, considera Perla.
Desde su inicio, Vallarta Fem ha decidido apostar por visibilizar y desnormalizar la violencia machista en todas sus formas y en distintos espacios de la vida pública y privada de las mujeres: escuela, trabajo, instituciones y calles. También, se han dedicado a incidir en políticas públicas y brindar, junto con abogadas aliadas, acompañamiento a mujeres, jóvenes y niñas víctimas de violencia.
Uno de esos casos que han acompañado y visibilizado, quizá el más importante, aconteció durante el contexto de pandemia, periodo que marcó la vida de miles de mujeres en Puerto Vallarta, quienes se quedaron confinadas en casa junto a su agresor principal, expone Herova.
YJJH son las iniciales de la niña de 10 años que el 26 de julio de 2020 fue víctima de Luis Alonso “N”, funcionario en activo (ahora exfuncionario) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El caso se conoció luego de que Vallarta Fem junto a otras colectivas y organizaciones de mujeres en el estado, denunciaran que el hombre fue encontrado en flagrancia por elementos de la policía municipal mientras agredía sexualmente a la menor de edad dentro de su vehículo particular.
“No daba nuestra cabeza para entender que esta persona, no sólo era funcionaria pública, sino que se desenvolvía como director de Recursos Humanos en esta corporación, esta persona se encargaba de contratar a las personas que nos iban a proteger” dice Herova.
Comenzaron con una protesta a las afueras de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta. Recuerdan que decidieron “desacatar” las medidas sanitarias por la COVID-19 y movilizarse en el espacio público frente al silencio, la indiferencia y las irregularidades en el proceso judicial del caso: “lo hicimos ahí porque el ministerio público no hizo bien su trabajo y decía que no había sido corrupción de menores porque la menor lo había disfrutado”.
Como también lo denunciaron cientos de mujeres organizadas en el estado, el proceso judicial estuvo plagado de omisiones y negligencias para integrar la carpeta de investigación y, por supuesto, rodeado por funcionarios públicos y un juez que carecían de perspectiva de género y de conocimientos básicos sobre el Interés Superior de la Niñez, manifiesta Herova.
Si bien, el 1 de agosto de agosto Luis Alonso “N” fue vinculado a proceso por el delito de agresión sexual infantil, dadas las omisiones y graves faltas en las que incurrió la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta al “no perseguir más de dos agravantes” y al no acreditar también el delito de corrupción de menores, la decisión del juez Jorge Luis Solís Arana, fue rechazar la vinculación a proceso.
El viernes 14 de agosto en la segunda audiencia de vinculación sobre el caso, manifestó que no podía acreditarse el delito de corrupción de menores, pero, además, no dudo en advertir que esto era así porque la niña de 10 años “había sentido placer”. Luego del reclamo público que realizaron las organizaciones de mujeres, así como por el acompañamiento que llevó a cabo la representante legal de YJJH y su familia, la Fiscalía del Estado de Jalisco apeló la decisión del juez sobre no vincular a proceso al exfuncionario de Puerto Vallarta por dicho delito y, finalmente, el 21 de agosto se logró la vinculación a proceso por corrupción de menores agravado.
La labor de visibilización y denuncia que realizaron provocó en la sociedad vallartense “empatía” y solidaridad: “de todos lados, no solamente feministas, no solamente las mujeres que apoyamos a mujeres, toda la sociedad se unió como una causa común”, añade Herova.
“Si no lo hubiéramos hecho, todo hubiese terminado como los demás casos: desapercibidos” insiste, sin embargo, precisa que uno de sus objetivos más importantes como colectiva es que las autoridades cumplan con su función de dar justicia a las víctimas sin que los casos lleguen a ser controversiales: “una sentencia como debe de ser, que no tengamos que hacer movilizaciones para que la justicia”.
Visibilizar la violencia, educar para identificarla e incidir políticamente son los ejes de acción que las integrantes de Vallarta Fem. Su apuesta a largo plazo, expresa Herova, es alcanzar la autonomía plena de las mujeres a tener una vida libre de violencia; por ello, buscan dar a las nuevas generaciones: herramientas, redes de apoyo y el soporte para exigir una sociedad más igualitaria.
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La autonomía e independencia económica de las mujeres es una pieza fundamental para que este sector de la población logre superar y hacer frente a las situaciones de violencia social y estructural por razón de género.
El documento Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres del INEGI, identifica que “el 55% de la población de mujeres de 15 años o más en México no cuenta con recursos propios, y de estas, el 35.4% no cuenta con ningún tipo de recurso”. Los datos fueron arrojados por la ENDIREH en 2016.
El otro 45% que sí tiene recursos propios los obtiene de apoyos gubernamentales, ayuda de familiares o de becas para ellas o para sus hijos e hijas. Entre otros datos, la misma encuesta revela que 12.4% de las mujeres cuenta con dinero por ingresos propios con o sin apoyos de otras fuentes y sólo un 4% indicó contar con todos los recursos materiales, incluidos bienes y propiedades.
El municipio de Tonalá se encuentra dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara,;es decir, a diferencia de Atequiza en Ixtlahuacán de los Membrillos y Puerto Vallarta, está ubicado apenas a unos 17 kilómetros de distancia de la capital; no obstante, advierte Natalie Lira, cofundadora de la organización Mujeres Visibles, pareciera que también se trata de una ciudad al interior del estado, donde los recursos, las iniciativas y los derechos no llegan. Sin olvidar los prejuicios y el conservadurismo que dificultan su labor de defensa.
Orgullosamente es una mujer tonalteca -como decide identificarse- y junto con Yaya, Arlette y Sonia conforman esta colectiva feminista. Formalizaron su quehacer como defensoras de derechos humanos en octubre de 2020, cuando en medio de la pandemia, se unieron para denunciar públicamente el feminicidio de Bianca Hernández, quien fue asesinada por su pareja y padre uno de sus hijos en la colonia Cihualpilli de Tonalá.
En una manifestación frente a Palacio Municipal reclamaron que Juan Pablo “N” se encontraba prófugo de la justicia desde la madrugada del 19 de octubre, tras asesinar a la joven frente a sus hijos.
“Fue un suceso muy triste, pero nos dimos cuenta de que no estábamos solas, que no sólo éramos unas cuantas como nosotras lo pensábamos” narra Natalie, mientras recuerda que Tonalá es uno de los municipios que forman parte de la Alerta de Violencia de Género en el estado. Ciertamente lo es. Esta ciudad dentro del zona metropolitana ocupó el sexto lugar a nivel estatal con más feminicidios de enero de 2012 a noviembre de 2020, 15 casos de acuerdo con los datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Esta impunidad y su lucha contra toda violencia fue lo que dio vida a Mujeres Invisibles, colectiva que busca revertir el olvido y la invisibilización que por años han experimentado las mujeres tonaltecas.
Aunado a ello, tienen como meta crear redes de apoyo capaces de incidir en la mejora de sus condiciones de vida. Uno de los proyecto con lo que pretenden lograrlo es: la Mercadita de Tonalá, la cual arrancó, en mayo de 2021, en colaboración con el colectivo Pata De Perro.
Foto: Leslie Zepeda
La iniciativa resultaba importante en medio de un contexto postpandemia que agudizó las brechas de género en el campo laboral, y que, en opinión de expertas en el tema, “ha generado un retroceso de al menos una década”. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 25 millones de mujeres en América Latina y el Caribe, se encontraban desempleadas en ese momento.
El concepto de “Las Mercaditas” surgió en diferentes partes del país como una iniciativa para la autogestión y protesta hacia la violencia económica que ha ejercido el Estado patriarcal y capitalista en contra de las mujeres previo y posterior a la pandemia.
Tonalá es conocido por sus artesanías y por su tianguis, espacio donde domingo con domingo comerciantes de este municipio venden sus productos. Sin embargo, explica Natalie, la historia detrás de su Mercadita es distinta, aquí se encuentran aquellas mujeres que se quedaron sin trabajo durante la pandemia o que frente a la necesidad de ingresos decidieron emprender su propio negocio.
Su fin principal es ayudarles a ser autogestivas e independientes, a través de un espacio en donde distribuir sus productos o servicios y ayudarles a formalizar sus proyectos. A sus mercaditas, como nombran a las mujeres expositoras, microempresarias y comerciantes, les ofrecen capacitaciones, orientación para generar sus propias marcas y asesoría para la creación de logos, imagen, redes sociales y demás aspectos que les ayuden a consolidar sus negocios.
“Todo Lo hacemos entre nosotras, ese día nos dividimos lo que llevaremos cada una y entre todas pagamos los toldos, entre todas rentamos las mesas… Y cuando llega el día, entre todas hacemos el montaje, marcamos los lugares, es una red de ayuda entre todas, cada quien arma su puesto, pone sus productos y empieza la venta” narra emocionada Natalie.
La Mercadita de Tonalá es distinta a otros esfuerzos semejantes en el estado y el país. Si bien, reconocen que es muy importante que se constituya como un espacio seguro para las mujeres, entienden que muchas de ellas emprenden junto a sus familiares varones “hay mujeres que emprenden dentro de una familia, lo que significa que no solamente es ella la que está a cargo, pero por eso no le vamos a impedir participar”.
No obstante, “lo que sí hemos cuidado mucho es que quienes estén a cargo sean las mujeres. Puede ser un proyecto familiar, un proyecto en pareja, pero la que esté a cargo sea una mujer. Que sean las dueñas, las que iniciaron su proyecto” advierte Natalie.
Para esta feminista, la Mercadita también se ha constituido como “una red de apoyo más allá de las ventas”, donde se busca “generar lazos entre mujeres que habitan municipio”.
“El poder que tiene la Mercadita es que les acompañamos en este proceso de reconocer que esta autonomía, en todos los ámbitos, no sólo en lo económico, nadie se las va dar, sólo ellas mismas tienen el poder si se hacen cargo de sus propios negocios y vida” precisa Natalie.
Hasta ahora la conforman mujeres de 27 colonias del municipio. Sus perfiles también son variados, la más joven tiene 15 años y estudia la prepa, otras más son profesoras de secundaria y universidad, hay artesanas, comerciantes y microempresarias, pero también hay adultas mayores que participan en el proyecto.
No todas son feministas dentro de La Mercadita, dice Natalie, incluso, hay quienes “ni siquiera sabían el término”. De aquí que su mayor fortaleza sea la de construir puentes entre estas mujeres y transformar la visión y la realidad local sobre la violencia de género, sus derechos y su autonomía.
A unos meses del primer aniversario desde Mujeres Visibles están seguras de que quienes participan en Mercadita Tonalá son la clave para recuperar lo que la pandemia les arrebató y demostrar a quienes son sujetos obligados que sí es posible logralo :“Que sepan que aquí estamos, que las instituciones lo sepan, todas esas que estaban dirigidas a estos ámbitos, institutos de la mujer, de la juventud, la secretaría de desarrollo económico. Que sepan que nosotras solas, sin ningún recurso pudimos hacerlo y ellos con tanto recurso durante tanto tiempo y no han hecho nada”.
Foto: Leslie Zepeda
Son resistencia, son autonomía
El camino hacia la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, jóvenes y niñas de la región Latinoamericana y El Caribe ha sido trazado por los organismos internacionales de derechos humanos, quienes han demandado a los Estados desarrollar políticas que resuelvan las brechas de desigualdad y pobreza que experimentan.
Lastimosamente, la llegada de la emergencia sanitaria mundial y la implementación de las medidas de confinamiento para controlar la propagación del coronavirus, llevó a las poblaciones del mundo a encontrarse frente a “otro peligro mortal”: la violencia contra las mujeres, así lo denunció Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en abril de 2020.
Esta “pandemia sombra”, como le llamó la directora de ONU-Mujeres, obligaba y obliga a los gobiernos a generar “planes de respuesta nacionales” que incluyan “rectificar las desigualdades históricas” y “construir un mundo resiliente” de la mano de “las mujeres como sujeto de recuperación”. Algo que como evidencian Vallarta Fem, Hermanas Violetas y Mujeres Visibles no sucedió en ninguno de los municipios donde realizan un trabajo base con mujeres que padecieron algún tipo de violencia durante la pandemia.
Su trabajo demuestra que fueron las comunidades y las organizaciones feministas, no el Estado, la “clave” para enfrentar la pandemia machista que se manifestó aún con más fuerza durante el encierro. Su resistencia fue la primera línea frente a la violencia patriarcal.
Pero más que eso, su labor ha dotado de autonomía a decenas de mujeres que luego de conocer a Herova, Perla, Cinthia, Lizbeth y Natalie, y a través de su propio aprendizaje, hoy se reconocen libres e indepdendientes, y con plena capacidad para decidir por sí y para sí mismas un proyecto de vida libre de violencia.
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Esta historia se publicó originalmente en ZonaDocs
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Esta historia fue realizada con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe organizado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios. Los contenidos de los trabajos periodísticos que aquí se publican son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las organizaciones.