No es suficiente la atención a niñas

El abuso sexual infantil en Jalisco y los recursos que no alcanzan

Una niña va acompañada de su mamá al Hospital General de Occidente (HGO) después de haberle contado que abusaron de ella sexualmente. Es 2020, año pandémico, el hospital está lleno y entrar es complicado por las restricciones de sanidad. La mamá le explica al policía de la entrada que necesita ayuda médica para su hija y que no puede esperar. Ambas están preocupadas, sienten el tiempo encima para recibir atención médica y tienen miedo porque no saben qué hacer o qué más pueda pasar. 

Después de varios minutos esperando entre la incertidumbre e incluso la vergüenza y la rabia, entran a la unidad de Prevención, Atención y Rehabilitación a Víctimas de Violencia Sexual, esa que atiende en promedio a cinco niñas a la semana que también fueron víctimas de abuso sexual infantil. 

El problema de la violencia sexual en Jalisco aumenta cada año, pero lo preocupante es que quienes más lo sufren son las niñas. 

El 26 de noviembre del 2013 se creó dicha unidad en el HGO con la intención de brindar atención oportuna a cualquier víctima de violencia sexual. Ofrecen atención médica y psicológica; y tienen disponibles medicamentos y anticonceptivos para evitar o tratar enfermedades de transmisión sexual y prevenir embarazos no deseados. Opera a través de un convenio de colaboración con la Coordinación estatal del Programa de Violencia de Género del OPD Servicios de Salud Jalisco, la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Sisemh), la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el HGO. 

Los años previos a la pandemia iban en aumento los casos que atendía dicha unidad, y aunque en el 2020 se redujo un poco el número de pacientes, las principales víctimas de abuso sexual que llegan al hospital también conocido como Hospital Zoquipan, son niñas y adolescentes. El año pasado, la unidad atendió a 480 personas, de las cuales 282 eran niñas y adolescentes; es decir que 1 de cada 2 personas atendidas.

Sin embargo, a pesar de la crisis persistente a la que se enfrentan las niñas, en el 2021 le recortaron el presupuesto a la unidad casi por la mitad y mantuvieron al mismo personal. 

En el 2020, el gobierno estatal les asignó un presupuesto de 600 mil pesos, casi el doble que el año anterior. Pero para el 2021, la cifra bajó a 360 mil pesos con el mismo personal: un médico pasante, dos administrativos, siete psicólogas, dos trabajadoras sociales y un coordinador de unidad. Es decir que si se divide todo el presupuesto entre los 13 empleados, cada uno ganaría al mes poco más de 2 mil pesos. 

El trabajo que hacen resulta indispensable en un estado donde, en promedio, abusan sexualmente de seis niños y niñas cada día; y el año pasado se recibieron 2 mil 137 denuncias por abuso sexual, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, el recorte en el presupuesto preocupa porque no es suficiente para capacitar y garantizar atención adecuada. Y es que, para los expertos, los lugares de atención a las víctimas de violencia en el estado, sobre todo menores de edad, parecieran no ser suficientes ni estar preparados. 

“Es urgente que existan estos espacios (de atención) porque en Jalisco la denuncia se hace directamente en Ciudad Niñez, sin embargo, en la práctica no funciona de una manera adecuada y el proceso tiende a revictimizar a las niñas. Es bien cansado y hace que ellas tengan secuelas psicológicas mayores a las que tienen”, explicó Emma Oropeza, integrante de la asociación civil Maroma. 

La psicóloga ha acompañado a varias familias a Ciudad Niñez, la instancia estatal que recibe denuncias por cualquier tipo de violencia infantil, y ha sido testigo de la falta de capacitación del personal; incluso ha escuchado cómo los psicólogos reconocen no tener experiencia en atención infantil. 

Cualquier denuncia por abuso sexual no es fácil, pero para un niño es más difícil porque en el 75% de los casos, su agresor es un familiar o amigo cercano. Además, cargan con la culpa y/o el miedo de que al decir algo, al romper ese secreto, su familia pueda estar en peligro. 

“Están en un proceso bien ambivalente entre la necesidad de resguardo, de pedir protección, y la necesidad de proteger a su familia con esta sensación de que si permiten seguir siendo victimados su familia va a estar a salvo. Eso les dificulta romper el secreto”. 

Por ello, resulta desesperante que una vez que el niño o la niña perdió el miedo y pidió ayuda, se enfrente a obstáculos burocráticos que les lastiman más. 

Otro de los problemas que ha identificado Oropeza es que los niños son entrevistados muchas veces por peritos y psicólogos, lo que los revictimiza y hiere aún más. Entre la denuncia y las entrevistas puede pasar un año, lo cual no ayuda a su proceso de sanación. 

“Si se llega a denunciar hay un montón de barreras en el sistema penal también donde por ejemplo, no hay una entrevista única sino que se les está revictimizando y recordando el suceso una y otra vez”.

Incluso están tan mal preparados, cuestionó, que usan unos libros aprobados por la Secretaría de Salud para ayudarles en el proceso de denuncia pero estos, por su contenido, solo los hace sentir más culpables y en ocasiones hacen que se retracten. 

Que unidades como estas que funcionan en centros de salud públicos se queden sin dinero es preocupante para las familias de bajos recursos principalmente, quienes no tienen otras opciones para pedir ayuda. 

Y ahora en pandemia mucho menos porque los y las niñas se quedan más en casa, probablemente con su agresor, y han perdido espacios seguros como las escuelas donde las y los maestros fungían como apoyo y monitor de las emociones de los menores. 

En el 2015, la Secretaría de Salud prometió que abrirían dos módulos similares en Tepatitlán y  Ciudad Guzmán, pero se solicitó entrevista a la Secretaría y hasta antes de la publicación de este trabajo no dieron respuesta. 

Para la psicóloga Emma Oropeza, además de que faltan más medidas de atención, también hay carencias en la prevención a partir de la educación sexual, sobre todo con las amenazas de grupos conservadores de retirar dicha educación de las escuelas. 

Que un niño conozca su cuerpo, aprenda a nombrarlo y a identificar qué está bien y qué no es importante para prevenir casos de abuso sexual. Sin embargo, en las escuelas pocas veces se nombra a los genitales por su nombre y se le da poca importancia, en ocasiones hasta permiten la burla. 

“Que se denuncie o no tiene que ver con que el niño sea capaz de reconocer las partes de su cuerpo, la parte de educación es súper importante tanto en casa como en la escuela”. 


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Katia Diéguez

Katia Diéguez

Es periodista formada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Jalisco. Desde su formación como estudiante y ahora como profesionista ha trabajado en diferentes medios locales como Más por Más, el Diario NTR, Territorio y Mural de Grupo Reforma. En este último trabajó como reportera de la sección local y realizó coberturas diarias y de investigación principalmente en temas de género, derechos humanos, infancia, diversidad sexual y educación. Además, ha complementado su educación con cursos y talleres de periodismo narrativo, de investigación, transparencia, género y derechos humanos.