Nosotras sin Estado

Un recuento de las mujeres que acompañaron y exigieron justicia durante los días de protesta por el asesinato de Giovanni López

La sociedad organizada como garante de derechos

Era casi la una de la mañana del domingo 7 de junio y “Vicky”, quien prefirió el anonimato, estaba a punto de dormir cuando le dieron la noticia: su hijo “Andrés”, estaba detenido. Lo primero que pensó fue que estaría con la policía municipal de Guadalajara; ella fue policía de Zapopan durante 30 años y conoce los procedimientos, por eso se sorprendió cuando supo que Andrés estaba en la Fiscalía General del Estado. Llamó de inmediato para saber qué estaba pasando, pero le dijeron que ni se presentara, que nadie la atendería hasta las 9 de la mañana del día siguiente. El domingo, Vicky llegó desde las 7:00 horas a la Fiscalía en la calle 14 y tuvo que esperar hasta las 11:30 para poder ver a su hijo. Andrés estaba mal, golpeado, no había comido. Le contó a su mamá que su amigo “Toño” -también detenido- y él estaban en el centro histórico la noche del sábado cuando vieron la manifestación y decidieron grabar con sus celulares. En ese momento la policía lanzó gas lacrimógeno y ellos empezaron a correr, pero atrás los esperaba un grupo de policías. Los detuvieron y golpearon, los metieron a Palacio de Gobierno, les quitaron sus cosas y, después de varias horas violentas, se los llevaron a Fiscalía. 

Después de hablar con Andrés, Vicky trató de averiguar qué iba a pasar con él, pero nadie le dijo nada. “La gente en la Fiscalía era déspota”, recuerda enojada cómo la hicieron esperar por horas. Con la incertidumbre del estatus legal de su hijo, Vicky se puso en contacto con Lorena Almaraz y Ángela García, abogadas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) para pedirles ayuda. Este organismo hizo registro de las violaciones a derechos humanos que se cometieron en las manifestaciones del 4 y 5 de junio, pero con las víctimas del 6 de junio decidieron que Lorena Almaraz asumiría su representación.

CEPAD es una organización autónoma que apoya la defensa de casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en Jalisco desde 2006. Entre los temas que trabajan está la desaparición forzada, la tortura y la criminalización de la protesta social: todas las prácticas que el Estado ejerció en los tres días de manifestaciones por el asesinato de Giovanni López, presuntamente, a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Cepad registró más de 90 detenciones ilegales y desapariciones forzadas a manos de policías entre el 4 y 6 de junio. Esto en un contexto donde Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas del país: 9 mil 286 hasta el 31 de diciembre de 2019.

Cuando Vicky conoció a las abogadas de CEPAD, también conoció a Evelyne Herrera, activista feminista e integrante de la Red Yovoy8demarzo que, con otras compañeras de la red, se acercaron a ella y las familias de los otros detenidos para decirles que no estaban solas y que las acompañarían hasta el final del proceso. Para Vicky, ese acompañamiento fue fundamental pues a veces hasta se les olvidaba comer y las chicas de la red se encargaban de llevarles comida. 

La red Yovoy8demarzo integra varias colectivas que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, sin embargo, para ellas el feminismo no se limita a esto: su lucha es también por los derechos de “los cuerpos feminizados que son desechables al capital, es decir, las personas  pobres, racializadas, que viven en las periferias”, explica Evelyne. Por eso les parece tan importante acompañar a las familias de víctimas de desaparición o, en este caso, de detenciones ilegales u otras formas de opresión características del sistema que las feministas combaten. Por otro lado, “quienes están en la primera línea de batalla, de búsqueda, de cuidados y exigiendo justicia por los suyos son las mujeres”, reflexiona Evelyne. Esta ocasión no fue la excepción: quienes estuvieron, principalmente, esperando la liberación de los detenidos fueron sus mamás, tías, hermanas o parejas. 

Aunque las activistas de la red tienen muy claro el rol del feminismo en la defensa de los derechos de todas las personas violentadas, no pensaron que terminarían tomando esta batalla. Empezaron con la difusión de los detenidos en la manifestación del 4 de junio, después algunas participaron en el registro y actualización de las listas de desaparecidos del 5 de junio y fungieron como medio de comunicación con las familias de las víctimas. Entonces, de forma casi automática, activaron todos los mecanismos y herramientas que tienen en la red para movilizarse. Contactaron medios y familiares de las personas detenidas, se asesoraron con las integrantes que son abogadas y se fueron a Fiscalía para documentar lo que estaba sucediendo. 

“Es bien importante tener documentación para la memoria histórica. Hubo represión y se intentaron reproducir tácticas de la Guerra sucia de desaparecer a quienes quieren un cambio y se atreven a alzar la voz. Pero también está la importancia de nombrar las cosas, porque sabemos que lo que no se nombra no existe, sabemos que lo que pasa en la clandestinidad ahí se queda y más cuando son arbitrariedades que suceden a manos de la policía o del Estado”.  En este sentido -y a falta de una documentación oficial por parte las instituciones estatales- tanto integrantes de la red como muchas otras personas de la sociedad civil registraron en las redes sociales fotos y videos de las represiones, testimonios de las víctimas y los nombres de desaparecidos o detenidos. También en internet se viralizaron las exigencias de libertad y justicia que sirvieron para ejercer presión mediática y posicionar el tema en la discusión pública. Por otro lado, gracias a las listas de personas desaparecidas, el 5 de junio se comunicaron con los familiares hasta asegurarse de que estuvieran en casa. 

En todo este proceso, trabajaron alrededor de 40 mujeres de la red, además de cientos de personas fuera de la red que estuvieron monitoreando y compartiendo información. Para Evelyne, la fortaleza que tiene Yovoy8demarzo es su diversidad: en ella se agrupan mujeres con perfiles muy variados, desde expertas en manejo de redes sociales, hasta psicólogas que ofrecen contención en estas situaciones. Así fue como se dividieron labores, algunas trabajaron desde sus computadoras y otras fueron a Fiscalía a transmitir en vivo, registrar los testimonios y acompañar a las familias. 

La noche del lunes 8 de junio, cuando se anunció que los jóvenes detenidos serían trasladados al penal de Puente Grande sin cumplir el plazo legal de 48 horas, sin una carpeta de investigación y sin notificar a su defensa y familiares, Evelyne se acercó a las abogadas de CEPAD a preguntar qué podían hacer. “Muevan todo en redes sociales”, respondieron. Hicieron algunas llamadas, convocaron a los medios, generaron un hashtag y contenidos para redes sociales, y difundieron rápidamente la información. Esa misma noche, llegaron algunos medios a la Fiscalía para entrevistar a las familias y el hashtag #Libertadparalos6 se volvió tendencia en Guadalajara. Las activistas y defensoras tenían poco tiempo pues la audiencia se llevaría a cabo la mañana siguiente. 

El martes, Vicky y su familia llegaron a los juzgados de Puente Grande a las 8:30 de la mañana. Las integrantes de la red les aconsejaron que fuera toda la familia para ejercer mayor presión. Les sugirieron a las familias que se mantuvieran unidas, que las liberaciones solo se lograrían desde la colectividad, presionando juntas. Vicky no conocía a las otras familias y dudaba de la estrategia. “Es la primera vez que nosotros pasamos por todo eso y pensábamos ‘cómo crees que vamos a hacer eso’, pero funcionó para que llegara la presión hasta Alfaro”, cuenta Vicky. 

Alrededor de las 10:00 horas, antes de que iniciara la audiencia, el gobernador Enrique Alfaro anunció que retiraría los cargos de los seis detenidos con énfasis en que sería la última vez, y tras 5 horas de audiencia los detenidos fueron liberados. Cuando salieron, la abogada declaró que “no hubo un desistimiento de cargos, al final nos fuimos por otra vía porque la Fiscalía ofreció una solución alterna donde las dos partes llegan a un acuerdo”. Por otro lado, el juez a cargo ordenó a la Fiscalía Anticorrupción iniciar una investigación sobre la probable comisión de tortura en contra de los seis jóvenes, aunque de acuerdo con la abogada, se tuvo que dar vista a la Unidad especializada en tortura.

Aún queda pendiente el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que exige CEPAD, pero Vicky prefiere ya no tener nada que ver con Fiscalía. Lo único que quiere es que Andrés esté bien y eso no ha sido sencillo. Incluso prefiere no recuperar las pertenencias que le quitaron la noche de la detención, ya no quiere saber nada de policías, ni de la Fiscalía, se siente muy decepcionada. “Yo tenía otra idea de lo que era la Fiscalía, llegué a llevar detenidos allí. Fui policía 30 años, me gustaba mucho mi trabajo y estoy muy orgullosa porque yo no fui como ellos”. 

Las respuestas del fiscal y el gobernador han sido negaciones y desentendidos que dejan a la población ante la incertidumbre de quiénes fueron los responsables de los actos cometidos el 4, 5 y 6 de junio. Aunque ya hay una investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR),  la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es vital la presencia de organizaciones civiles autónomas “ante la falta de reconocimiento por parte del Estado de la magnitud y la dimensión de las graves violaciones a los derechos humanos”, explica Anna Karolina Chimiak, co-directora de CEPAD. El trabajo de instancias autónomas se vuelve un contrapeso importante frente a las condiciones de impunidad que imperan en el país. En una entrevista, Alfaro declaró que los hechos de los días pasados pudieron haber terminado siendo otro “Ayotzinapa” y que fue él quien evitó esto; sin embargo, la organización social, la presión en las plataformas de redes sociales y el trabajo de activistas y defensoras de derechos humanos fueron decisivas para que decenas de víctimas de los atropellos del Estado estén hoy vivas y en sus casas.

 


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