Los apoyos para las mujeres durante la pandemia, sin perspectiva de género

Políticas públicas sin transversalidad

Las mujeres jaliscienses también han sufrido la pandemia, pero ¿y sus apoyos? No son suficientes, o al menos eso parece después del análisis que hizo la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a los siete programas de apoyo que lanzó el Gobierno del Estado pero que solo uno cuenta con perspectiva de género. 

Como parte de su labor de vigilancia, la ASEJ pidió a la Secretaría de la Hacienda Pública un reporte sobre el total de los programas creados a raíz de la pandemia por COVID-19 y analizaron el diseño, los indicadores, el alcance y los resultados de cada uno. 

En el documento Análisis de riesgos de desempeño en los programas de apoyo para atender los efectos de la emergencia sanitaria del SARS- CoV-2, concluyeron que de los 7 programas evaluados: Apoyo a las OSC; Protección al Empleo Formal; Fideicomiso para Coberturas de Precios de Maíz del Estado de Jalisco (FICOPREM); Jalisco por la Nutrición; SumArte en Casa; Protección al Ingreso y Mujeres Líderes de Hogar, solo el último tiene perspectiva de género. 

Es decir, solo un programa considera las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, las diferentes maneras en las que a cada uno les afecta la pandemia y solo uno incluye atención diferenciada. El resto no contempla que hay mujeres que necesitan más apoyos o que sus realidades son diferentes. 

“En virtud de que seis de los siete programas no cuentan con un diagnóstico que identifique si hay o no brechas entre géneros es muy probable que, de existir estas brechas, los resultados de su intervención se vean minados. Por lo cual, se recomienda que los programas cuenten con un diagnóstico, de manera que se contemplen acciones afirmativas que busquen resarcir diferencias entre géneros”, insistió la ASEJ. 

Sin embargo, esto es solo un reflejo de lo que sucede en todas las instituciones del estado donde no hay unidades especializadas en temas de género ni personal capacitado a fondo. 

“Toda la estructura del gobierno del estado debería de tener una unidad (de género); deberían de capacitar a sus funcionarios en perspectiva de género; deberían vigilar que su planeación tuviera programas para las mujeres, y en consecuencia debería de existir presupuesto asignado. Entonces los programas emergentes del COVID siguen esa lógica”, criticó Rosa Alicia Rojas Paredes, investigadora de la UdeG y responsable del Programa de Formación de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad.

De acuerdo con la experta, la pandemia solo ha reflejado la desigualdad en la que viven las mujeres en México y que ahora necesitan apoyo en temas como salud mental, salud reproductiva, ingresos y educación. Un ejemplo reciente son todas las madres trabajadoras que con el regreso a clases tendrán que hacer malabares entre sus labores profesionales, domésticas y la educación de sus hijos a distancia sin recibir algún apoyo formal por parte de los gobiernos local ni federal. 

Como suele suceder incluso antes de la pandemia, insistió Rojas Paredes, las políticas públicas son remediales y no buscan atacar los problemas a fondo ni tener transversalidad para contemplar las desigualdades que viven las mujeres en todos los aspectos de la vida. 

“Al gobierno no le interesa tener una estructura gubernamental que atienda sus programas con perspectiva de género y eso se refleja en estos 7 programas”. 

Por otro lado, insistió la también ex consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, urge atender el tema de violencia que solo va en incremento y que se potencializa con la pandemia. Hasta abril, el 49% de las mujeres tapatías reportó violencia psicológica; 47% violencia física; 43% violencia económica y 17% violencia sexual. 

En este sentido, urge incrementar el apoyo a los refugios que atienden a mujeres violentadas y a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan de manera psicológica y jurídica. Sin embargo, el estado decidió crear un programa de apoyo a las asociaciones civiles pero no consideró relevante la perspectiva de género. 

Además, de acuerdo con el análisis de la ASEJ, ninguno de los programas cuenta con indicadores que permitan dimensionar los resultados de cada programa o el alcance de las metas. 

El programa de Mujeres Líderes del Hogar tiene un 46% de riesgo, es decir, que hay altas probabilidades de que no cumpla con los resultados deseados. Este es el porcentaje más bajo entre los 7 programas, el más alto es FICOPREM con 90% de riesgo. 

 

En pandemia, el mecanismo de atención a mujeres se quedó sin cabeza

Otro de los focos rojos que se prendieron durante la pandemia fue la renuncia de Fela Pelayo como titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh), la dependencia encargada de velar por una vida igualitaria en Jalisco. También se encarga de crear políticas públicas y programas de atención a mujeres durante la pandemia. 

Pelayo renunció a su cargo el mes pasado en medio de una controversia por no tener título universitario y violar la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos. 

Para Rojas Paredes, el no cumplir con las normas que el mismo gobierno estatal impone es un reflejo de la falta de rigurosidad al interior de todas las dependencias. 

“Hay un descuido en la aplicación de la normatividad, me parece que esas son muestras de una falta de aprecio al propio estado de derecho”. 

Este martes, el gobierno estatal nombró a Paola Lazo Corvera como la nueva titular de la Sisemh. Lazo Corvera es doctora en Estudios Científico-Sociales por el ITESO y  maestra en Currículo y Enseñanza por la Louisiana State University en Estados Unidos. Además, tiene experiencia, desde la academia, en temas de género y es integrante del Consejo Directivo del CEPAD (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).

Las feministas aplaudieron su llegada por su historial de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista. “Esperamos que este cambio sea favorable para las niñas y las mujeres en el estado de Jalisco y por fin puedan generarse las políticas públicas necesarias para reducir las brechas de desigualdad histórica y se puedan generar acciones contundentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las niñas y mujeres”, celebró el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). 

Sin embargo aún quedan varios pendientes, uno de ellos es asegurar que las políticas públicas y las instituciones públicas sean transversales en todas sus acciones e incluyan la perspectiva de género. También, urge dar seguimiento a las alertas de violencia de género y a los feminicidios que van en incremento en el estado. 

 


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Katia Diéguez

Katia Diéguez

Es periodista formada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Jalisco. Desde su formación como estudiante y ahora como profesionista ha trabajado en diferentes medios locales como Más por Más, el Diario NTR, Territorio y Mural de Grupo Reforma. En este último trabajó como reportera de la sección local y realizó coberturas diarias y de investigación principalmente en temas de género, derechos humanos, infancia, diversidad sexual y educación. Además, ha complementado su educación con cursos y talleres de periodismo narrativo, de investigación, transparencia, género y derechos humanos.