¿Qué importancia tienen los institutos de transparencia en México?

Disolver el INAI

“Lo que han hecho (el INAI) es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información; son como tapaderas, son como organismos alcahuetes”. 

Esa fue la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los organismos autónomos, uno de ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Aseguró que son institutos poco útiles, por lo que propuso disolverlos y crear direcciones en el gobierno federal para reemplazarlos. 

Desde el 7 de enero, el presidente ha hablado en varias ocasiones sobre la posible propuesta y ha asegurado que el INAI, además de ocultar información, es un organismo caro para el gobierno federal. 

Sin embargo, casi un mes después de que iniciara el debate en las ruedas de prensa que ofrece cada mañana, hasta la fecha no hay una iniciativa formal presentada ante el Congreso que permita prever acciones más contundentes contra este organismo. 

Aún así, tanto la opinión pública como los medios han puesto en la agenda el tema y pareciera que fuera una realidad. Ante ello y sin esperar a que haya más acciones, quienes integran los institutos de transparencia a nivel estatal y nacional ya se han coordinado para defender su labor y el sistema de transparencia que se ha construido desde inicios de siglo. 

Pero, ¿de qué sirven los institutos de transparencia en México? 

El INAI se creó en el 2002 después de varios reclamos ciudadanos y propuestas de políticas públicas sobre la necesidad de transparencia y acceso a la información en poder del gobierno. 

Como parte de la alternancia de 30 años del PRI a un nuevo régimen con el PAN se logró la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y una ley nacional de transparencia.  

En Jalisco, se creó el organismo de transparencia tres años después, en el 2005, con el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) tras una reforma a la primera ley de transparencia en el estado que no contemplaba un órgano garante. Es decir que a principios del siglo 21, la única manera de conseguir información pública en la entidad era pedírsela a la misma autoridad y si no respondía había que interponer un recurso de revisión ahí mismo, lo que generaba conflictos de interés y pocas garantías de transparencia. 

Desde entonces, la transparencia en México ha tenido algunos avances como la creación de organismos estatales y el Sistema Nacional de Transparencia que aglutina al INAI, los institutos estatales, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, crearon la Plataforma Nacional de Transparencia donde se pueden realizar solicitudes de información a cualquier estado, institución o al gobierno federal. 

Actualmente, la ley mexicana de acceso a la información es una de las mejores a nivel mundial. Incluso a pesar de que, contrario a lo que defiende el presidente, su presupuesto sea bajo. En el caso del INAI, este año cuentan con poco más de 900 millones de pesos, menos del 0.01% del presupuesto federal. 

Casi 20 años después, la propuesta de López Obrador es volver a aquellas épocas donde la autoridad decide qué información dar y qué no. Y aunque lo que ha dicho en ruedas de prensa solo contempla la desaparición del instituto nacional, esto podría dar pie a que cada estado tenga la posibilidad de disolver sus propios organismos. 

“Desaparecer al INAI sería un retroceso de por lo menos 3 décadas; regresaríamos a los 90 cuando el acceso a la información pública dependía de la buena voluntad del gobierno”, criticó Salvador Romero, comisionado ciudadano del ITEI. 

Y es que, a lo largo de la democracia mexicana, el derecho al acceso a la información ha sido indispensable para generar contrapesos y exigir justicia a los gobiernos tanto federales como estatales. 

“México ha librado una larga batalla por afianzar su democracia y su institucionalidad después de siete décadas de un gobierno presidencialista de partido único y una alternancia democrática frágil. Para lograrlo, los órganos autónomos de contrapeso al poder estatal han sido indispensables”, comentó el periodista mexicano Arturo Ángel para el New York Times

“Disolver el INAI significaría volver a los tiempos del poder sin contrapesos, de los secretos bajo llave y del discurso oficial como verdad predominante”.

En los últimos años se han publicado varios ejemplos de investigaciones periodísticas que han evidenciado la opacidad de los gobiernos. Algunos ejemplos son la investigación sobre la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto; las empresas fantasma del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; la red de empresas de venta de medicamentos del entonces súper delegado Carlos Lomelí; hasta el turbio manejo del dinero público en la Estafa Maestra

Gracias a que existen organismos que buscan la imparcialidad entre el gobierno y el ciudadano y que trabajan para garantizar el acceso a la información es que se puede tener un panorama más amplio que la agenda política que se busca imponer desde los gobiernos.  

Y aunque pareciera que los casos más mediáticos son los que suceden en el gobierno federal o que tienen incidencia nacional, a nivel estatal, dichos organismos también han trabajado para garantizar el derecho a la información para los ciudadanos. 

 

El ITEI y la defensa entre gobierno y ciudadano

En el caso del ITEI en Jalisco, cada año los sujetos obligados, es decir, las instituciones públicas han mejorado sus procesos de transparencia, pero aún falta mucho camino por recorrer para agilizar la información. 

“Yo creo que ha habido avances en la materia y he visto buena disposición de los sujetos obligados, claro, no es una línea recta, en algunos temas pudieran decir que no ha avanzado tanto, pero en general yo he visto buena disposición”, comentó el comisionado local. Tanto así que aseguró que han disminuido las sanciones del ITEI en comparación con los últimos años. 

Sin embargo, en un estado donde la violencia crece cada año, principalmente la crisis de desaparecidos; y ante una pandemia, hay algunas cosas que podrían mejorar respecto a la transparencia y el acceso a los datos. 

Un ejemplo es la Fiscalía Estatal, un sujeto obligado que el comisionado describió como complicado no por su disposición a informar, sino por los temas que maneja y la responsabilidad que conlleva dar o no cierta información. 

Algunas experiencias de los ciudadanos al pedir información a la Fiscalía es que se encuentran con mucha dificultad para recibir exactamente lo que piden. 

De acuerdo con Salvador Romero y a raíz de las pláticas que ha tenido con personal de la Fiscalía, dar cierto tipo de información puede y ha significado la desaparición o el asesinato de algún miembro de dicha depencia, por lo que cada que se solicita algo fuera de sus bases de datos públicas, existe cierta resistencia e incluso lo consultan con el organismo de transparencia para saber qué si o qué no se puede responder.

Sin embargo, también falta mucho trabajo por parte de la Fiscalía para mejorar sus bases de datos y agilizar sus respuestas en temas que no comprometen a los trabajadores. 

“La información que maneja Fiscalía es de la más delicada que existe porque un dato que ordenemos que se libere de más y puede traducirse en poner en peligro la vida de alguien. Pueden ir mejorando sus bases de datos, pueden ir dando a conocer más información sin que se ponga en riesgo la vida de nadie”. 

Un ejemplo de la falta de eficiencia en los datos es esta solicitud de información del 30 de junio del 2020 en la que se solicitó información sobre la cantidad de menores desaparecidos en Jalisco, sus edades, sexo y municipio en el que se interpuso la denuncia. Y se solicitó que no refirieran al Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) ya que no contaba con la información desglosada de esa manera. 

Días después la Fiscalía respondió con una referencia al Sisovid por lo que se interpuso un recurso de revisión ante el ITEI. Tras ese recurso, la Fiscalía insistió en que no había más información, pero los consejeros del ITEI consideraron que dicha información era pública y debía de existir y apercibieron a la dependencia. 

Les dieron 10 días para responder con la información como se solicitó y acreditar al instituto su respuesta para evitar una amonestación. Tras la insistencia del organismo de transparencia y en diciembre, 6 meses después, la Fiscalía respondió con toda la información que tenía hasta ese momento sobre niños y niñas desaparecidas. 

“Imaginate que la misma Fiscalía resolviera sus recursos, es ilógico que van a cambiar de opinión; si no hubiera un órgano garante que con una perspectiva distinta pueda garantizar derechos pues a lo mejor nunca avanzaríamos”, recalcó el comisionado. 

La Fiscalía no es el único sujeto obligado que de pronto se resiste a ofrecer información y el ITEI actúa como mediador. Otro ejemplo sucedió en el 2019 con el Ayuntamiento de Zapopan y el CODE Jalisco a quienes se les solicitó el informe que Charros, el equipo de béisbol, se comprometió a entregar a cambio de la entrega en comodato del estadio. Se comprometieron a incluir en dicho informe el uso que le dan al estadio, el aprovechamiento en entradas, apoyos para la comunidad y actividades deportivas por lo menos cada año. 

Ambos sujetos obligados declararon la información como inexistente y tras un recurso de revisión y un amparo por parte de Charros quienes defendieron ser una instancia privada, finalmente se hizo pública la información. 

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La labor de los organismos de transparencia estatales y nacionales no para, pero si puede tener varias mejoras. En el caso de Jalisco, una de las grandes deficiencias es el poco presupuesto; desde el 2013 no han tenido un aumento significativo y no hay recursos para comunicación social. 

Además, de acuerdo con Romero, también hace falta que más personas conozcan el derecho que tienen a hacer solicitudes de información y cómo realizarlas. Lo ideal sería que todos los ciudadanos, no solo periodistas o académicos, supieran cómo pedirle información a las autoridades y a partir de eso tomar más y mejores decisiones. 


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Katia Diéguez

Katia Diéguez

Es periodista formada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Jalisco. Desde su formación como estudiante y ahora como profesionista ha trabajado en diferentes medios locales como Más por Más, el Diario NTR, Territorio y Mural de Grupo Reforma. En este último trabajó como reportera de la sección local y realizó coberturas diarias y de investigación principalmente en temas de género, derechos humanos, infancia, diversidad sexual y educación. Además, ha complementado su educación con cursos y talleres de periodismo narrativo, de investigación, transparencia, género y derechos humanos.