Se queda corta UdeG y no resuelve ni la mitad de quejas por acoso

El acoso en pandemia

El 12 de mayo de este año, una académica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) denunció a un alumno de 24 años por enviarle una imagen inapropiada de índole sexual a través de Whatsapp. Sin embargo, entre la pandemia y la burocracia, hasta la fecha el caso sigue en proceso y la UdeG defiende que “no ha sido posible localizar al estudiante y este no responde a los correos”. 

Así, el caso ya va a cumplir 7 meses en proceso y aunque la información pública no revela si la académica es profesora del estudiante denunciado, sin una sanción certera pareciera que el mensaje es que para la institución o al menos para el centro universitario, este tipo de casos no son relevantes. 

Y es que, no es el único. Otro ejemplo también en CUCEI es el de una alumna de 21 años quien denunció el 3 de marzo de este año a un hombre externo a la universidad por ciberacoso. Pero otra vez, la universidad no ha dado respuesta a la denuncia y argumentó que “derivado de la pandemia, no se ha podido citar a declarar de viva voz al posible infractor”. 

En lo que va del 2020, la UdeG ha registrado 12 denuncias por hostigamiento o acoso sexual en alguno de sus centros universitarios. Sin embargo, 7 de ellos, es decir el 58% siguen en proceso. 

 

El número de denuncias bajó en comparación con el año anterior cuando hubo 30, pero entre la pandemia y las clases a distancia  no sorprende la disminución. Además, en comparación con el 2019, todas las denuncias ya han sido resueltas.

 

A pesar de los casos, la UdeG a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios asegura que no ha habido retrasos por la pandemia.

“Han estado sacándose (las denuncias) de manera muy propia, la acumulación de asuntos tienen su propia dinámica”, comentó Dante Haro, director de dicha Defensoría.

Pero aún así y a pesar de la crisis sanitaria de este año, los procesos son lentos y largos porque así lo establece el protocolo donde se establece que las quejas pasan por cinco instancias: la Defensoría, la oficina del abogado general, la comisión de responsabilidades del Consejo General Universitario y finalmente hasta llegar a dicho Consejo. 

Entre ese proceso además, se ofrecen tiempos para que tanto la víctima como el denunciado presenten pruebas, testigos, se defiendan y después las autoridades dictaminen. En tiempos de pandemia, presentar testigos y pruebas podría ser más tardado. 

Para Alejandra Cartagena, abogada, activista y parte de la red feminista Cladem, los procesos de denuncia en la Universidad de Guadalajara son largos y lentos porque hay una falta de especialización de quienes los resuelven: “aunque se habla mucho del acoso y hay casos emblemáticos, no han tomado con seriedad las denuncias”. Además, explica Cartagena, los protocolos no tienen una visión integral pues los elaboran personas que no tienen experiencia en el acompañamiento de casos, y sin esa experiencia la implementación nada más no funciona.

Pero pareciera que hay casos que por su naturalidad deben desahogarse con rapidez. Por ejemplo, la denuncia de una joven de 25 años, alumna de movilidad que reportó a un directivo del Centro Universitario del Norte (CUNorte) por hostigamiento sexual en los pasillos y oficinas; sin embargo, el caso aún sigue en proceso y sin sanción. Y aunque no hay más información pública sobre la víctima y el denunciado, suena grave que un directivo sea señalado; y que la alumna al ser de movilidad y ante la pandemia probablemente regresó a su ciudad y el seguimiento puede ser más complicado. 

“Esto nos habla no solo de la falta de perfiles de especialización sino también de la falta reconocimiento de la problemática”. Para Cartagena, es fundamental que existan indicadores de resultados del impacto que ayuden a entender si algo del proceso se tiene que corregir o ajustar. 

“Todo protocolo debe venir acompañado de acciones transversales que estén encaminadas no sólo en atender, sino en prevenir cualquier tipo de violencia de género”, concluye Cartagena. 

 


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