Un gran botín: la base de datos con información genética que resguarda la Fiscalía General de la República. Un sospechoso: el excomisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, acusado de robar datos para entregarlos a un laboratorio privado. Y un país con morgues y panteones que desbordan cuerpos sin identificar. Ésta es una crónica de cómo se lucra con el dolor en un país que duplicó en tres años el número oficial de desaparecidos; una historia de convenios opacos y laboratorios privados que buscan hacer negocio y un Estado, incapaz y corrupto, que les abre esa puerta.
Reportaje realizado con el apoyo del Proyecto
Piloto de Periodismo de Investigación de la UNESCO.
Una muela. Una muela bastante grande, la del juicio, con pedacitos de sangre seca amarronada. Édgar González Casillas, un médico querido por decenas de pacientes en la sierra wixárika, la guardó como un recuerdo de su crecimiento. Años después, cuando se lo llevaron unos hombres armados el 7 de julio de 2013, en Tesistán, Jalisco, el diente se transformó en un gran tesoro para su hermana Amanda.
Las piezas dentales son buenas para extraer el material genético y los científicos han conseguido hacerlo incluso con restos prehistóricos. Amanda guardó ese tesoro hasta 2018, cuando se lo entregó a una mujer que decía ser representante de un laboratorio privado de genética. Ella le prometió que contrastaría la muela con la mayor base de datos de identificación en el país, una que utiliza el Sistema Índice Combinado de ADN (CODIS), el software que el Buró de Investigaciones Federales (FBI) estadounidense le donó al gobierno mexicano en 2009 como parte de la Iniciativa Mérida para combatir al crimen organizado. La base está bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República (antes PGR) y en la actualidad concentra más de 69,300 perfiles genéticos. ¿Cómo una empresa privada tuvo acceso a estos datos?
El Estado mexicano ha ido recolectando información genética, desde 2004, de los parientes cercanos a las más de 95 mil personas desaparecidas que se cuentan de manera oficial para poderlas identificar, información que ha ido a parar a dos grandes bases de datos: una que inició la Policía Federal y hoy tiene la Guardia Nacional y otra que inició la PGR y que continúa la Fiscalía. Ésta, la más importante, fue presuntamente copiada, filtrada, pirateada.
La misma mujer que se llevó la muela de Édgar González Casillas, ese 2018, cita a Ana Enamorado en una cafetería de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Sin conocerla y sin la presencia de expertos, como indican las leyes, le suelta de tajo que en una morgue de Michoacán hay un cuerpo que podría ser el de su hijo Óscar, desaparecido en 2010. Quien abre esta posibilidad no es funcionaria ni ocupa cargo público alguno. Pero cualquier indicio acelera el corazón de Ana: ¿Y si es verdad?, piensa. ¿Tendrá acceso a esa certeza que anhelan miles en un país con más de cuatro mil fosas clandestinas y 52 mil cadáveres todavía sin identificar?
“Calcinados, sobre todo. Nosotros trabajamos con este tipo de restos calcinados. Hemos obtenido resultados muy buenos”. La voz de Mariana ilusiona a Edith Pérez Rodríguez, de San Luis Potosí, que recuerda la promesa de esa llamada de 2019. Lleva ocho años buscando a sus hijos Alexis y José Arturo, de dieciséis y veinte años, y a tres familiares más. Los desaparecieron en las carreteras de Tamaulipas, una región donde los restos no se cuentan por número sino en peso: son tan chiquitos que son muy difíciles de identificar. México no tiene la tecnología, los laboratorios ni las máquinas para extraerles información genética a restos en esa condición, por eso los envía a otros países, como sucedió con el caso Ayotzinapa. La promesa de analizar huesos calcinados, entonces, es muy valiosa.
“Hola Jorge. Linda tarde. Me gustaría tener contacto contigo si es posible, por favor. Tengo un tema importante que comentar contigo”, dice un correo electrónico que recibe Jorge Verástegui el 24 de enero de 2018, el día en que su hermano Antonio y su sobrino Toñito cumplen nueve años de estar desaparecidos. “Llevo semanas y semanas buscando a tu familia para conseguir una autorización a través de la Fiscalía, pero no lo he logrado”. Mariana García Sosa le anticipa que identificó restos que podrían ser de sus familiares y menciona detalles secretos, avances de la investigación ministerial que no son públicos. De eso le hablará en una cafetería, un día después.
Una mujer joven, simpática y elegante es el rostro visible de Central ADN, un laboratorio que dice y demuestra tener acceso y copia de las bases de datos genéticos del Estado mexicano, según los documentos obtenidos para esta investigación. García Sosa, quien se presenta sin su primer apellido, recorre los estados de Veracruz, Coahuila, Jalisco, Morelos y San Luis Potosí contactando a familiares de desaparecidos y recolectando muestras para extraer ADN: saliva, gotas de sangre, huesos, dientes. Viaja pontificando. Te identificamos a tu familiar, nosotros sabemos dónde está, tenemos amigos en la Procuraduría, tenemos la mismísima copia del banco genético nacional. De acuerdo con diecisiete testimonios recabados para esta investigación, a las familias de las víctimas les asegura que su trabajo es humanitario y les promete hacer los estudios gratis, sin costo.
En un país incapaz de frenar la violencia, una muela puede ser una esperanza. Por eso hay quienes creen que lo que dice esta mujer es verdad.
RECOLECTAR
Vidriado, transparente como una gran pecera, el edificio es una construcción vanguardista que destaca en medio de un campo vacío. El laboratorio de Central ADN, que públicamente se presenta como ADN México, se encuentra dentro del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, en la Antigua Carretera a Pátzcuaro, en el estado donde Felipe Calderón inició la militarización y que después de tres administraciones sigue contando miles de muertos. Los cristales que sirven como paredes dejan ver lo que hay dentro. Áreas desocupadas y máquinas nuevas, relucientes. Un espacio impecable. Un cartel señala que el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Leonel Godoy lo inauguraron en 2015.
Una mañana de octubre de 2021 preguntamos por algunas pruebas que se anuncian en el sitio web, cuya portada es la foto de un militar estrechándole la mano al personal médico. Ofrece bases de datos de ADN para los estados. Su página dice que hacen exámenes humanos, veterinarios, forenses y de covid-19. Una recepcionista desocupada llama a una joven amable. Le consultamos si se pueden identificar restos óseos. Dice que por ahora no pueden porque están intentando acreditarse, que significa obtener los permisos que por ley requiere todo laboratorio.
— O sea, con el hueso, ¿no se puede?
—Sí se puede, pero no tenemos avalada todavía esa zona [del cuerpo] —dice la muchacha, refiriéndose a los huesos.
Cualquier laboratorio forense necesita una acreditación para analizar restos humanos. En México quien avala es la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), aunque la más prestigiosa es la estadounidense National Accreditation Board (ANAB). Tener acreditación es garantía de resultados confiables, además de requisito de la ley mexicana. Central ADN tuvo la acreditación de la EMA en 2017 pero después, ya no. ¿Las razones? EMA se negó dos veces a responder. En cambio, la de ANAB la tiene vigente hasta 2026. En el país muchas de las morgues no cuentan con laboratorios de ADN y, entre las que tienen, la mayoría no están acreditados. Sólo están avalados los laboratorios forenses de la FGR, la Guardia Nacional y trece servicios periciales estatales: Hidalgo, Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas y Yucatán. No tienen acreditación algunas de las entidades con más víctimas de violencia como Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.
Mientras Mariana García Sosa recorre la república contactando a familiares, la empresa consigue contratos de identificación humana con al menos tres estados, un convenio inusual con la entonces PGR, y su capital aumenta de cien mil pesos a 9.5 millones en ocho años. Ella no es la única integrante de la empresa: varios nombres y apellidos de peso en la política nacional aparecen en la lista de accionistas a partir de 2013, cuando se constituyó Central ADN, S.A. de C.V. en la ciudad de Morelia, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Nombres y apellidos como Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, quien aparece como secretario de la sociedad mercantil en el acta constitutiva del Registro Público del Comercio. Este publicista con una larga historia en campañas electorales y familiar de Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha trabajado lo mismo para la presidencia de Carlos Salinas de Gortari como para candidatos de los partidos políticos PVEM, PRD, PRI y Morena. Es expareja de la hoy alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; un dato frívolo si no fuera porque Limón fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entre 2012 y 2015, cuando comenzaron a aumentar las desapariciones, se promulgó la Ley de Víctimas y se estrenaba la primera gran base de datos con el software CODIS del FBI.
Otro accionista es Diego Ulibarri Gómez, un veterinario que se especializa en caballos. Hasta octubre de 2021, el tesorero de la empresa era Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, exfiscal federal de delitos electorales en la contienda presidencial de 2018. En el acta de registro corporativo también aparece el empresario michoacano Alfonso Fabriciano Gómez Sanz, heredero de una fortuna en hoteles, fábricas y negocios de construcción, pariente y socio de los Reyzábal, un clan del jet set de España. Ostenta el título inédito de cónsul del Reino de España en Morelia —otorgado por el Congreso— y el 19 de julio de 2019 estuvo sentado en una larga mesa protocolaria en Palacio Nacional, una reunión de empresarios con el presidente López Obrador.
Además, Central ADN incorpora los capitales de otras empresas: la inmobiliaria Grupo Arquimio, Prados Camelinas, Legalex y Crédix GS, que son propiedad de la familia Gómez Sanz. Lo mismo Grupo Cantabria y Hergo América. Los datos están en el Registro Público de Comercio.
Este laboratorio de oficinas vidriadas y empresarios poderosos ya ha tenido varios contratos con algunas fiscalías.
Una primera huella aparece en Morelos: en octubre de 2016, el fiscal estatal Javier Pérez Durón firma con ellos el contrato UPAC/SER133/2016 para realizar 149 pruebas de identificación humana a partir de huesos. Una cláusula insólita dispone que Central ADN almacenará una copia de los datos genéticos por cinco años en su propio software —AlteaDB, de origen español, especializado en datos genéticos, del que esta empresa pregona ser la única distribuidora en México— y sólo los borrarán si la fiscalía lo solicita por escrito. El monto por cada muestra es de 5,780 pesos; es decir, una suma total de 999,048 pesos. Aunque no lo aclara el documento, fuentes que piden anonimato dicen que los restos corresponden a personas enterradas de manera irregular en Tetelcingo, Morelos.
Una segunda huella en San Luis Potosí: un acuerdo firmado a finales de 2016 con el director de Servicios Periciales de ese estado, Alberto Rogelio Ortega Madrid, según documentos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se indica que Mariana García Sosa, en nombre de su empresa, capacitaría al laboratorio estatal en materia forense de manera gratuita. Tres meses más tarde, en un acto público García Sosa revela que el procurador Federico Arturo Garza Herrera donó la base de datos de material genético a Central ADN y le da las gracias. De acuerdo con sus palabras, la empresa ya tenía cuarenta mil perfiles genéticos de personas no identificadas, obtenidos de ocho instancias estatales y de la PGR. Eso quedó asentado en la prensa local.
Además, consiguieron otros contratos con la fiscalía de Coahuila. Vía adjudicación directa, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, el estado les pagó 4.1 millones de pesos para la identificación de restos humanos, la mayoría, con un alto grado de calcinación. El fiscal para desaparecidos durante los tres contratos es José Ángel Herrera Cepeda. Según el documento obtenido por transparencia, acordaron que la empresa se quedaría con una copia de los datos de los perfiles genéticos durante un año, como ocurrió antes en Morelos, en su software AlteaDB. La relación comercial acabó mal: Central ADN reclamó que la fiscalía le debía pagos y amenazó con no devolver ni los huesos ni las muestras tomadas a familiares, un escándalo que también documentó la prensa local.
¿Cuántos contratos más obtuvo Central ADN en los estados? Difícil saberlo: en decenas de solicitudes de información que se realizaron por transparencia, excepto Coahuila, las fiscalías y procuradurías del país negaron haber firmado con esa empresa, incluso Morelos y San Luis Potosí.
ENGAÑAR
Treinta personas, familiares de desaparecidos, están reunidas en un salón del DIF Guadalajara que ellas mismas consiguieron prestado una tarde de verano de 2018. Mariana García Sosa llega con varios kits para realizar muestras genéticas que no les cobrará, si bien las tomas y el procesamiento cuestan entre cuatro y diez mil pesos. Los familiares no desconfían porque el contacto se hace por medio de una conocida activista en la causa de los desaparecidos. La estrategia de Central ADN es ir detrás de las líderes de los colectivos, las madres más entronas y confrontativas. Así lo ha hecho en todos los estados: primero busca a una mamá, que la contacta con otra y esa otra con más y se va ganando la confianza de familias de desaparecidos en todo el país.
En el salón García Sosa les pide los nombres de sus familiares desaparecidos, las fechas de los hechos, los números de expedientes, y les hace firmar un consentimiento. Los datos los almacena en un sobre grande, uno por cada familia, cada uno con un código. Toma las muestras de saliva usando guantes blancos. Usa reactivos de plástico negro que tienen una especie de algodón duro que se abre y se cierra; la saliva la mete en un tubo y le pone una etiqueta. Cuando se va, guarda los sobres en un sofisticado portafolio negro.
Una de las personas que entrega su ADN es Mónica, quien pide omitir su apellido. Es una mujer de unos cincuenta años, de mirar intenso y carácter combativo que busca a su hijo y a su esposo desaparecidos. ADN México y sus emisarios les prometieron:
—Que ese laboratorio tenía acceso directo a la plataforma de ADN de la PGR y que podían hacer confrontas directas con los resultados que nos habían tomado para poder detectar si alguno de nuestros familiares estaba dentro de esa plataforma.
Mónica rememora tres años después y enciende un cigarro.
—Caímos porque nos dijeron que se iba a confrontar con la base de datos nacional.
Sentadas alrededor de la mesa de una cafetería, a unos kilómetros de la Glorieta de los Niños Héroes, el icónico monumento renombrado como “de las y los Desaparecidos”, están María del Refugio Torre, Esperanza Chávez Cárdenas, Amanda González Casillas y Mónica. Una tarde de octubre de 2021 conceden esta entrevista. Son integrantes de Por Amor a Ellxs, colectivo que ha impulsado cambios legislativos, ha realizado informes y ha confrontado a los gobernadores. Ante la falta de acceso a las morgues, que se encuentran saturadas, ellas mismas han elaborado catálogos de señas particulares con las fotos, que les filtran, de los cuerpos que van llegando. Como ellas no pueden ver lo que hay en las oficinas de servicios periciales de otros estados, ahí García Sosa les promete ayuda, les dice que tiene información de cuerpos sin identificar de otros lugares.
—Nos hizo creer que en Michoacán y Baja California Sur había posibles positivos [una coincidencia familiar] —dice Esperanza, una mujer de ojos claros, originaria de Guadalajara. Busca a su hermano Miguel Ángel, un abogado exitoso que desapareció en 2014 en una zona de clase media alta.
A todas les repite lo mismo y empiezan a desconfiar. Peor ocurre con Verónica Espinoza, también integrante del colectivo:
—Un día llega una señorita de un laboratorio y me dice que ella me sacaba mi ADN porque estaba buscando personas para eso. Y que tenía la oportunidad. Adelante, sacó mi ADN y me lo entregó; también el de mi niña y mi nieta —cuenta por teléfono. Tiene cincuenta años, es exempleada de una fábrica de electrónica. Ha tenido diabetes, depresión y otros problemas de salud desde que su hijo Manuel Alejandro fue desaparecido, presuntamente, por policías de Veracruz el 11 de marzo de 2011, a sus veintidós años, en tiempos del gobernador Javier Duarte.
García Sosa le toma la muestra durante una reunión del colectivo en el Parque Rojo, donde pasan muchos autos y hay una parada de tren.
—No fue en un laboratorio—dice Verónica—. Hasta yo dije: “¿Cómo?, ¿aquí?”. Traía una bolsa y sacó todo nuevo, eso sí, me consta que sacó todo nuevo. Me pinchó el dedo y en un cartoncito donde venían unos circulitos, ahí puso las gotitas de la sangre.
De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Esperanza Chávez , Amanda González Casillas, Mónica y María del Refugio.
Un mes después García Sosa la cita en un café, le entrega un informe de resultados y le dice que, según los registros en su base de datos, hay dos cuerposen Veracruz y Puebla que tienen 80% de coincidencia con su ADN. Verónica y sus compañeras comienzan a organizar el velorio, a juntar dinero. Pero la mujer ya no llama.
La empresaria vuelve en un mes, revisa su laptop y le dice a Verónica que no, que no hay ninguna identificación relacionada con ella. Un golpe devastador.
La oferta de muestras gratis de Central ADN en Guadalajara tiene una contracara: les piden que hablen bien del laboratorio ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la morgue estatal, y que usen su influencia para conseguir citas con funcionarios públicos que pueden negociar contratos. En esas reuniones lo comprenden todo.
—Ella estaba vendiendo su trabajo —dicen—, fuimos usadas.
Jalisco, el estado con más desapariciones, era un botín para la empresa que buscaba contratos. Como también lo fueron Veracruz y Coahuila.
Jorge Verástegui tiene una historia similar. Llega puntual a un café Le Pain Quotidien de la Ciudad de México, donde lo cita García Sosa el 25 de enero de 2018. Es un veinteañero, habla con acento norteño y cuida sus palabras porque es abogado. Aunque desconfía, asiste porque la mujer habla de la posibilidad de identificar a su hermano y sobrino desaparecidos y le menciona detalles del expediente confidencial, algo que le parece raro. Le dice que Central ADN tiene un contrato con la Fiscalía de Coahuila para identificar restos óseos muy degradados que, supuestamente, sólo su laboratorio puede procesar en México.
—Me explica detalles que no tendría que conocer, como dónde habían localizado los restos. Porque se supone que, ellos, como laboratorio, sólo tendrían acceso a las muestras de referencia o al material que la fiscalía les otorga. Para evitar estas cosas, incluso no romper la secrecía de la investigación. Pero, al parecer, la Fiscalía les dio acceso al expediente completo y ella tenía nuestros datos.
Desde muy joven, Jorge ha recorrido instancias públicas y se ha enfrentado con las autoridades. Ha sido una voz que incomoda. Justo por eso cree que se acercaron, para intentar cooptarlo.
Otros familiares en Coahuila tuvieron problemas con Central ADN. A Julio Sánchez Pasillas y Georgina Aranda les informó una amiga cercana que el laboratorio había identificado dos huesos, un diente y una mandíbula, de su hija Thania, que desapareció el 21 de enero de 2012 cerca de Torreón, cuando iba rumbo a una fiesta. Tenía veintidós años. La empresa había analizado los restos recuperados en el ejido Santa Elena como parte de uno de los contratos firmados con la Fiscalía, que les autorizaba únicamente a extraer ADN, no a confrontar con otras muestras. Georgina dice que García Sosa se lo informó a una mamá buscadora y así la noticia empezó a regarse. Cuando la amiga le dio la noticia por teléfono, las compañeras del colectivo llamaron a un sacerdote.
—El sacerdote habló y dio unas palabras, hizo una oración, le hizo bendiciones a Thania, pero a mí no me caía el veinte; yo estaba sorprendida, no podía hablar. Haga de cuenta que tenía un pedazo de hielo en mi corazón, que yo no lo creía.
Dos peritajes independientes que realizó el Ministerio Público —dice Georgina— mostraron que la mandíbula era de un perro y los huesos eran de dos hombres distintos.
La muela sí dio positivo, pero su madre no la considera una prueba contundente:
—Si es una muela, le doy gracias a Dios porque sé que mi hija está viva. A mí me faltan cuatro muelas y todavía sigo dando guerra.
Más familias consultadas narran casos parecidos: citas en cafeterías, promesas de identificaciones fallidas, ilusiones.
Algunos piensan distinto. Personas como Silvia Ortiz, la líder de Grupo Vida, una de las organizaciones de víctimas en Coahuila, respaldan a esta empresa. Ella trabajó de cerca con Central ADN y con García Sosa porque los considera un buen laboratorio, capaz de identificar el tipo de restos que recuperan en su estado: trozados, quemados, degradados, del tamaño de una uña.
—La capacidad del laboratorio de Coahuila para identificar los restos era bastante nula. La Policía Federal, la más equipada, no sólo tenía restos del estado, sino de todo el país y tenía saturación. Por eso se decide contratar a este laboratorio —dice la mamá de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida en 2004, a los quince años.
Algo similar opina Lucy Díaz, líder del Colectivo Solecito, en Veracruz, aunque desconoce el entramado que une a Central ADN. Ahí, según la prensa local, Mariana García Sosa y su laboratorio tomaron muestras genéticas gratuitas a familiares de personas desaparecidas y donaron otras tantas a la Fiscalía de Jorge Winkler —hoy prófugo de la justicia—. En el predio Colinas de Santa Fe se habían descubierto 156 fosas clandestinas y la morgue estaba rebasada con restos sin identificar.
—En ese tiempo Mariana [García Sosa] estaba tratando de ganarse un mercado ahí. Yo no lo veía mal porque, evidentemente, la identificación también va a tener que salir de cosas privadas.
Algunos familiares consultados en Veracruz, donde no hubo contrato, aseguran que García Sosa les dijo que los perfiles genéticos los conseguía de la Comisión Nacional de Seguridad.
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Tres computadoras Lenovo Thinkcentre S4000Z entran al Laboratorio de Biología Molecular de Servicios Periciales de la entonces PGR, el más importante del país en materia de identificación genética. Es sábado 16 de octubre de 2016, un día no laboral. Al interior de Río Consulado 715-721, de la Ciudad de México, hay movimiento. Entran estos equipos de escritorio por la firma de un convenio entre una empresa privada y una funcionaria pública: Central ADN, representada por el veterinario Diego Ulibarri Gómez, y Martha Acela Valdez González, directora del Laboratorio de Biología Molecular. En el documento no hay firmas de testigos ni del Coordinador de Servicios Periciales.
El acuerdo 15/10/2016-15/5/2017 dice que todo será gratuito: nadie pagará por nada, que las computadoras se usarán para una demostración de AlteaDB, que la prueba durará siete meses, periodo en el que las Lenovo estarán conectadas desde el laboratorio de la PGR a una red privada —que controla la empresa— y que cuando la muestra termine las máquinas no serán devueltas. Junto a las computadoras ingresa el personal de la empresa privada pero no se mencionan sus nombres.
¿Por qué ingresar computadoras al lugar donde se resguarda la mayor y más importante base de datos del Estado mexicano, con información confidencial? ¿Por qué hacer una prueba con un software privado si ya se contaba con el CODIS del FBI, uno de los más reconocidos a nivel mundial?
Las Lenovo se instalaron en el laboratorio de genética más importante del país que gobernaba entonces Peña Nieto. El secretario de Gobernación era Miguel Ángel Osorio Chong; el subsecretario de Derechos Humanos era Roberto Campa Cifrián; la titular de la PGR era Arely Gómez; mientras que en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estaba Renato Sales Heredia. Y, finalmente, un nombre importante: Roberto Cabrera Alfaro, coordinador de Estrategias del Sistema de Seguridad Pública, quien sería el primer titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) entre marzo de 2018 y enero de 2019.
Llamamos a la exfuncionaria Valdez González para consultarla sobre este acuerdo firmado por ella.
—No, no, no. No tengo nada qué decir. Eso causó muchos problemas y realmente no funcionó —dice por teléfono.
Escueta, apurada, responde a una llamada para esta investigación. Es una bióloga con más de veinte años de experiencia en temas forenses; ha sido perita y funcionaria de la procuraduría, una mujer interesada en bases de datos, como lo habló extensamente en su propuesta y comparecencia como aspirante a dirigir la CNB en 2018. El acuerdo con Central ADN se hizo justo en un momento de ajetreo en la PGR y cambios en el área en Servicios Periciales, con Jorge Alberto Zúñiga Malvárez como interino, después de la renuncia de Sara Mónica Medina Alegría, cuestionada por validar la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Después de Zúñiga, quedó a cargo Anselmo Apodaca, desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2019.
Mariana García Sosa, la accionista del laboratorio que peregrina por el país y promete a familiares acceso a las bases de datos del Estado mexicano que deberían ser secretas, accedió a responder una entrevista. Primero, por correo; después prefirió hablar por teléfono.
—A lo mejor no les va a sumar mucho hablar conmigo porque hay cosas que, por confidencialidad, no voy a poder decir —responde la mujer de cuarenta y pocos años—. Tengo al gobierno encima de mí. Está corriendo un proceso legal.
—¿A quién tienes encima de ti?
—Digamos que el gobierno está viendo qué hago con todo este tema.
Quien autorizó la entrada de estas computadoras, según García Sosa, fue Zúñiga Malvárez, y confirma:
—Lo que hicimos fue un ejerciciocon algunos perfiles donde les pusimos las computadoras. Se les capacitó para que ellos hicieran las búsquedas, no nosotros, sino que ellos operaran todo, por seguridad.
Al preguntar por el destino de las Lenovo, la FGR nos dice que siguen instaladas ahí. La respuesta confirma lo que sabe García Sosa:
—Las Lenovo y las computadoras que se usaron en esa “demo” jamás salieron de la Fiscalía, siempre se quedaron ahí.
Y la información quedó en una nube. ¿Quiénes han tenido acceso a ella? Al respecto, no hay certezas, pero sí un juicio en curso.
Roberto Cabrera Alfaro, el primer comisionado de búsqueda, está vinculado a proceso y acusado de ejercicio indebido de la función pública —violación al artículo 214 del Código Penal Federal—, un cargo que podría significar una condena de doce años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por presuntamente haber entregado a un particular (Central ADN, S.A. de C.V.), sin convenio ni pago, la copia de una base de datos genéticos que tuvo en su poder mientras dirigía la CNB en 2018. De acuerdo con diferentes fuentes oficiales, los datos ahí filtrados serían del banco genético de la FGR.
Documentos consultados en el Consejo de la Judicatura Federal muestran que la causa judicial lleva al menos un año en tribunales, aunque hasta ahora se había mantenido en secreto. Y quien cuida ese silencio es el abogado Javier Cruz Angulo, defensor de Cabrera Alfaro: “No hay entrevistas ni se otorgarán mayores datos”, respondió por mensaje de WhatsApp.
Cabrera Alfaro es un abogado de 48 años. Escaló en cargos públicos en áreas de seguridad y análisis de datos desde 2002, siempre bajo el mando de Renato Sales Heredia. En su puesto de alto funcionario en la CNS se ocupó de temas como personas desaparecidas, búsqueda y contacto con familiares de víctimas. Desde 2013 fue enlace con la Embajada de Estados Unidos en México y las agencias estadounidenses del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la Agencia antidrogas (DEA), así como el FBI, quien le entregó un reconocimiento por su cooperación cuando estuvo a cargo de la Coordinación Nacional Antisecuestros.
En enero de 2019, antes de dejar su puesto, Cabrera Alfaro informó que la CNB tenía una base de datos con cincuenta mil perfiles genéticos, pero la nueva administración denuncia que no la recibió en el traspaso de funciones. Además, la CNB no tiene entre sus atribuciones tener un banco genético. ¿De dónde salieron esos datos? En palabras de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, el caso es grave “porque se trata de un bien público que tiene reservas de ley en el manejo de los datos personales”, dice en entrevista. Al respecto, la actual comisionada Karla Quintana responde por teléfono para esta investigación, dispuesta a hablar pero con reserva: “Me interesa la investigación periodística que están haciendo, pero no puedo dar detalles porque la investigación ministerial está en proceso. Ojalá su investigación pueda aportar elementos”.
A diciembre de 2021, la FGR sólo investiga al excomisionado Cabrera Alfaro. Ni a otros funcionarios ni a la empresa Central ADN. A nadie más.
Desaparecen las personas, los nombres en las morgues y hasta las bases de datos con su información. Desaparecer en México es un verbo infinito.
En México las desapariciones siguen siendo generalizadas y la impunidad es casi absoluta, concluyó la primera visita internacional de la ONU en materia de desaparición forzada. Pese a todo, las familias siguen buscando. Así lo hizo la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizada en Morelos en noviembre de 2021.
VENDER
—Yo tengo una base de perfiles genéticos de cadáveres ya identificados y se la puedo vender porque necesito recuperar lo que gasté.
Quien habla y ofrece su producto es Mariana García Sosa, según el relato de una fuente anónima que lo sabe de primera mano. Ocurre un día de octubre de 2018: falta poco para que López Obrador asuma la Presidencia y Encinas recibe a familiares de personas desaparecidas. Dice el funcionario:
—Sostuvimos una reunión durante la transición. Llegó esta persona [García Sosa]. Me hizo el ofrecimiento de una base de datos genéticos, que se me hace una situación sumamente irregular, porque implica tener consentimiento de las personas que forman parte de esa base de datos y, por supuesto, que un documento o un archivo de esa naturaleza no puede comercializarse —confirma Encinas.
Revira la socia de Central ADN:
— No, no [fui a] ofrecérsela, jamás se la ofrecí.
—¿Cómo fue entonces?
—Le avisé lo que se había logrado juntar a través del primer comisionado [Cabrera Alfaro], porque yo me enteré de que el primer comisionado no estaba avisando de lo que tenía. Entonces, en una reunión que me invitan los familiares de desaparecidos, yo le expongo a Alejandro Encinas lo que tengo, con la finalidad de entregarlo.
Lo que ella plantea como casi un regalo, para identificar a los desaparecidos de México, otras fuentes —confidenciales por seguridad— lo recuerdan como una oferta de venta. Y hubo más de una. También se reunió con Karla Quintana cuando ya era comisionada Nacional de Búsqueda, pero ella dice que no aceptó quedarse con la información. Y aun antes, en 2017, su laboratorio le había lanzado otra oferta a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos entre 2015 y 2018.
—A mí me llamaba la atención que muchas de estas bases de datos eran oficiales. En ese momento, mi pregunta era ¿cómo podía un ente privado acceder a esa información? Y entonces, simplemente, no le di importancia y no tuve más comunicación —dice Campa Cifrián en entrevista.
Encinas desconocía el convenio entre Central ADN y la PGR pero anticipa que debe revisarse.
—Haber accedido a la base de datos CODIS incluso puede vulnerar lo que era el convenio de colaboración con el gobierno de Estados Unidos y la Iniciativa Mérida.
Una base de datos genéticos es más que números. Son personas que buscan: muestras de sangre y saliva de madres, hermanos, esposas, hijos. Son perfiles genéticos: la información que guarda un hueso o un diente en cada una de sus células. La esperanza de la permanencia, de no olvidar, de encontrar.
Y más valen la saliva, la sangre, los huesos, entre tanto que se ha perdido, en un país con morgues saturadas sin aire acondicionado y cuerpos en el piso; con miles de fosas, campos de exterminio y camiones cargados de restos donde a las familias les entregan pedazos de cuerpos en bolsas negras de basura, cadáveres equivocados o cenizas sin la certeza de que sean las del ser querido. La situación es tan severa que la ONU eligió a México como destino de la primera visita internacional en materia de desaparición forzada en noviembre de 2021. En las conclusiones sostienen que las desapariciones siguen siendo generalizadas y la impunidad es casi absoluta.
En este caos forense, el país junto con organismos internacionales alistan un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Es decir, un camino de posibles soluciones que incluye la contratación —o no— de empresas privadas.
Y mientras, en el negocio de la muerte, los laboratorios privados sacan cuentas: hay cerca de cien mil personas desaparecidas y para cada identificación se requieren tres pruebas genéticas. En costos actuales, estamos hablando de 40 y 50 dólares por cada muestra de referencia y entre 400 y 500 dólares por analizar cada resto. El botín es gigantesco: multiplicar cien mil desaparecidos por tres pruebas, en cada caso, arroja una cifra tan alta que las calculadoras marcan error si se cuenta en pesos. En dólares son cerca de sesenta millones.
Suena el teléfono de Mónica, la mujer que busca a su hijo y esposo desaparecidos en Jalisco. Es un mensaje que repite el mismo libreto: “Nuestro laboratorio se llama Genolife. Le busco con la intención de que puedan apoyarme, busco poder vincular con los grupos adecuados para poder ofrecerles nuestro laboratorio para pruebas genéticas, perfiles de ADN, procesamiento de datos genéticos”.
Otros laboratorios privados aparecen en el limbo forense sin regulaciones, sin auditorías, sin leyes.
—Están en la cacería de poder hacer su negocio —resume Mónica.
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Edición: Francisco Sandoval y Guillermo Sánchez Cervantes.
Fotografía y video de Miguel Tovar Fierro, con la colaboración de Luis Brito.