“Nos importa muchísimo que la gente no se muera de coronavirus pero no nos importan las otras enfermedades respiratorias”.
En medio de una pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un acuerdo impulsado por la Secretaría de Energía (Sener) en el que permite a Pemex vender combustóleo y favorecer los combustibles fósiles frente a otras energías renovables a las cuales se les restringió la creación de nuevas plantas de producción.
Más allá de la afectación a las energías renovables, el acuerdo publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), compromete todas las acciones en favor del cambio climático y le da prioridad a combustibles que son dañinos para el medio ambiente. Y es que, la nueva ley permite que las empresas mexicanas utilicen combustóleo que según normas internacionales no se debería de usar para nada. Es decir, por cada barril de petróleo, Pemex genera hasta 40% de subproducto y ese remanente, de acuerdo con un acuerdo internacional de diciembre del 2019, no se debe usar para absolutamente nada. Es ahí donde el gobierno federal vio una ventana de oportunidad y cambió su legislación para poder utilizar ese combustible altamente sucio. Dicho acuerdo ahora permite que Pemex le venda combustible sucio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“El acuerdo faculta a la CFE a comprar combustóleo y a vender energía dándole rentabilidad a algo que no tenía. No sé si esa responsabilidad les alcance para tanto, pero sí les genera un ingreso en algo que era solamente un costo, y esa es la parte más dramática”, explicó Pablo Montaño, especialista en medioambiente y desarrollo sustentable.
La decisión del presidente López Obrador es un retroceso hacia una política más amigable con el medioambiente y no permitirá que se cumpla el Acuerdo de París ni la Agenda 2030 donde se comprometieron a reducir las emisiones a un 30%. Además, de acuerdo con Montaño, implica que prevalezca el uso de estas energías “sucias”, contaminantes y continuará la afectación a las enfermedades respiratorias incluso después del coronavirus.
“Es muy difícil hablar de buenas prácticas que pueda adoptar el país cuando la política federal es fortalecer a Pemex. Tenemos un plan de nación enfocado en darle recursos y “desarrollo” al país a partir de combustibles fósiles”.
Enrique Alfaro, ¿y la agenda verde?
A raíz del anuncio del presidente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se posicionó en contra y presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Estas medidas constituyen un claro retroceso para el país desde el punto de vista climático, energético y de salud pública con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales. (…) Mediante esta controversia (constitucional) se busca invalidar esta nueva política de confiabilidad del gobierno federal toda vez que afecta a atribuciones conferidas a las entidades federativas”, criticó el gobernador en un video en sus redes sociales.
Y así, desde que se hizo público el acuerdo de la Sener, Alfaro ha criticado las decisiones del presidente como lo ha hecho desde que inició su administración. Según el gobernador, con la nueva política incrementaría un 27% la emisión anual de gases de efecto invernadero; se emitirían 714 mil toneladas más de CO2 al mes con un total de ocho millones 568 mil toneladas de dióxido de carbono al año.
Sin embargo, pareciera que el anuncio de Alfaro es también parte de alguna estrategia política. “En mayor medida Alfaro responde a una cuestión política que una cuestión ambiental”, criticó Montaño quien también es investigador de cambio climático en el CIESAS.
Además, el gobernador no se ha caracterizado por gobernar Jalisco con buenas prácticas medioambientales. De acuerdo con expertos, hace falta mucho trabajo y voluntad política para atender los problemas ambientales y ecológicos que afectan al estado.
Una de las principales deudas es el saneamiento del Río Santiago que ya ha afectado a los pobladores a su alrededor principalmente en el municipio de Poncitlán. Y aunque Alfaro inició su administración con la promesa de combatir la contaminación en el río, hasta el momento no ha logrado controlar a las industrias alrededor y las ni plantas tratadoras de agua que prometió el funcionario no han generado cambios. “En vez de buscar alterar el ecosistema industrial que está contaminando buscan únicamente hacer parches”. Según Montaño hay buena disposición en algunos funcionarios, pero la problemática no se ha reconocido como tal para poder atenderla adecuadamente.
Otro tema pendiente es la deforestación que incrementa cada año y que se le adjudica principalmente a la siembra de aguacate, agave y berries. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Guadalajara (UdeG), hay al menos 15 municipios al sur de Jalisco con graves afectaciones por deforestación y cambio de uso de suelo. El aumento en la agricultura de riego que a su vez provoca disminución de áreas forestales están acelerando el proceso de cambio climático, según explicó Fátima Housni Ezzahara, investigadora de dicha universidad.
Como parte de su posicionamiento en contra, Alfaro también anunció un impuesto verde que lo deberán cubrir “todas las unidades económicas, empresas o personas físicas que produzcan emisiones de carbono u otros gases a la atmósfera”. Con dicho dinero recaudado, el gobierno podrá respaldar políticas de adptación al cambio climático y proteger la salud y el ambiente. La contribución iniciará en el 2021.
Sin embargo, aún no se han hecho públicos los lineamientos de esa propuesta ni hay más información sobre cómo operaría el impuesto. Aún así, esa no sería la solución a las afectaciones al medioambiente que se generan en Jalisco y que no solo tienen que ver con emisiones de gases. “Si (el impuesto) es de poco alcance lo que haces es dar una salida a la corrupción. Semánticamente es horrible: si contamino lo pago y ya está”, criticó Montaño.
La verdadera solución no está en tener más dinero sino en aprender a consumir menos, a no depender de combustibles, a cambiar la forma de vida para garantizar la mitigación de los efectos del cambio climático.
¿Y entonces?
La decisión con mayor alcance es sin duda la que tome el presidente de México, de ahí pasa la decisión a cada gobernador; pero de acuerdo con Montaño, las personas, cada uno también puede generar cambios.
Primero falta aún la reflexión sobre cómo gastar menos y cómo modificar la vida para mejorar las condiciones del planeta. Por ejemplo, no se trata solo de usar energías renovables en lugar de combustibles sino de plantearse la posibilidad de usar menos el auto y de generar menos energía.
Además, falta más descontento social y que se involucre la sociedad para que entienda las decisiones que toman los gobiernos y exija mejores condiciones de vida. “Falta la movilización social, nos falta un nivel de crítica y exigencia que no está en ningún lado”.
De no hacerlo, el planeta se dirige a niveles de contaminación y emisiones de gases a la atmósfera que solo se han visto cuando no existían los humanos en la Tierra.
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