Una de cada cinco cámaras del C5 registran fallas

¿De que sirve el C5?

Casi la quinta parte de las 6 mil 340 cámaras del Escudo Urbano C5 registraron fallas durante 2020. Según datos obtenidos vía transparencia, en total hubo 16 mil 679 ocasiones en que las cámaras del Organismo Público Descentralizado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Jalisco no funcionaron; en comparación con 2019 (7 mil 151) fue más del doble.

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo fue creado en el mes de junio de 2018 pero no se utilizó hasta 2019. Además, el presupuesto para el OPD casi se duplicó para 2021 con 420.5 millones de pesos, cuando en 2020 tuvo 265.5 millones y en 2019 tuvo 270 millones.

Este tipo de fallas se puede deber a que los sistemas de inteligencia son fácilmente controlados o capturados por la delincuencia, afirmó el Jefe del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y ex consejero de la Judicatura de Jalisco, Alfonso Partida Caballero. “Me temo que estas descomposturas y desconexiones son situaciones pactadas o a modo (…) Son descomposturas selectivas”.

Destacó como una muestra, la balacera del 8 de febrero afuera de un restaurante cercano a la Plaza Comercial de Andares, donde personas armadas asesinaron y se llevaron en una camioneta a una persona por varios kilómetros; pero los videos del sistema C5 se mostraron tres días después sin que se diera un seguimiento en tiempo real. Las cámaras no sirvieron para identificar al agredido y no se ha detenido a ninguna persona.

“Si se hace seguimiento de un delito y se monitorea algunas cuadras y otras no, por si tenemos cámaras sin funcionar ¿de qué sirve? O lo tenemos completo o no tenemos nada”, añadió Partida Caballero.

A esto se le suma que desde octubre de 2020 se han vandalizado decenas de postes y cámaras del Escudo Urbano a los cuales se les ha prendido fuego con solventes que las deja inservibles. En los primeros días de los daños, se incendiaron 13 postes; en enero de 2021 fueron 33 postes, y en marzo fueron 40. En ningún caso hubo detenidos.

El investigador del CUCSH recordó que cuando se solicita grabaciones para investigar un delito, en la mayoría de los casos, el acceso puede tardar un mes para verificar que la cámara estaba en funcionamiento y hacer una revisión previa de la grabación. “Esos son los contubernios y la selectividad”. Añadió que el C5 ha servido en realidad para “hacer negocios” con las compras de las cámaras en detrimento de que las cámaras sean un instrumento de combate al crimen.

 

¿Para qué ha servido el Escudo Urbano C5?

El Gobierno de Jalisco reportó que el C5 ha funcionado principalmente para la recuperación y seguimiento de vehículos robados pues se recuperaron mil 37 autos en 2019 y se pudo hacer la detención de 162 personas. Para 2020, entre enero y septiembre, se recuperaron 2 mil 290 vehículos con reporte de robo o vinculados a algún ilícito y se detuvo a 490 personas.

Pero el sistema también está creado para hacer seguimiento a lesiones con arma de fuego u homicidios (los seguimientos más frecuentes), secuestros, accidentes viales, robos, localización de restos humanos, enfrentamientos, robo de vehículos y hasta detección de plantíos de mariguana.

Datos concedidos por el C5 indican que la Fiscalía del Estado y las comisarías municipales han solicitado en 12 mil 884 ocasiones acceso a las cámaras de videovigilancia que han servido para acreditar 249 delitos, de los cuales 152 han sido robos y ocho homicidios, y los demás son daño en las cosas, falsificación de sellos y delitos contra la autoridad.

Según el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, el Escudo Urbano tiene el fin de apoyar en el combate a la delincuencia a través de las 6 mil 400 cámaras que lo componen y que lo posicionan como el tercero de mayores dimensiones a nivel nacional. Los objetivos que busca están basados en indicadores de evaluación que aún están lejos de cumplirse:

Objetivos

  • Disminuir la incidencia delictiva con base en la erradicación de la impunidad.
  • Contribuir a la disminución de las violencias y el delito.
  • Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con un modelo de procuración de justicia cercano a la ciudadanía con el cual se propicie la cultura de la denuncia.

 

Las incidencias de delitos federales y del fuero común van a la baja desde 2020, sin embargo, Partida Caballero apuntó que esas cifras deben considerar los delitos que no se denuncian ya que en Jalisco se registran ante las autoridades solo el 6% de los delitos que se cometen. “Lo que baja es la confianza en las instituciones. Cómo tendrán confianza las personas en una Fiscalía que el propio gobernador dice que está penetrada por el crimen”.

Según datos del gobierno en el sistema Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), 67.3% de las personas en la entidad perciben que los ministerios públicos y procuradurías son corruptas y va en crecimiento (en 2019 se registró un 61.4%).

El investigador de la UdeG expuso que en la Ciudad de México o Monterrey, Nuevo León, la eficiencia y coordinación es mejor ya que se hace un seguimiento en tiempo real del incidente delincuencial y se comunica de inmediato con elementos de seguridad cercanos en la zona y con ello han bajado los índices delictivos; en contraste con Jalisco, donde la sospecha de contubernios entre servidores públicos y delincuentes expone que la inversión no ha funcionado.

El documento también mostró desde su publicación las debilidades y amenazas del sistema, entre las cuales destacan:

 

  • Falta de personal con déficit de 60 personas.
  • Infraestructura tecnológica inadecuada y obsoleta.
  • Falta de herramientas de trabajo.
  • Falta capacitación especializada.
  • Personal con nombramiento diferente a las funciones que realiza.
  • Falta de comunicación y coordinación entre las áreas.
  • Vandalismo de la infraestructura de video vigilancia y telecomunicaciones.
  • Infraestructura con fallas de funcionamiento que provoca intermitencia en la videovigilancia.
  • Apatía política para coordinar los esfuerzos interinstitucionales.

El origen del C5

El sistema de vigilancia C5 es una evolución de otras cámaras instaladas anteriormente de tecnología más rudimentarias. En abril de 2016, cuando era gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, se anunció la inversión de 895.8 millones de pesos para modernizar el sistema de videovigilancia. Este dinero se obtuvo de un crédito por 3 mil 800 millones que se validó al entonces gobernador.

El académico de la UdeG Partida Caballero recordó que cuando Sandoval Díaz llegó a la gubernatura apenas se tenía un C3 que, a diferencia del C5, no tenía control de placas de vehículos ni reconocimiento de rostros de manera contundente.

La instalación del sistema estuvo a cargo de la empresa CIS International Limited, originaria de Chipre, que recibió una multa por no cumplir con el calendario de contrato y que en febrero de 2019 la Contraloría del Estado expuso que tuvo “nula vigilancia” del Gobierno en turno para que se cumpliera el contrato.

Además con el cambio de administración se cambió personal que ya estaba capacitado y conocían el sistema, dijo el investigador. Y agregó que se ha limitado a revisar incidentes como robos o choques de vehículos y no ha difundido resolución de casos como secuestros o asesinatos de funcionarios públicos.  

 


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Saúl Justino Prieto Mendoza

Saúl Justino Prieto Mendoza

Es periodista de formación. Ha participado y colaborado en Radio Universidad de Guadalajara, proyectos web informativos como Tiempos de Enfoque, Vario Bros y Artículo Siete.
Durante su estancia en el periódico El Informador participó en coberturas para redes sociales, web y el diario impreso; posteriormente ingresó al área de periodismo de investigación donde desarrolló trabajos de profundidad sobre temas políticos, sociales y culturales.
Recientemente ha trabajado en áreas de divulgación de las Ciencias Sociales mediante la creación de contenidos multimedia para web y redes sociales.
Tiene casi 10 años de carrera donde ha indagado distintos aspectos de la divulgación e investigación periodística.