Una Fiscalía que sirva a las personas, no al poder

¿A quién le pertenece la (procuración de) justicia?

En una de las declaraciones que hizo por twitter, tras el operativo que policías ministeriales montaron el viernes 5 de junio para evitar la participación de manifestantes, y en el que al menos 50 personas fueron detenidas de forma ilegal, y 20 personas desaparecidas con actos de tortura realizados por agentes de esa dependencia, según lo dio a conocer el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad),  Enrique Alfaro admitió que un grupo de personas desacató sus instrucciones y actuó de manera irresponsable y brutal: “con esas acciones se violentó mi instrucción de no cometer excesos y actuar siempre respetando los derechos humanos”, mencionó y prometió castigar a los responsables.

 

Sin embargo, al día siguiente, el sábado 6 de junio, el gobernador se contradijo en un video donde se “disculpa” por lo acontecido en la Fiscalía, se desmarca de sus propios tuits, y menciona que él no tiene injerencia en la dependencia estatal: “A ellos (detenidos), a sus familias y al pueblo de Jalisco ofrezco esta disculpa sentida y sincera. Lo hago, aunque los policías ministeriales tienen autonomía y no dependen de las órdenes del gobernador”. 

La contradicción no es casual, la promesa de campaña de Enrique Alfaro fue la de concretar una Fiscalía autónoma que garantizara la independencia entre los ministerios públicos y las policías. Lo que aseguraría la continuidad a las reformas del Sistema Estatal de Anticorrupción (SEA), que su antecesor, Aristóteles Sandoval (PRI), no había logrado concretar. 

Sin embargo en julio 2018, el Comité de Participación Social (CPS), un órgano encargado de vigilar el funcionamiento del SEA en el estado, proponer políticas, metodologías e indicadores de evaluación, y arropado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y la iniciativa privada, presentó al gobernador electo la propuesta #FiscalíaQueSirvaJalisco, que condensa en 23 puntos lo que desde su diagnóstico se necesita para tener un buen funcionamiento de la Fiscalía: autonomía e independencia, protección de los derechos humanos, y servicio profesional de carrera, entre otros puntos. 

Aunque una de las propuestas planteaba la necesidad de que la lista de candidatos a la Fiscalía no viniera del Gobierno sino de la ciudadanía organizada, Enrique Alfaro, y los propios integrantes del CPS, acordaron que el gobernador presentara una terna y ellos se encargaran de evaluarla. El gobernador aceptó públicamente cumplir con 22 de los 23 puntos mínimos, dejando fuera el compromiso de consolidar la autonomía de la Fiscalía del Poder Ejecutivo, argumentando la necesidad de mantener el control de la institución para cumplir con los otros 22 puntos.

En este contexto se eligió sin ningún contrapeso a Octavio Solís Gómez, de una terna en donde estaba Salvador González de los Santos y Rodrigo Lazo Corvera. Solís Gómez como se ha documentado en distintos medios, fue procurador estatal entre 2001 y 2005. Durante su gestión se emitió un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la represión a manifestantes el 28 de mayo de 2004, durante una protesta en una cumbre de jefes de Estado en Guadalajara. En 2005, Solís fue nombrado secretario de Gobierno de Jalisco y un año después gobernador interino, tras el nombramiento Francisco Ramírez Acuña (PAN) como secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón. 

En su plan de trabajo que presentó durante el proceso de entrevistas y evaluación gestionado por CPS, aseguró que la procuración y administración de justicia no son ajenas la corrupción, lo que es un problema de difícil solución al ser un fenómeno de doble vía que requiere de una estrategia de contención a través de la supervisión del personal, la mejora de los controles administrativos, fomentar la denuncia ciudadana, fortalecer los órganos de control interno, diseñar mejores procesos de reclutamiento, selección y permanencia del personal y en general a través de los mandos medios y superiores promover la cultura de la honestidad con actitudes ejemplares y de probidad reconocida. En otro punto menciona la infiltración de miembros de la delincuencia organizada, como un poder que corrompe con facilidad las estructuras institucionales en materia de seguridad y justicia; “es un fenómeno global vinculado a operaciones con recursos de procedencia ilícita, que busca redes de protección al amparo de diversas autoridades”. 

Esto contextualiza las declaraciones durante la crisis que desató la muerte de Giovanni López a pesar del diagnóstico previo, de las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil y de la decisión de no separar el poder político de la impartición de justicia, el gobernador aprovechó la coyuntura para sugerir la posibilidad de la infiltración del crimen organizado. No solo eso, dio la orden de liberar a los detenidos durante las protestas por la muerte de Giovanni, lo que vuelve a cuestionar el nivel de control e independencia de la Fiscalía, frente al Ejecutivo.

Uno de los grandes problemas del funcionamiento de la Fiscalía se encuentra en su diseño institucional, pues al depender del Poder Ejecutivo siempre está en peligro de servir a los intereses del gobernador en turno, en cambio su independencia/autonomía no solo contribuye a reducir la influencia política sobre las investigaciones penales, sino representa un fortalecimiento del Estado de derecho, y un beneficio a las luchas feministas en contra de la violencia de género, el combate a la corrupción, la búsqueda de justicia para las y los desaparecidos, la búsqueda del respeto a la dignidad humana y los Derechos Humanos.

Para entender la relevancia de la Fiscalía, entre sus funciones se encuentra la administración del Ministerio Público, de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, de mantener el orden y la paz pública, de la conducción y mando de las policías, del ejercicio de la acción penal y la acción de reparación del daño ante los tribunales, la aplicación de sanciones por las infracciones en materia de vialidad, así como del sistema de reinserción social, protección civil y atención a víctimas.

Lo cierto es que desde hace algunos años el sistema de procuración de justicia en Jalisco está en crisis. La Organización Impunidad Cero en su Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019, ofrece algunos datos sobre el desempeño de la Fiscalía de Jalisco. Por ejemplo, Jalisco es una de las entidades con menor efectividad en resolución de asuntos penales llegan a ser de conocimiento del Ministerio Público, es de 7.8%, la carga de trabajo para el ministerio público es enorme, en promedio se reciben más de 310 carpetas de investigación al año, situándose entre los estados que tienen más carga de trabajo. Los últimos 4 años en Jalisco se han realizado 300 reformas a las leyes, que implican un incremento en el trabajo de los Ministerios Públicos sin que se aumente el personal para realizarlo. La cantidad de delitos que no se denuncian es de un 92.7% (la cifra negra).

Jalisco es el antepenúltimo lugar en esclarecimiento de crímenes junto con Quintana Roo y Chiapas, con un 0.6%, solo por encima de Guerrero, que tiene el 0.2 %, y Tamaulipas el 0.4 %. Jalisco tiene apenas 4.4 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, lo que lo pone en el penúltimo puesto a nivel nacional, y ocupa el lugar 19 en presupuesto per cápita para procuración de justicia. 

Los ministerios públicos por todo el país no cuentan con los recursos ni el personal suficiente para realizar su trabajo de manera efectiva. Muchos fiscales, policías y peritos carecen de la capacitación y protocolos necesarios para priorizar casos, colectar y manejar evidencia, o brindar atención adecuada a las víctimas. En la mayoría de los casos, se ha hecho poco para abordar las ineficiencias estructurales y burocráticas que han permitido que florezca la impunidad y la desconfianza pública en el sistema de justicia penal.

De acuerdo con Jesús Ibarra, integrante del CPS, el problema sigue siendo el mismo: la Fiscalía y la policía sirven al poder -a los poderes- no a la ciudadanía. De ahí que pueda pasar un mes desde la muerte de Giovanni y no exista ningún detenido ni avance la investigación. Eso puede suceder cuando se actúa de acuerdo con intereses de facción y no con las necesidades de justicia de las personas. Por eso, de acuerdo con Ibarra, la procuración de justicia no puede servir a los intereses del gobernador en turno a través del monopolio del ejercicio de la acción penal y la persecución criminal inquisitoria. 

Las recomendaciones entregadas por el colectivo #Fiscalíaquesirva en 2018, cuando Alfaro era gobernador electo, no han sido tomadas en cuenta, y de acuerdo con Jesús Ibarra están directamente vinculadas con lo que ha sucedido los últimos días, como evitar el pase automático del personal jurídico y administrativo de la anterior Fiscalía a la actual; la implementación de un modelo de “células de legalidad” con reingeniería de procesos e integradas por el nuevo personal egresado de la carrera ministerial; un Plan de Persecución Penal público con asignación de recursos de acuerdo a objetivos; fortalecimiento de capacidades de investigación mediante tecnología e inteligencia de datos; la creación de un Consejo Técnico Ciudadano con funciones de vigilancia, certificación, evaluación y seguimiento del Plan de Persecución Penal, que aunque se ya se ha creado, no cumple completamente con sus funciones. 

Para Ibarra, si no se garantiza la independencia interna de policías y ministerios públicos para que respondan exclusivamente a las razones del derecho y no de sus superiores, se reproducirá el fracaso de lo que ha sucedido las últimas semanas. La Fiscalía requiere funcionarios que piensen y decidan en torno a los casos, no a los intereses de sus superiores. En este caso, gran parte de los abusos sucedieron en manos de la policía ministerial, a través de detenciones arbitrarias, tortura y violaciones al debido proceso. 

De ahí la importancia de tener una Fiscalía con una estructura y lógica de funcionamiento que garantice la independencia interna y externa de sus funcionarios, su ingreso y promoción de acuerdo con el mérito y la capacidad, infraestructura y presupuesto de operación suficiente para desarrollar investigación científica y litigio en el sistema de justicia penal acusatorio.

Otro punto importante, según la organización Impunidad Cero, es que en el sistema de seguridad y justicia confluyen instituciones locales y federales, con una multiplicidad de actores y objetivos que lo vuelven más complejo. Sin dejar de considerar que la incidencia delictiva y la justicia penal se derivan de factores sociales, económicos e institucionales, y que existe un conjunto de organizaciones que van desde la prevención social de la violencia, hasta el sistema de reinserción y seguimiento de las personas sentenciadas. Por eso las fiscalías estatales son actores cruciales en el sistema de justicia, y su desempeño es la parte fundamental del combate a la impunidad.


En Territorio buscamos involucrar a nuestros lectores en el fortalecimiento del trabajo periodístico que realizamos. Por eso necesitamos de su apoyo para producir información con utilidad, permanencia, calidad y rentabilidad. Esta nota es posible gracias a tu contribución. Si quieres apoyar a Territorio, lo puedes hacer desde acá.

#TerritorioBienPúblico

Avatar

Luis Sánchez Barbosa

Periodista. Estudió derecho y política. Es fundador y director de Territorio.