Vivir junto al río Santiago en tiempos de pandemia

La vulnerabilidad de las personas por la contaminación de la tierra, el aire y el agua

Habitantes de la cuenca del río Santiago viven una doble pandemia: la contaminación del agua y la COVID-19. Las dos afectaciones, combinadas, resultan letales para poblaciones aledañas a este cuerpo de agua que han luchado por tener un medio ambiente sano y una vida saludable.

“Entre comillas se entiende que los ha rebasado (a las autoridades) este tema (la pandemia) pero también es que por la misma vulnerabilidad tendríamos que tener una atención prioritaria y se tendrían que combatir aún más los efectos de la contaminación en la salud los habitantes”, compartió Alan Carmona, integrante de la asociación civil Un Salto de Vida.

Durante los meses de cuarentena, los habitantes percibieron una disminución de olores fétidos en el municipio de El Salto donde la contaminación del río Santiago es más visible, y lo ligaron a la baja producción del corredor industrial señalado por ser el principal responsable de la toxicidad en la zona. 

Comúnmente, en el límite entre El Salto y Juanacatlán el río se transforma en una cascada espumosa maloliente que irrita la garganta, los ojos, y produce comezón en la piel, un olor a podredumbre a aguas negras.  

“Sin tener datos precisos de la calidad ambiental, sin que esto mejore las condiciones ecológicas en que se encuentra el río, notamos una completa relación en cuanto al nivel de productividad del corredor industrial y el menor impacto que se genera en el ambiente”.

En abril, el Instituto Mexicano para el Desarrollo A.C. (Imdec) alertó que en estas regiones aledañas al río Santiago el coronavirus sería más agresivo pues viven personas con enfermedades crónicas derivadas por la contaminación de la tierra, el aire y el agua.

Solicitaron al gobierno de Jalisco una atención especial para que las personas con insuficiencia renal y algún tipo de cáncer no tuvieran que exponerse a la COVID-19 al trasladarse a los hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pero no obtuvieron respuesta. 

“No se definió ningún programa especial y la gente enferma de estas regiones continuó exponiéndose”, lamentó María González Valencia, coordinadora de Imdec. 

Los municipios que han identificado bajo estas circunstancias son aquellos a cuyas comunidades han dado acompañamiento desde hace tiempo: Poncitlán, Ocotlán, El Salto, Juanacatlán, Chapala y Tlajomulco de Zúñiga, este último también por la contaminación de la Laguna de Cajititlán.

De acuerdo con datos de Radar Jalisco, al corte del 6 de julio, Tlajomulco se ubicó en la quinta posición en cuanto a contagios de COVID-19, con mil 018 personas enfermas; El Salto en el séptimo lugar con 416; Ocotlán en el décimo con 129; Poncitlán en el 17 con 55; Chapala en el 25 con 33 y Juanacatlán en la posición 29 con 26. 

“(Estos municipios) tienen altas tasas de personas que ya estaban enfermas por contaminación ambiental, que les dio el COVID y que hizo que su muerte se acelerara”, afirmó González Valencia.

De acuerdo con datos del Imdec, de 15 muertos por COVID-19 registrados en El Salto, al menos 11 padecían enfermedades crónicas derivadas de la polución como cáncer e insuficiencia renal. También se han registrado muertes en otros municipios de la cuenca como Ocotlán (10), Poncitlán (5), Juanacatlán (1) y Chapala (2).

El estudio COVID-19 en México, realizado por el Tecnológico de Monterrey, coincide y muestra que el promedio de tasa de letalidad en relación con esta enfermedad en El Salto es del 9%, en Ocotlán del 8%, en Tlajomulco del 12%, en Poncitlán del 4%, en Chapala del 2% y en Juanacatlán del 1%. 

Datos que contrastan con la tasa de letalidad de municipios más poblados como Guadalajara y Puerto Vallarta con el 10%, Tlaquepaque con 6% y Zapopan con el 3%. Es decir, casi todos estos municipios tienen una tasa de letalidad más alta que la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que es donde se concentran los casos. 

De acuerdo con información recabada por las secretarías federales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, el 78% de los decesos a causa de COVID-19 a nivel nacional se concentran en las zonas con mayor impacto ambiental, “dentro de un polígono que abarca del río Santiago, en Jalisco, hasta el río Coatzacoalcos, en Veracruz”. 

Para el doctor David Rizo, académico de Ingeniería Ambiental del ITESO, es difícil emitir una opinión respecto a la relación que exista en cuanto al impacto de COVID-19 en población expuesta a la contaminación, y más porque sigue habiendo poca información sobre este coronavirus, pero es evidente que una persona que viva en un ambiente insalubre puede sufrir alteraciones con su sistema inmunológico. 

“Están directamente conviviendo con estos problemas de contaminación de todo tipo, contaminación urbana, industrial, agrícola, entonces claro que pueden ser más susceptibles a todo tipo de cosas”. 

 

Omisiones y acciones a medias 

En enero de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación 1/2009 tras documentarse que el niño Miguel Ángel López Rocha, quien cayó un año antes al río Santiago murió a causa de la contaminación.

La también llamada ‘Macrorrecomendación’ estuvo dirigida a 14 ayuntamientos, al gobierno de Jalisco, a la Comisión Estatal del Agua y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), por la violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, entre otros. 

A poco más de 11 años de emitida la recomendación, ninguna de las autoridades ha cumplido al 100% los puntos que les fueron dirigidos. 

Para Fernando Zambrano Paredes, coordinador de seguimiento de recomendaciones de la CEDHJ, mientras no exista una coordinación de los tres niveles de gobierno para resarcir los daños, las acciones del estado y los municipios no van a servir. Además, al ser el corredor industrial el responsable de la contaminación del cuerpo de agua, es el gobierno federal el responsable de verificar que cumplan con las medidas de medio ambiente necesarias, principalmente en el tratamiento de sus aguas, pero ha quedado a deber. 

“Falta voluntad del gobierno federal en llevar acciones dentro del ámbito de su competencia para supervisar, verificar y en su caso sancionar a las empresas que son las que realmente están generando la mayor contaminación y toxicidad al afluente del río Santiago”.

Añadió que a raíz del ‘macrorrecorrido’ realizado en febrero de 2020 por autoridades, expertos, afectados, periodistas y personal de la propia CEDHJ, se está realizando una nueva investigación sobre el caso, aportando nuevas evidencias de violación a derechos humanos. 

“Estamos en la espera en estos días de que nos informen a cuatro meses que hicimos ese ‘macrorrecorrido’, y que evidenciamos en ese momento diversas acciones, esperamos que nos remitan acciones contundentes que nos permitan verificar que incidan de manera directa e indirecta en mejorar la calidad de vida de las personas que están asentadas en los márgenes del río Santiago”.

Ese mismo febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de la población afectada por la contaminación del río donde solicitó acciones para cuidar de su salud; sin embargo se desconocen las respuestas del gobierno de Jalisco. 

“Si las medidas de la CIDH se hubieran acatado justo esta situación no estuviera pasando y existiría una política específica que atendiera a las personas enfermas por contaminación ambiental y eso significa tener un inventario de todas las comunidades y pueblos de estas regiones”, mencionó la coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo A.C, María González Valencia.

Se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial una entrevista para conocer los avances al respecto, pero no se obtuvo respuesta. 

 


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Jonathan Bañuelos

Jonathan Bañuelos

Estudió periodismo en la Universidad de Guadalajara, y una especialidad en periodismo de arte y cultura en la Universidad Iberoamericana. Inició en 2011 como colaborador en Radio Universidad en Ocotlán, Periodismo Transversal y el Semanario Guía.
Ha sido reportero en La Jornada Jalisco, Más por Más GDL, y MURAL; así como redactor web para NTR Guadalajara .
Reportea temas sobre derechos humanos, organizaciones civiles, medio ambiente, migración y cultura.
Es conductor activo en el programa radiofónico Ciudad Olinka de Radio Universidad en Ocotlán.